El conflicto por las papeleras: otro juicio internacional por las fábricas en Fray Bentos
El Gobierno justificó los cortes de rutas
La Cancillería dijo que se respetó la libertad de expresión, en respuesta a la queja uruguaya ante el Tribunal del Mercosur
El gobierno argentino respondió ayer con una dura presentación judicial a la denuncia uruguaya ante el Mercosur por los cortes de las rutas binacionales que ejecutaron los vecinos de Entre Ríos en rechazo de la construcción de dos fábricas de pasta de celulosa.
En un largo escrito, la Cancillería argumentó que el gobierno argentino está obligado por la Constitución a respetar la libertad de expresión (y por ende de una protesta), por sobre otros derechos como la libre circulación de las rutas.
Además, refutó la queja del gobierno de Tabaré Vázquez sobre las pérdidas ocasionadas por las manifestaciones: indicó que, según estadísticas oficiales, no sólo eso no ocurrió, sino que las importaciones de productos uruguayos crecieron un 35 por ciento y los turistas argentinos en el país vecino aumentaron un 4 por ciento en el primer trimestre del año, el período durante el cual hubo mayor cantidad de piquetes en los pasos fronterizos.
La demanda ante el Tribunal Arbitral de Controversias del Mercosur se originó en lo que Montevideo entendió como una "omisión del Estado argentino en adoptar medidas apropiadas" para prevenir o levantar los cortes de los puentes que comunican a Entre Ríos con Uruguay.
En el texto de respuesta, la Argentina sugiere que lo que está planteando el gobierno de Vázquez es que se debería haber reprimido a los manifestantes, que protestan porque consideran contaminantes las plantas que se levantan en Fray Bentos, sobre la margen oriental del río Uruguay.
"Los compromisos asumidos por la Argentina en el contexto en que se desarrolla esta controversia no pueden ser objeto de una interpretación extensiva que suponga reprimir el ejercicio de un derecho humano", indica el escrito presentado en Montevideo por técnicos de la Cancillería. Allí funciona el tribunal ad hoc para este caso, ya que en la capital uruguaya se radicó la denuncia. Sólo si avanza el caso llegará a Asunción, sede del ente general de resolución de controversias.
Los cortes de las rutas binacionales se profundizaron a partir de la última Navidad, con eje principal en Gualeguaychú, donde casi no se permitió el tránsito de vehículos hacia el puente General San Martín (que da a Fray Bentos) durante los cuatro primeros meses del año. También hubo protestas intermitentes en el cruce Colón-Paysandú. Y un día estuvieron interrumpidos los tres pasos viales a Uruguay, cuando Concordia se sumó a la protesta. Nunca se cerró la comunicación aérea ni marítima, como recuerda la réplica argentina.
El 2 de mayo se resolvió levantar la medida de fuerza. La demanda uruguaya -cuyo gobierno aduce que la protesta le causó casi 500 millones de dólares en pérdidas- se presentó el 3 de mayo, por lo cual la Cancillería calificó de "abstracto" el reclamo.
La denuncia exige que se reconozca razón a Uruguay en la controversia, ya que entiende que la Argentina violó las obligaciones asumidas ante el Mercosur en materia de libre circulación de bienes, servicios y personas. Además, se reserva el derecho de presentar otra demanda por los presuntos daños económicos.
En todo momento, el gobierno de Néstor Kirchner intentó mantener el conflicto fuera del ámbito regional, al considerar que es un diferendo bilateral cuya resolución, en caso de disputas, debe tratarse en la Corte Internacional de La Haya. Así lo indica el Tratado del Río Uruguay, de 1975.
Ese tribunal ya rechazó un planteo argentino para que se paralizaran las obras de las pasteras, aunque mantiene en análisis la cuestión de fondo sobre la contaminación.
Sobre todo a partir de esa primera victoria internacional, Vázquez reforzó su idea de regionalizar el conflicto. Considera que los cortes de rutas implicaron casi "un bloqueo" a su país y trata de que la discusión no se focalice sólo en el eventual efecto contaminante de las fábricas de celulosa. Por eso, el presidente uruguayo instaló el tema en la reciente Cumbre del Mercosur, en Córdoba, donde llamó al diálogo con la Argentina y abogó por una solución negociada.
Y aunque los gestos visibles de distensión política viajan de un lado a otro del Río de la Plata, en el orden jurídico la regla es la firmeza.
Según informó la Cancillería, la respuesta a la demanda ante el Mercosur contiene argumentos terminantes. Dice que la demanda de Uruguay "carece de objeto por abstracta, ya que no existían, a la fecha de la presentación de la demanda, ni existen en la actualidad manifestaciones populares en las rutas".
"Derecho legítimo"
También indica que "no cabe invocar legítimamente una restricción a la libertad de expresión" (calificada allí de derecho humano protegido).
"Las manifestaciones en las rutas, efectuadas en forma intermitente entre el 6 de enero y el 2 de mayo de 2006, constituyen una muestra de la libre expresión de parte de la población en defensa de un derecho que consideran legítimo", indica el escrito.
Como defensa ante la queja uruguaya de que el Gobierno fomentó las protestas, se replica que los cortes de rutas "fueron puestos en conocimiento del público con antelación suficiente y no implicaron, en ningún caso, un impedimento total a la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países".
Alegó también que el Gobierno había actuado con el propósito de "disuadir a sus ciudadanos de utilizar las manifestaciones populares en las rutas como forma de expresión de su protesta".
El tribunal del Mercosur definirá en los próximos días las fechas de las audiencias de alegatos y pruebas. El plazo final para emitir el fallo es el 7 de septiembre.
Nuevo estudio ambiental
- La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial informó que acaba de contratar a dos consultoras (Fenes y Procesis) con el fin de que elaboren un estudio de impacto ambiental transfronterizo de las fábricas de celulosa que se construyen en Fray Bentos. Ese será un paso previo a la decisión sobre si acepta o no financiar el proyecto de las empresas Botnia y ENCE. Los expertos ya están en la zona de las pasteras. La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, se quejó porque la CFI no informó a la Argentina sobre los términos de referencia del estudio encargado a los nuevos consultores.