Kirchner firmó más decretos que leyes

En su tercer año de gestión, el presidente Néstor Kirchner prefirió gobernar por decreto antes que enviar al Congreso proyectos de ley, en una tendencia que se acrecienta desde que llegó al poder.

Este dato cobra relevancia si se toma en cuenta que la mayoría de los decretos estuvieron dedicados a temas presupuestarios y que el próximo jueves el Senado tiene previsto debatir un proyecto de ley de reglamentación del control parlamentario de ese tipo de herramienta jurídica.

Entre mayo de 2005 y mayo de 2006 el Presidente envió al Congreso 57 proyectos de ley, de los cuales sólo 35 se refieren a políticas públicas, mientras que los otros 22 son meras ratificaciones de acuerdos y tratados internacionales. En cambio, en el mismo período firmó 61 decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Es decir que cuando el Presidente estimó que era necesario dictar una ley para llevar adelante una política de gobierno, en 61 casos decidió actuar solo (mediante los DNU) y nada más que en 35 oportunidades recurrió al Congreso, haciendo uso de su facultad de proponer proyectos de ley.

Los datos se desprenden de una investigación del Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa) y muestran una tendencia que se acentúa desde que Kirchner llegó al poder.

Si se excluyen los proyectos de ratificación de tratados y acuerdos internacionales, que deben ser enviados al Congreso como parte del trámite parlamentario obligatorio para su vigencia, en su primer año de gestión el Presidente firmó 67 DNU y envió al Parlamento 56 proyectos de ley.

Al año siguiente la diferencia se amplió: dictó 73 decretos y mandó 45 iniciativas al Congreso. Y esa tendencia se ratificó en este último año, con 61 DNU contra 35 proyectos de ley.

“Aun controlando cómodamente la mayoría en ambas cámaras del Congreso, Kirchner prefiere, en materia legislativa, gobernar por decreto”, concluye la investigación del Ceppa, realizada por Delia Ferreira Rubio y Matteo Goretti, que estudian el tema desde 1989 y ya expusieron al respecto en las universidades de Oxford, Chicago y Cambridge.

Cuando dicta un DNU, el Presidente asume facultades que son propias del Congreso; es decir que modifica o deroga leyes o dicta normas con rango de ley. Un total de 34 de los 61 decretos emitidos en el último año de Kirchner se refieren a variaciones en sueldos, jubilaciones, subsidios, asignaciones familiares e indemnizaciones. El resto de los decretos presidenciales están relacionados con la ley de presupuesto, los fondos fiudiciarios y la deuda pública, entre otros temas.

La reforma constitucional de 1994, en su artículo 99, incorporó esta herramienta, pero la autoriza sólo "cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución" para el dictado de leyes.

Para Goretti y Ferreira Rubio, el uso de los DNU sólo se justifica en caso de que en el país exista una situación de crisis extrema, la necesidad de sancionar un tema resistido por la ciudadanía o un Congreso cerrado o con el oficialismo en minoría, condiciones que no se cumplen en esta gestión, bendecida por la bonanza económica y con mayoría absoluta en el Parlamento.

A pesar de estas ventajas, Kirchner dictó durante su tercer año de gobierno 61 decretos de necesidad y urgencia, con lo que sumó un total de 201 decretos en toda su gestión, con un promedio de 67 DNU por año.

Estas cifras superan las de Carlos Menem, que con un total de 545 DNU en sus 10 años de gobierno ostentaba un promedio de 54,5 DNU por año, muy superior a otros presidentes.

Pero para Ferreira Rubio el tema de los DNU no debe verse como un fenómeno aislado, sino como parte de "una estrategia general del Gobierno, que tiende a concentrar poder en el Ejecutivo y a relegar al Congreso a un papel secundario", según explicó a LA NACION. Para la experta en partidos políticos, "en esa misma política de devaluación del Congreso se inscribe el proyecto del Ejecutivo de otorgar superpoderes permanentes al jefe de Gabinete en materia presupuestaria, y la iniciativa oficialista de regulación de los decretos de necesidad y urgencia" que el Senado tratará esta semana.

La misma estrategia

En la oposición, donde permanecen movilizados para cerrar filas contra los superpoderes, coincidieron en ubicar al avance de los DNU en la misma línea de intencionalidad política.

"Ambos desnudan el propósito del Gobierno de cerrar el Congreso e implica atribuir la suma del poder público al Ejecutivo", opinó el jefe del bloque de diputados radicales, Fernando Chironi (UCR-Río Negro).

Para el presidente del bloque de ARI, Eduardo Macaluse (Buenos Aires), el Gobierno "ve los controles como un obstáculo, le molestan, por eso prefiere actuar sólo por decreto".

"El Congreso está abierto todo el año y no tiene una actitud obstruccionista; así que el Presidente no puede alegar estas excusas para superar a Menem en los DNU que firmó", aseguro el jefe del bloque de Propuesta Republicana (Pro) y abogado constitucionalista, Jorge Vanossi (Capital).

En el oficialismo, en cambio, defendieron la utilización de los DNU y la asociaron a la necesidad de apurar los tiempos legislativos.

"El Gobierno no se aleja de los preceptos constitucionales. Desde la reforma constitucional del 94 es un mecanismo más, totalmente válido. Y su uso a veces tiene que ver con los tiempos, cuando se interpreta que son casos de necesidad y urgencia", dijo a LA NACION el diputado Juan Manuel Urtubey (FV-Salta), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Esta comisión tendrá un papel central cuando el proyecto de reglamentación de los decretos presidenciales, que tratará el jueves el Senado, pase a su discusión en la Cámara de Diputados. .