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Investigación

Menores violentos: alguien tiene que perder

Enfoques

Una recorrida de LA NACION por institutos de menores de Buenos Aires muestra cómo la impotencia del Estado pone en riesgo a los menores bajo su tutela y también al resto de la sociedad

Por   | LA NACION

En el país hay fábricas de delincuentes.

Fábricas que confeccionan ejemplares cada vez más chicos y efectivos. Pequeños sujetos preñados de un odio lánguido. De polvos, pastillas, alcohol y vahos de pegamento. De abandonos, navajazos y tiros. Partícipes necesarios de sociedades paralelas conformadas en los suburbios más podridos, allí donde el progreso va a esconder los desechos y el fracaso.

O que alguien desmienta a Marta Pascual, jueza de menores de Lomas de Zamora y presidenta del Colegio de Magistrados de ese distrito: "En el sur del Gran Buenos Aires -le dijo a LA NACION- hay chicos de cinco, seis años que son usados como mulas para transportar y entregar drogas".

Que alguien la desmienta cuando agrega: "Los chicos se han transformado en el sustento de los adultos. El Estado está ausente. Se rompió el ordenador del trabajo y la educación. No funcionan los institutos de menores. La mayoría de los chicos que empiezan en los institutos asistenciales pasan a los penales y luego a las cárceles".

En todo caso, el intento de la subsecretaria de Minoridad bonaerense, Cristina Tavolaro, de contrarrestar semejante acusación no tranquiliza demasiado: "Es una conclusión fácil decir que porque los chicos que pasaron por institutos terminan en la cárcel fracasaron los institutos de menores. Los institutos de menores son la terapia intensiva de lo social".

Las cifras de la policía bonaerense son elocuentes como un hachazo: desde el 1º de enero de 2005 hasta el 31 de mayo pasado, fueron detenidos 26.639 menores en la provincia. De ellos, 222 fueron capturados por homicidio. Es decir: cada 56 horas fue aprehendido un menor acusado de matar a una persona.

Más temprano que tarde, muchos de estos chicos aprenden a usar las armas. Actúan rápido: estímulo, respuesta. "¡Pum, pum!", suelen decir. Y cuando lo dicen parecen programados con este pensamiento: "Alguien tiene que perder"; o acaso ésta es una norma oculta y rigurosa que rige sus existencias. Entonces pierden las víctimas de sus crímenes y también ellos: cuando los matan, los hieren, los detienen. Y esto último ocurre cada vez más: en 1997 entraron 1420 chicos con causas penales en los institutos de menores de la provincia; en 2005, fueron 3172. En ocho años, un incremento de más del 100 por ciento.

Pero si ese dato impacta, este otro no debería hacerlo menos: son muchos más, 12.000, los que ahora están en el sistema por problemas asistenciales -es decir, pobreza, mal trato familiar, abusos, abandono- asistidos en institutos, organizaciones no gubernamentales o clínicas privadas.

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Muchos de los institutos penales y asistenciales de la provincia de Buenos Aires parecen depósitos de menores, en lugar de especializados sitios de tratamiento de reinserción social. Eso observó LA NACION en una recorrida por los centros más conflictivos (en la provincia hay 25 centros penales y 33 asistenciales), en la que pudo comprobar que el estado de deterioro en que se encuentran los institutos es apenas una metáfora del abandono del Estado.

Documentos oficiales, denuncias de ex empleados, investigaciones judiciales y relatos del personal de algunos de esos centros hablan de suicidios, ingresos de drogas, deplorables condiciones edilicias, convivencia de chicos internados por causas sociales con chicos ingresados por causas penales, falta de medidas de seguridad, ausencia de cuidados. Etcétera. Un largo y escabroso etcétera.

Sólo en el distrito de Lomas de Zamora, seis jueces de menores -una de ellas es Pascual- deben atender 15.346 causas: 11.194 civiles y asistenciales y 4152 penales. Es decir, 2558 expedientes por magistrado, según estadísticas provisorias de 2005 aportadas por la Suprema Corte de Justicia provincial.

