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La ola de inseguridad: una iniciativa contra las muertes violentas

El Gobierno canjeará armas por dinero

Información general

Anunciará hoy el Presidente un plan de desarme; lo debe aprobar el Congreso; incluye una amnistía y una campaña

El gobierno de Néstor Kirchner anunciará hoy, a las 18, en la Casa Rosada, un programa nacional de desarme en el que invertiría unos 15 millones de pesos para que los tenedores de armas puedan desprenderse de ellas y canjearlas ante el Estado por dinero, como un modo de reducir el armamento en poder de los ciudadanos y el índice de mortalidad por violencia armada. Una vez canjeadas, las armas se inutilizarán y se destruirán en fundiciones.

El programa comprende también una amnistía de la tenencia ilegal o no registrada y una campaña de concientización para alentar a los ciudadanos a desarmarse.

El plan se instrumentará mediante un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.

En el Gobierno aseguraban ayer, según pudo confirmar LA NACION, que la Casa Rosada baraja la posibilidad, también, de intervenir o de cambiar de órbita el Registro Nacional de Armas (Renar). En la actualidad, ese ente funciona dentro del Ministerio de Defensa, que conduce Nilda Garré. Su titular es el hermano de la ministra, Raúl Garré.

Se estudia la idea de que se traslade a la órbita del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que ganaría más poder dentro del gabinete y que pasaría a controlar todas las armas en circulación del país. "Servirá como una política activa de control de armas en todo el país", aseguran en la Casa Rosada.

Se descuenta que no es una política de fondo contra la inseguridad ciudadana: difícilmente los delincuentes podrían desprenderse de su armamento a cambio de una indemnización estatal. Sin embargo, es un paso para evitar muertes por violencia armada.

El anuncio de hoy se inscribe en la necesidad del Gobierno de dar respuestas a la ola de inseguridad reciente. Según las encuestas que consulta el entorno de Kirchner, la falta de un plan de seguridad es una de las principales demandas sociales insatisfechas. Una vez sancionada la ley, se reglamentará el texto, con lo cual se estimarán los montos y valores de indemnización de cada arma.

"La cifra que se está manejando es de 15 millones de pesos para la totalidad del plan", confirmó anoche a última hora una fuente bien informada en la Casa Rosada. Si el promedio por arma podría rondar los 300 pesos, se calcula que con el nuevo programa se podrán sacar de circulación unas 50.000 que hoy están en desuso. El valor se tabulará de acuerdo con el precio del mercado de armamento usado en consulta con expertos y armeros.

Reclamo de ONG

Este programa nació como un reclamo de diversas organizaciones que promueven el desarme en una reunión el 24 de julio en la Casa Rosada. El punto de inflexión fue el caso del tirador de Belgrano, que en los días previos había atacado a transeúntes sin motivo y asesinó a uno de ellos.

En aquella reunión estuvo Kirchner, que convocó a Aníbal Fernández y le instruyó avanzar en un plan de control de armas, normalizar el Renar y crear un registro de armas incautadas y secuestradas.

Participaron en ese encuentro la Asociación Madres del Dolor; la Red Argentina para el Desarme; la Fundación Lebensohn; Fores; la entidad Reciclarte; y Dante Piccioli, padre de Pablo, asesinado en un puesto de peaje en la Panamericana por un automovilista, y promotor del plan de desarme. Precisamente, el ministro del Interior se reunió anoche con las mismas organizaciones para definir la letra fina del anuncio de hoy.

El plan de canje de armas será voluntario. Pero el Gobierno hará una fuerte campaña de concientización social para que los propietarios comprendan que se corren más riesgos al tener esas armas en sus casas, en situación irregular, que al desprenderse de ellas.

Se apuntará a aquellos propietarios de armas que no las tengan registradas o no hayan renovado sus licencias. En estos casos, no se penará a los tenedores, sino que se los amnistiará. De ese modo, los propietarios presentarán sus armas en el Renar, que serán inutilizadas en su presencia. Luego, el Estado las incluirá en un registro de armas incautadas y las destruirá. .

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