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El conflicto con el Reino Unido: otro signo de endurecimiento del gobierno de Néstor Kirchner

Duro reclamo argentino a Gran Bretaña

Política

Como parte de la política de mayor dureza de la Argentina con el Reino Unido por el diferendo de las Malvinas, el gobierno de Néstor Kirchner advirtió, por medio de un comunicado de la Cancillería, que la nueva ley de pesca de los isleños, de aplicación inminente, "constituye una forma de disposición ilícita y unilateral a largo plazo". Sobre todo, agrega, mientras los espacios marítimos "se encuentran sujetos a una controversia de soberanía".

De ese punto, según fuentes gubernamentales, diplomáticas y legislativas argentinas, no se moverá el gobierno de Kirchner, tal como anticipó LA NACION en su edición del 24 de junio. La negociación de la soberanía, a la cual se rehúsa el Reino Unido a pesar del proceso de descolonización recomendado por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pasó a ser la única condición para preservar los acuerdos de pesca y de exploración de petróleo, entre otros, firmados bajo el llamado "paraguas de soberanía" durante el gobierno de Carlos Menem.

Frente a ello, fuentes diplomáticas británicas dijeron a LA NACION que el Reino Unido no discutirá la soberanía hasta que los isleños decidan hacerlo y justificaron la nueva ley pesquera de las Malvinas como una forma de preservar los recursos marítimos.

En ello, el gobierno de Kirchner podría verse en una encrucijada si, además de la protesta por la medida que considera unilateral, no sube un peldaño: mientras aduce la defensa del medio ambiente para oponerse a la instalación de las plantas de celulosa (materia prima del papel) en la margen oriental del río Uruguay, permite, a los ojos de los británicos, que compañías de banderas diversas (entre ellas, japonesas, coreanas y españolas) exploten los recursos marítimos de las Malvinas durante apenas un año.

En ese lapso, la idea no es multiplicar, "sino depredar", observaron diplomáticos argentinos y británicos consultados por separado. De ahí la fórmula aplicada por los isleños con el respaldo del Reino Unido: que las licencias se extiendan a 25 años, de modo de lograr el compromiso de las compañías de cuidar los recursos, como sucede en Nueva Zelanda y en Australia.

La Argentina, empero, quedó fuera de la decisión, la cual, dice la Cancillería, "es contraria a la Resolución 31/49, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las dos partes en la controversia a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales". Lo expuso el 15 de julio de 2005, en el Comunicado de Prensa Conjunto de la XXVII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, realizada en Londres. Había elevado protestas el 3 y el 29 de junio de ese año, reiteradas el 27 de octubre.

Después de una semana particularmente agitada por el tema Malvinas, con el lanzamiento del Observatorio Parlamentario sobre esa cuestión en el Congreso y las reuniones conjuntas sobre el desminado de las islas en la Cancillería, la queja sobre la nueva ley de pesca vino a ser el correlato de las denuncias que formuló el canciller Jorge Taiana ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Las formuló en los mismos términos que el comunicado difundido ayer. Y expresó, también, la disposición del Gobierno "para reanudar las negociaciones bilaterales a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución justa, pacífica y duradera de la controversia sobre soberanía".

Todo responde, en realidad, a una prerrogativa de Kirchner que su entorno no deja de recordar: le dijo a Tony Blair apenas se conocieron, en Londres, a mediados de 2003, que se había criado mirando las islas. Es decir que, como presidente de origen patagónico, no iba a cejar en el reclamo, pero, a su vez, no iba a caer en los extremos del pasado: la guerra emprendida por Leopoldo Fortunato Galtieri con el afán de permanecer en el poder y la política de seducción abrazada por el difunto ex canciller Guido Di Tella con el envío de ositos Winnie the Pooh, respectivamente.

En el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, el 2 de abril último, Kirchner instaló la piedra basal de su política: "Deben mostrar disposición para negociar nuestra soberanía sobre las islas Malvinas". De ella no se movió.

Sospechas

En Londres, en vísperas de un año electoral en la Argentina, notaron cierto interés proselitista en el endurecimiento de la política sobre las Malvinas, pero no dejaron de advertir que coincidió con la decisión de los isleños de extender las licencias de pesca. Sobre ellas, dijeron las fuentes diplomáticas británicas, "los acuerdos no fijan plazos, razón por la cual es legítimo que se quieran preservar recursos sobre los cuales no existe control alguno".

En su momento, el historiador británico Lawrence Freedman confirmó la ayuda que el régimen de Augusto Pinochet había prestado al gobierno de Margaret Thatcher después de advertir a Galtieri, antes de la guerra de 1982, que se proponía terminar con territorios coloniales. Entre ellos, las Malvinas. Blair remitió la copia del capítulo correspondiente al ex presidente chileno Ricardo Lagos. Recibió como respuesta: "Para nuestro gobierno se trata de un tema del pasado". De hecho, Chile, según dijo a LA NACION el ex vicecanciller Andrés Cisneros, patrocina el reclamo argentino en las Naciones Unidas.

Por lo pronto, el Observatorio Parlamentario, entre cuyos fogoneros figura en primera línea el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Argüello, promete "influir en la agenda gubernamental".

En realidad, Kirchner también espera que influya, de modo de tener más fundamentos, al margen de la posición argentina en el conflicto y de su premisa constitucional, para instalar la cuestión Malvinas como una "causa nacional" a la cual ni partidarios ni opositores, inscriptos como miembros, podrían rehusarse. Con elecciones de por medio o sin ellas. .

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