Detrás de esas 15.346 causas hay 15.346 historias. Historias de adolescentes que manejan bandas de secuestradores, drogas y armas. Historias de familias enteras dedicadas al delito: los Gómez, los Carlos, los del Puente. De intoxicados y tóxicos. De peleas por el dominio de los barrios. De casas de maleantes incendiadas por vecinos pobres pero honrados, hartos de los robos en esos territorios impenetrables donde hay poco para robar.

Historias de homicidios. La del pibe que tiene 15 y ya es el jefe de una banda de Lomas. Le imputan siete homicidios; entre ellos, el de un camionero que, al intentar defenderse, hirió a un cómplice del chico de 15. El chofer también estaba herido, en el piso. El pibe lo remató igual. Porque sí. Porque ese día el chofer tenía que perder.

-Esas son las reglas, doc -le diría luego a la jueza Pascual.

Las reglas del juego. En los juegos, alguien tiene que perder.

Como aquel otro chico, el que un día llegó al despacho de la magistrada en una silla de ruedas, parapléjico. Un balazo.

-Y, bueno, me tocó perder, le dijo.

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El chico que en esta historia se llamará Agustín tenía un sueño: reunirse con su padre, preso en la cárcel de Olmos. Así es: el chico quería cumplir los 18 y después cometer un robo a mano armada para que lo encerraran en ese presidio; su padre se iba a sentir orgulloso.

El año pasado, Agustín tenía 17 años y estaba en el instituto Carlos Pellegrini, una casona de dos pisos donde conviven, en un régimen abierto, 25 adolescentes de entre 14 y 18 años que tienen causas penales. La casona está en un predio enorme llamado Villa Nueva Esperanza, en Abasto, en las afueras de La Plata, donde hay otros tres institutos semiabiertos: el Gambier, el Centro de Orientación y Producción Agropecuaria (Copa) y el Legarra, y uno cerrado: el Castillito.

Roberto, celador del Pellegrini, contó la historia de Agustín: "El pibe era terrible drogadicto. Pero parecía rescatado. Cuando le traían drogas de afuera, lo denunciaba. Salió a fin de año. Ya era mayor. Se juntó con un menor y asaltó un quiosco en Los Hornos. Cayó en Olmos. Era la ilusión del pibe: estar con el padre, en Olmos".

Usó un tono tan natural: "Cuando le traían droga de afuera..." Será, pues, natural que lleven drogas de afuera a los institutos de menores. En el predio Villa Nueva Esperanza, un morocho grandote y sonriente, encargado de las requisas en el instituto, le dijo a LA NACION: "Acá no hay requisa".

En efecto, el 10 de mayo pasado en la comisaría 7a. de La Plata se "instruyeron actuaciones por hallazgo de estupefacientes", según se lee en un documento policial, en el instituto Copa, uno de los que está en el predio donde "no hay requisa".

Un día después, la policía allanó una casa en la calle 155, entre 69 y 70. El dato era que allí se vendían drogas a menores. Había un chico de 16 años comprando marihuana. Era de noche y el chico no debía estar ahí, sino en el Hogar Convivencial de Varones, un instituto asistencial que está en 155 entre 44 y 45. La práctica era fácil: salir, comprar, volver, fumar.

Este hogar también fue recorrido por LA NACION: en la puerta había un grupo de chicos y chicas fumando. No era del tabaco ese olor resinoso que impregnaba el aire. Estaban fumando otra cosa. Algunos deambulaban por el patio o permanecían sentados en algún lugar. Otro practicaba skate en lo que queda de un aula: una habitación ruinosa donde lo que antes fueron pizarrones hacen ahora de rampas.

Adentro, en el vestíbulo próximo a la dirección, había dibujos colgados de las paredes. Dibujos de tipos armados, con bolsas de dinero, de criaturas con cuernos y tridentes. Más atrás, en otro sector del predio, están las habitaciones: destruidas, con el aire espeso que huele a humedad, a sábanas rancias, a paredes con marcas de orines superpuestas.

Un empleado (pidió el anonimato para contar lo que sabe) que formalizó una denuncia con todas estas irregularidades puso detalle al relato: "Acá los pibes hacen lo que quieren. Se robaron hasta las chapas de los techos. Entran y salen. Van a bailar. Aparecen borrachos o drogados con marihuana, paco o con alcohol y pastillas".

