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Domingo 23 de julio de 2006 | Publicado en edición impresa

El ministro del Interior dice que los datos sobre delitos son "información reservada"

Lo hizo en respuesta a un pedido formal de LA NACION; hace un año, eran públicos

 
 
 

El gobierno asegura que no puede dar a conocer las estadísticas sobre la evolución de los delitos en la ciudad de Buenos Aires porque se trata de una "información clasificada" (reservada).

La respuesta, por escrito, tras un mes y medio de trámites, fue dada a un periodista de LA NACION que había presentado un pedido formal al Gobierno amparándose en el decreto de Néstor Kirchner por el que se garantiza el acceso a la información.

Curiosamente, hasta hace un año y medio, las estadísticas que hoy se niegan eran públicas. El gobierno nacional las publicaba en la página web www.surc.gov.ar , con el fin declarado de que los vecinos conocieran el mapa del delito y los problemas que afectan a cada barrio.

Como consecuencia de la constante negativa oficial de proporcionar esos números a LA NACION, el 1o de junio el periodista las reclamó formalmente amparándose en el decreto 1172 de acceso a la información, que firmó el presidente Néstor Kirchner en 2003.

El pedido fue concreto: para informar a sus lectores, que denuncian diariamente una creciente sensación de inseguridad, el diario necesitaba saber cuáles eran los índices oficiales del delito en el distrito para todo 2005 y el primer trimestre de 2006.

El pedido fue enviado a la responsable de acceso a la información del Ministerio del Interior, de quien depende la Policía Federal. En él se invocaron la Constitución nacional y los pactos de derechos civiles y políticos.

Una vez vencido el primer plazo de diez días para responder, el periodista recibió una carta por la que el Ministerio del Interior hacía uso de la prórroga de otros diez días que le da la norma, so pena de exponerse a una denuncia por incumplimiento de sus deberes, según el decreto de Kirchner.

Cuando estaba a punto de cumplirse ese plazo, el cronista recibió una llamada en la que se le informaba que el pedido se tramitaba en la Secretaría de Seguridad Interior, expediente Cudap EXP-SO: 8780/2006, pero que estaba en estudio del subsecretario de Seguridad Ricardo Colombo, que en ese momento se hallaba de viaje, por lo que informalmente solicitaban una extensión del plazo. Una vez vencido y sin obtener respuesta, los datos sobre delitos en la ciudad a lo largo de 2005 se conocieron por los medios, no gracias a lo que prevé el decreto, sino filtrados por fuentes oficiales.

El miércoles pasado, excedidos los plazos previstos en el decreto, el cronista recibió una carta firmada por el ministro del Interior Aníbal Fernández en la que señala que "se torna imposible dar cumplimiento a lo solicitado", en referencia a las estadísticas.

El funcionario señaló que la información pedida "está contemplada dentro de las excepciones del artículo 16 del Reglamento General de Acceso a la Información Pública".

Ese artículo impide revelar la información cuando esté expresamente clasificada como reservada. Sin embargo, LA NACION pudo comprobar que no se conoce ninguna norma que haya clasificado de ese modo a las estadísticas sobre delitos. Sí se niegan en los siguientes casos:

- si pusieran en peligro el sistema bancario o financiero,

- si fueran secretos industriales, comerciales, financieros y científicos,

- si comprometieran derechos o intereses de terceros y fueran obtenidos en carácter confidencial;

- si se relacionaran con una investigación de lavado de dinero;

- si fueran datos preparados por los abogados del Estado para armar la estrategia de defensa de una causa judicial,

- si los datos estuvieran protegidos por el secreto profesional,

- si fuera una información sensible que vulnere la intimidad o ponga en peligro la vida de una persona.

Hasta donde se sabe, las estadísticas sobre delitos no cumplen ninguno de estos requisitos. .

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