Es la crónica de una muerte anunciada. Así definieron especialistas en derecho ambiental el primer revés judicial del que debió hacerse cargo la Argentina en el conflicto con Uruguay por las pasteras.
Expertos consultados por LANACION.com coincidieron en destacar que era previsible la resolución de la Corte Internacional de La Haya que hoy descartó parar la construcción de las fábricas de Botnia y ENCE, tal como lo había pedido el Gobierno.
"El rechazo era previsible en función de los antecedentes de la Corte conocidos por la delegación; el Gobierno se apuró y presentó un reclamo con muy poco sustento", sostuvo Mauricio Libster, experto por la Argentna ante la ONU en delitos contra el medio ambiente.
Agregó que "el fallo considera que los fundamentes fácticos o probatorios son escasos: no quedó claro el peligro inminente que reclamaba el país con la medida cautelar y a juicio de la Corte las pruebas sobre peligrosidad fueron escasas".
El especialista opinó que el Gobierno llevó este tipo de reclamo sobre la base de una presión política. "La enorme presión de los vecinos de Gualeguaychú hizo que el presidente [Néstor Kirchner] actuara como pudiera en respuesta a la presión popular sin haber consultado lo suficiente", destacó.
Con él coincidió Silvia Williams, también especialista en derecho internacional y ambiental. "Siempre fui partidaria de la negociación directa de los países vecinos y que el medio de solución de controversia sea regional", amplió.
La abogada, que dijo no haber vivido este primer proceso con optimismo, explicó que cualquier resolución del tribunal de La Haya tiene mucho costo institucional. "Como las medidas cautelares son obligatorias, la Corte es justamente muy cautelosa en dictarlas", juzgó.
Más allá de las diferencias, destacó el trabajo del equipo legal que integró la delegación argentina y optó por auspiciar el diálogo. "Lo que se indica es que las dos partes deben negociar con buena fe, no sólo sentarse a poner reglas e interrumpir con cualquier desacuerdo, sino continuarlas".
Dino Bellorio Clabot, autor del libro Tratado de Derecho Ambiental y director de la carrera de abogacía de la Universidad de Belgrano opinó: "Creo en otro tipo de soluciones alternativas que son las de la vía diplomática y la negociación de buena fe. Lo que pasó era obvio. Yo proponía el tribunal arbitral de Salto Grande porque era imposible que La Haya interpretara nuestra situación".
Agregó que, a su entender, se necesita más negociación y la inclusión de otros actores sociales, pero, aclaró: "Siempre sobre el respeto de no causar perjuicio sensible en la comunicación de los dos países".
"Ahora vamos a tener que transitar ese espacio. Preocupa el pueblo y la ciudad de Gualeguaychú porque... ¿se les habrá explicado adecuadamente todas las alternativas que había antes de llegar a La Haya?", se preguntó. Y enseguida calificó la movida judicial como "un problema político".
El abogado y presidente de la Fundación Vida Silvestre, Héctor Laurence, también cuestionó la opción argentina de apelar a una medida cautelar. "A veces hay razones jurídicas que se desprenden de un elemento de presión y de negociación. Me imagino que, más allá de que siempre uno puede esperar ganar o perder, no fue una buena noticia", dedujo.
"Era un proyecto y una movida de significativa dificultad y fue finalmente razonable según el criterio que siempre sigue la Corte de La Haya", finalizó.
Mariana Verón
De la Redacción de LANACION.com