La responsable de minoridad bonaerense ofreció esta explicación: "También hay droga en los colegios y en el boliche del centro. No porque un chico ingrese en un hogar cesan los problemas que tuvo en su comunidad".

La responsable de minoridad bonaerense, ¿ofreció una explicación?

Y a propósito de la falta de requisas, dijo Tavolaro: "En los ámbitos asistenciales no puede hacerse un control policial. Son ámbitos sociales, no penales". Flaca justificación, porque el predio Villa Nueva Esperanza, donde la policía inició actuaciones porque se encontraron estupefacientes y donde el encargado de la requisa le dijo a LA NACION que no había requisas, es, precisamente, un ámbito de seguridad. Abierto, pero de seguridad.

Otro dato: un día antes de ese hecho, habían encontrado drogas en otro instituto, Nuevo Dique, donde viven 48 chicos de entre 16 y 17 años. Y éste es un centro penal de régimen cerrado. El chico que tenía la droga está acusado de haber asesinado, en marzo de 2005, a una jubilada que vivía en el barrio Hipódromo de La Plata: Elva Barraza, de 78 años. El menor tenía entonces 16 años y varias causas penales. Era un sujeto peligroso, con la mecha de la furia muy corta, pero tenía permiso para salir del instituto. Salió. Mató.

Según datos oficiales aportados por Tavolaro, más del 90 por ciento de los chicos que ingresan en el sistema penal manifiesta haber consumido alguna droga. Los especialistas encuentran en esa cifra una de las explicaciones a la violencia desaforada de algunos de los hechos protagonizados por menores. El caso reciente del colectivero al que le destrozaron la mano a machetazos, por ejemplo.

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El Almafuerte, en Melchor Romero, es un instituto de máxima seguridad. Sin embargo, no funciona el detector de metales, ni las mangueras contra incendios, ni las cámaras de seguridad. LA NACION lo visitó un miércoles, cerca de las 11 de la mañana. Un pibe de unos 15 años, tatuajes, zapatillas de astronauta -no podía ser un celador- atravesó el vestíbulo del instituto hacia un pequeño patio, con una bolsa de carbón. Estaba con un muchacho más grande: ése sí era un celador. ¿Qué hacía el menor, entonces, tan lejos del pabellón y tan cerca de la puerta de entrada? Preparaban unas hamburguesas a la parrilla que luego iban a comer junto con el director, Martín Mollo, y con el subdirector, Oscar Andrada. Algunos menores comen, los miércoles, con las autoridades del Almafuerte.

Para las autoridades, esos almuerzos son algo así como una práctica de integración y acercamiento. Aclaración: el Almafuerte es el instituto donde van a parar los menores más peligrosos de la provincia y el asado lo estaban preparando en un patio que está a cuatro o cinco metros de la entrada. ¿No pueden escaparse? Al día siguiente, uno se escapó.

El Almafuerte es también recordado por varios motines: tal vez el más cruento fue el de junio de 2000, que duró más de cinco horas y terminó cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron y redujeron a los revoltosos. En esa oportunidad, dos guardias fueron tomados como rehenes y golpeados. En junio de 2004 hubo allí otra revuelta que duró dos horas, en la que una docente fue tomada como rehén. Los motivos de los amotinamientos: pedidos de traslados y mejores condiciones de detención.

Para la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación y Minoridad (UTEM), María Eva Klein, si no hubo más motines es "porque los menores no quieren. Los institutos son manejados por los menores cabecillas, junto con los directores".

Mayores y menores. En el Almafuerte están alojados 48 menores. Pero también hay allí internos mayores. Uno de ellos, que tiene 23 años, está acusado de violar y matar a dos niñas. Según Klein: "Este hombre entra y sale del instituto cuando quiere. Hace rato que tendría que haberse ido".

También en otros institutos de menores de la provincia suele haber jóvenes de entre 18 y 21 años junto con niños y adolescentes. Tavolaro no lo desmintió, y contó un fenómeno que causa por lo menos sorpresa: "Es más, hay chicos que han pasado por cárceles para adultos, por delitos cometidos después de cumplir 18 años, y que después regresan al sistema de minoridad para cumplir una medida por un delito anterior".

