Si usted piensa que en la Argentina hay muchas universidades o tiene la sensación de que se multiplican sin control, sepa que podría ser peor.
En los últimos diez años, 98 instituciones presentaron proyectos para abrir universidades privadas, pero sólo 12 tuvieron la solidez y los recursos académicos y materiales para ser aprobadas como tales. De las 79 presentaciones restantes, 39 fueron rechazadas, 37 se retiraron tras un primer informe negativo y 3 tuvieron falencias al presentar la documentación. Siete proyectos están hoy en análisis.
Los datos provienen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), el organismo dependiente del Ministerio de Educación encargado de dictaminar sobre los proyectos de nuevas universidades.
Creada hace diez años -los celebrará el miércoles próximo-, la Coneau se encarga también de la evaluación de posgrados (ha resuelto 2298 casos hasta ahora), de la acreditación de carreras de grado de interés público, como Medicina, Ingeniería, Agronomía, Farmacia y Psicología, entre otras (resolvió 314 casos), y de la evaluación externa de universidades en funcionamiento, en hasta ahora 51 instituciones.
Intentos fallidosEn estos años, institutos terciarios, bancos, entidades sindicales, complejos de escuelas primarias y medias, iglesias, colegios profesionales y familias quisieron abrir universidades sin éxito. En muchos casos lo intentaron, sobre todo a fines de la década del 90, empujados por lo que parecía un buen negocio o por el prestigio que da llamarse "universidad".
Los dictámenes desfavorables -la mayoría de los cuales puede consultarse en www.coneau.edu.ar - describen propuestas para abrir universidades sin sede propia, con bibliotecas de 136 volúmenes, compartiendo el edificio con escuelas primarias, por parte de instituciones que han tenido conflictos legales por usar el sello de "universidad" sin serlo, y hasta con la dudosa financiación de "900 protectores que aportarán $ 10.000 durante un año".
Hubo presentaciones para abrir institutos universitarios de diseño y arquitectura, de finanzas, de odontología, de posgrados en medicina, de administración y negocios, de la actividad pesquera. Se propusieron instituciones en Neuquén, Rosario, Mendoza, San Isidro, La Pampa, Mar del Plata y San Francisco Solano.
Un caso frecuente es el de institutos terciarios que quieren dar el salto y llamarse "universidad", pero no transforman su plantel docente ni su proyecto académico. O consejos profesionales que dictan cursos y aspiran a abrir su "rama académica" con el sello universitario.
"Sin la existencia de la Coneau el sistema universitario tendría el doble de instituciones y las presentaciones habrían sido más. El proceso se ha desacelerado", dijo a LA NACION Pablo Tovillas, coordinador del área de Evaluación Externa y Proyectos Institucionales de la Coneau. Según comentó, en el comienzo de la actividad, en 1996, recibían entre 15 y 20 presentaciones por año, que ahora se han reducido a cinco o menos cada año.
Si se toma en cuenta que actualmente hay en el país 55 universidades privadas, los controles impidieron que se duplicara ese número en los últimos diez años.
Para abrir una universidad privada se debe presentar una solicitud al Ministerio de Educación, que incluye un proyecto institucional, académico y financiero que se envía a la Coneau. La comisión convoca a expertos independientes para colaborar en el análisis y luego dictamina. Sus resoluciones desfavorables son vinculantes para el ministerio; sus recomendaciones positivas, no.
En esas evaluaciones se mira la consistencia del proyecto institucional; la responsabilidad moral y financiera de quienes integran la entidad que lo solicita; la trayectoria del cuerpo docente; la existencia de infraestructura y biblioteca adecuadas; el diseño de las carreras que se aspira a dictar; los convenios con otras instituciones del país y el exterior, y el origen de los fondos con que espera financiarse.
En esos puntos se concentran los problemas: en muchos casos hay docentes con baja calidad académica para dar las carreras proyectadas, bibliotecas inexistentes o precarias, falta de sedes adecuadas. Además, "se intenta resguardar que la entidad patrocinante de la nueva universidad tenga como único fin su sostenimiento, sin fines ajenos a lo académico", dijo Tovillas. Se recuerdan los casos del Instituto Universitario Patricios y de la Universidad Bar Ilán, sostenidas respectivamente por el Banco Patricios y el Banco Mayo, que, al quebrar, arrastraron a las instituciones.
Los que lo lograronDe los doce proyectos aprobados en estos diez años, once son institutos universitarios y el restante es la Universidad de Bologna, la única extranjera autorizada para funcionar con sede propia en el país. Lo intentó la Universidad Internacional Lynn, con sede en Florida, Estados Unidos, e intenciones de instalarse en Nordelta, pero su propuesta fue rechazada en 1999.
Entre los aprobados, están los institutos universitarios Cemic, Isalud, IDEA, Gastón Dachary, Isedet, Eseade, del Hospital Italiano y de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. "Son todas instituciones que ya tienen trayectoria en la actividad académica", dijo Tovillas.
Una vez lograda la aprobación, la universidad privada recibe una autorización provisional por seis años, con controles anuales. "Durante ese tiempo no puede modificar el proyecto institucional presentado y la creación de nuevas carreras se analiza en relación con ese proyecto", dijo Tovillas. A partir del sexto año puede presentarse para obtener la aprobación definitiva, a partir de la cual logra autonomía para, por ejemplo, crear carreras de grado y posgrado sin pasar por la Coneau. En estos años, la Coneau dio autorización definitiva a 15 universidades privadas.
Dentro del organismo, hay proyectos que se descartan rápidamente, pero otros provocan debate. Por ejemplo, hay discrepancias entre los especialistas sobre si un proyecto debe ser mirado internamente o debe evaluarse según la oferta ya existente en una región. "Se discute si estamos aplicando el modelo de las universidades públicas a las privadas, que muchas veces tienen como favorable su capacidad de tomar decisiones y de gestión", apuntó Néstor Pan, secretario general de la Coneau.
Lo que queda claro es que los especialistas trabajan y dictaminan sin un lineamiento político que provenga del ministerio sobre qué áreas promover y cuáles desestimar.
"Esta tarea de la Coneau puso un freno a la privatización del sistema. Hoy, por tener dinero o por querer lograr prestigio no se puede poner una universidad en la Argentina", dijo Pan.
Por Raquel San Martín
De la Redacción de LA NACION
Ser una entidad con personería jurídica y demostrar "responsabilidad moral, financiera y económica".
Presentar un proyecto institucional y académico con un cuerpo de profesores adecuado "en número, dedicación y nivel académico".
Contar con recursos edilicios, bibliotecas y equipamiento. Acreditar un patrimonio de $ 1 millón para abrir una universidad y de $ 300.000 para abrir un instituto universitario.
Presentar los antecedentes en docencia e investigación de los directivos.
La creación de universidades estatales marcha por un carril diferente. Se crean por una ley del Congreso, con presupuesto asignado. La Coneau sólo revisa el proyecto institucional que se presenta a la cartera educativa y puede hacer sugerencias. Desde 1996, la Coneau tuvo este papel en siete casos; entre ellos, las universidades de Villa María, Lanús, Tres de Febrero, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el IUNA. La Universidad Nacional de Chilecito, una de las dos últimas en crearse -objetada en su momento por rectores y especialistas-, todavía no pasó por la Coneau, aunque ya funciona.
Caricatura: Alfredo Sabat