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Otra sorpresa. En los institutos de menores trabajan 30 beneficiarios de los planes sociales del gobierno, algo expresamente prohibido por un decreto del gobernador Felipe Solá el 2061/03. Pese a que Tavolaro considera esa anormalidad como "una respuesta a la emergencia" con la que se encontró cuando asumió, el 6 de mayo de 2002, lo cierto es que los beneficiarios de los planes continuaron trabajando. Por ejemplo, en el instituto Juan Bautista Roth, para menores con problemas de salud mental.

El problema, por supuesto, excede en mucho la desprolijidad administrativa. "Cabe dejar establecido que una de las personas del Plan Jefes que colabora en la institución ha acompañado a uno de los jóvenes hasta su domicilio por ser vecino de la zona de residencia del joven, en virtud de que no se contaba en ese momento con vehículos oficiales", se lee en un documento reciente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, del que depende la subsecretaría de Minoridad.

O sea: a un beneficiario de un plan social, sin formación ni preparación especial para ocuparse de menores de estas características, el Estado le confiere la responsabilidad de cuidar a un menor con problemas psiquiátricos.

LA NACION también recorrió el hogar Juan Bautista Roth. En las habitaciones, las paredes están descascaradas por la humedad y el aire helado llega fácilmente a los huesos. "El presupuesto para obras es limitado", admitió Tavolaro.

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En el instituto Stella Maris una chica de 14 años caminaba como perdida. No es para menos: su menú químico incluye Valium, Tegretol, Valcota. Nozinan, Etumina, Luminal, según la planilla con la nómina de psicofármacos que Alicia, una celadora, le mostró a LA NACION. Otra niña permanecía en silencio, en un pasillo macilento. "Es sordomuda, tiene 13 años. Nosotras no sabemos cómo tratarla", confesó Alicia.

A veces vienen familiares armados a rescatar a las chicas internas. Susana, jefa de disciplina del patio, narró con la misma naturalidad que acaso emplea para hablar del clima: "A mí también se me escapó la chiquita que violaron. La de Trenque Lauquen, ¿se acuerdan?".

Las fugas no suelen terminar bien.

A Kevin le decían así porque se parecía al personaje de "Mi pobre angelito". Tenía 13 años cuando decidió que el destino era un pozo de agua negra y pesada como un calabozo, en la que tarde o temprano iba a ahogarse. Había estado bajo la tutela del Estado desde los dos años. Una familia lo adoptó, pero le pegaban tanto que fue internado en un instituto, en La Plata.

Cuando se fugó la última vez, en 2004, hacía dos años que estaba en el Hogar Convivencial para Varones, ése en que -según denunció un empleado- los chicos se drogan y roban hasta las chapas de los techos. En ocasión de esa fuga, las autoridades del instituto no informaron de su ausencia, por lo que luego serían desplazadas.

Dicen que no fue Kevin el que compró el bidón de nafta. Que alguien se lo dio. Hizo una fogata en el playón de estacionamiento de Plaza Italia, en pleno centro de la capital bonaerense. Después se roció con el combustible. Un policía joven intentó evitarlo, pero Kevin ya había tomado una decisión y la llama del encendedor palpitaba

Tal vez Kevin trató de alterar la lógica del juego. Decidir él. Tal vez quiso perder antes. Antes de que la fábrica de delincuentes terminara la faena.

Muchas causas, pocos jueces y un vacío legal

Hay números que dan cuenta de este problema. Los tribunales de menores iniciaron, el año último, 29.312 expedientes penales, de acuerdo con estadísticas provisorias de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Esas son sólo las causas penales. Con el esquema legal actual, los magistrados deben atender también las causas civiles y asistenciales. En 2005 hubo 61.355 en la provincia. Es decir, en total se abrieron 90.667 expedientes y sólo hay 52 jueces en el área. En promedio, cada juez tuvo que atender 1744 causas.

"La situación de los menores es grave. Los 52 jueces son insuficientes, especialmente en un momento crítico en el que los delincuentes son cada vez más jóvenes, por problemas sociales como la drogadicción, la falta de contención, la falta de valores. El Estado no puede estar ausente. Todavía no se encontró el camino para revertir esta situación", dijo la procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo. Y concluyó que no hay una política de Estado: "Es una deuda pendiente".

Esta misma semana, otra jueza tuvo que dar la voz de alerta. Mirta Guarino, jueza de menores N° 3 de Moreno, a cargo del caso en que se investiga el asesinato de un chico de 15 años, le dijo a LA NACION: "La muerte de Lucas debe ser tomada como un signo de que, de una vez por todas, tenemos que ocuparnos de los chicos, porque la infancia está en riesgo en el país y es preciso trabajar seriamente en el diseño de políticas públicas para revertir la situación".

Para la subsecretaria de Minoridad bonaerense Cristina Tavolaro, "La ley 13.298 busca dar una respuesta a la necesidad de cumplir con los derechos internacionales del niño, pero está suspendida por la Corte. Hoy, con la ley de patronato, el ingreso a la tutela del Estado del chico infractor es prácticamente igual al del chico que tiene problemas sociales". Y agregó: "La Corte paralizó la ley y seguimos con el sistema de patronato. Con la nueva normativa, se rompería con la judicialización de la pobreza", dijo.

Tavolaro adelantó a LA NACION que envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley complementario a la 13.298, "que configura el fuero de familia y que va a tener competencia en las causas civiles. No va a haber más causas asistenciales. Los conflictos se van a resolver en unidades técnicas operativas que estarán en los municipios".

Todos los especialistas consultados por LA NACION coinciden en que para resolver la crisis hace falta la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil.

Anomia. Funcionarios de los tres poderes del Estado y de distintas fracciones políticas coinciden en que la anomia es, sin dudas, uno de los factores que más inciden en la crisis del sistema de minoridad. Y la verdad es que no existe una ley de responsabilidad penal para menores.

Para Emilio García Méndez -prestigioso especialista en minoridad, hoy diputado del ARI-, es imprescindible separar las propuestas de bajar o subir la edad de imputabilidad de la puesta en marcha de un sistema penal para menores. "Un proyecto de responsabilidad penal juvenil establece un tratamiento jurídico diferenciado del menor respecto del adulto para la franja de los 14 a los 18 años, con, por ejemplo, penas diferentes de las que se aplican a los mayores".

El sistema propuesto por García Méndez fija penas según la edad. Para los chicos de entre 14 y 15 años, las penas no pueden superar los tres años, y para los de 16 y 17, las condenas deberán ser de cinco años como máximo. "En ninguna otra sociedad de América latina -dijo García Méndez- existen tantas resistencias a la responsabilidad penal de los adolescentes como en el caso de la Argentina."

En el Congreso de la Nación hay seis proyectos, y este asunto se discute desde hace por lo menos cuatro años. Pero los proyectos siguen siendo proyectos, y los menores no tienen garantías constitucionales básicas, como el derecho a la defensa.

Con lógica irrefutable, la jueza Marta Pascual concluye: "La infancia no está en la agenda de los políticos porque tiene muy poca rentabilidad política".

¿Habrá que pedir que bajen la edad para votar?

El fenómenos en cifras

  • La policía bonaerense detuvo a más de 51 menores por día entre el 1° de enero de 2005 y el 31 de mayo de este año. Es que el año pasado, la cantidad de aprehensiones ascendió a 18.819. Y en los primeros meses del actual fueron capturados 7820 adolescentes.
  • En 2005, los tribunales de menores de la provincia iniciaron 90.667 expedientes: 29.312 penales y 61.355 civiles y asistenciales. Los distritos más complicados fueron Lomas de Zamora, con un total de 15.346 causas, y San Isidro, con 10.260.
  • En la provincia de Buenos Aires hay 25 institutos penales y 33 asistenciales. En los primeros, hay 778 internados en hogares penales; en los segundos, 879. Existen, sin embargo, convenios con organizaciones no gubernamentales y clínicas privadas en las que se internan chicos con problemas sociales.
  • Cada vez hay más menores con causas penales que ingresan en el sistema tutelar. En 1997, entraron 1420 chicos; en 1998, 1601; en 1999, 1706 y en 2000, 2149; el año pasado ingresaron 3172 chicos con problemas de seguridad. Por asuntos asistenciales, entraron 3488 menores.
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