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Los intelectuales y el país de hoy

Enrique Peruzzotti: "El Gobierno actúa sin el debido control"

Política

Según el sociólogo, Kirchner se ocupa mucho del pasado, pero no del presente

"El problema de la política de derechos humanos de Kirchner es que desvía los temas de preocupación institucional hacia el pasado y elude los del presente", dice Enrique Peruzzotti, profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Peruzzotti percibe un importante retroceso, en comparación con años anteriores, en los mecanismos que venía desplegando la sociedad civil para controlar las acciones de gobierno.

Sociólogo recibido en la UBA en tiempos del proceso militar, Peruzzotti se doctoró en sociología en la New School for Social Research, en Nueva York, y es profesor visitante en las universidades de Columbia, Oxford y New Mexico, entre varias otras.

Su objeto de estudio son los ciudadanos y su utilización de los mecanismos de accountability, término cuya traducción aproximada sería "rendición de cuentas". Con esa palabra inglesa, de uso cada vez más frecuente en nuestro idioma, se alude a cierto tipo de relación que establece la sociedad civil, dentro de una democracia representativa, con el sistema político.

-Usted, junto con la politicóloga Catalina Smulovitz, acuñó un nuevo concepto, el de " accountability social". ¿En qué se diferencia?

-La idea de " accountability social" apunta a indagar qué hacen las organizaciones de la sociedad civil para controlar al Gobierno. Engloba una serie de iniciativas y de actores bastantes heterogéneos, que tienen en común una preocupación por la legalidad de las acciones gubernamentales. Se diferencia de un concepto más restringido de rendición de cuentas por el papel informal de los controladores, como la sociedad civil y el periodismo, que no son parte del sistema formal estatal de contrapesos y controles oficiales. Son grupos bajo cuyo impulso (movilizaciones, exposición mediática, etcétera) las agencias estatales o de control se ven obligadas a ponerse en funcionamiento porque, de no hacerlo, los costos políticos pueden ser muy altos.

-¿Qué es lo que define a un gobierno bien controlado?

-Se necesita no solamente que funcionen los mecanismos electorales, como el voto, sino también que exista cierto porcentaje de la ciudadanía interesada en controlar a las autoridades. Es decir, que las decisiones gubernamentales se ajusten a la legalidad y a los procedimientos establecidos. Estos grupos que controlan son minoritarios, pero activos. El que este tipo de acción esté apoyado por mil, por quinientas o por cinco personas no la va a hacer ni más ni menos efectiva. La efectividad va a estar dada por la visibilidad que tenga la acción para el público.

-¿La impunidad que se percibía en el menemismo tuvo que ver con aquel auge de los reclamos?

-Todas estas demandas de control y rendición de cuentas tuvieron su máxima expresión en los años 90, durante el gobierno de Menem, en que había problemas por la autonomía y reforma de la Justicia, la policía, la corrupción, etcétera, y además estaba Menem, que generaba este tipo de reacción. Tres tipos de actores protagonizan estas iniciativas. Primero, movimientos de protesta, como las múltiples movilizaciones contra la violencia policial, en casos como los de María Soledad, Carrasco y Cabezas. Segundo, la red de ONG y asociaciones civiles que tienden a monitorear al Gobierno. Tercero, la aparición de un periodismo crítico, o de denuncia, que se centra fundamentalmente en exponer casos de corrupción gubernamental.

-¿En qué países de la región aparecen con más fuerza este tipo de demandas?

-En aquellos países en los que los procesos previos de democratización estuvieron muy influidos por el populismo. En el populismo no existe la idea de accountability . Uno delega mediante las elecciones el poder a un líder, al que ve como excepcional y que, por lo tanto, está por encima de cualquier tipo de control. Lo novedoso es, precisamente, el cuestionamiento hacia este tipo de actitudes o comportamientos, a este tipo de delegación ciega, por parte de ciertos sectores de la ciudadanía que están preocupados por controlar cómo se ejerce el poder. La idea de que no se firman más cheques en blanco a Menem, a Kirchner o al que sea. Como yo trabajo más el tema de la sociedad civil, lo que veo como nuevo es la aparición de actores que antes no estaban. Por ejemplo, una segunda generación de organizaciones cívicas: Poder Ciudadano, por mencionar una, y toda la red de organizaciones de derechos humanos.

-¿El movimiento de derechos humanos influyó en esta reacción?

-Esos movimientos fueron cruciales, pues contribuyeron a deslegitimar a la dictadura militar, a cuestionar los rasgos autoritarios de la tradición democrática argentina y, en particular, a ligar la idea de democracia con la de Estado de Derecho, algo que estaba más bien desdibujado.

-¿Existe relación entre la aparición de estas nuevas demandas y el "que se vayan todos"?

-Definitivamente. La aparición del movimiento de derechos humanos representa un primer momento de participación cívica. Un segundo momento es la aparición de la accountability social, es decir, organizaciones que se plantean que no es suficiente reclamar derecho. Además, hay que construir un Estado de Derecho, poderes autónomos, particularmente el Judicial, que es el que garantiza dichos derechos. Gran parte del discurso electoral de la Alianza estuvo dirigido a este electorado independiente, a estos sectores más demandantes de la ciudadanía. Pero el escándalo del Senado les generó una frustración. Habían creído que a través del voto iban a lograr una renovación y un mejoramiento de las prácticas políticas. Los cacerolazos son un tercer momento de la participación, esta vez, ligados a la frustración por el fracaso de la Alianza. Estos sectores comprenden que la baja calidad de las instituciones de la democracia argentina no es simplemente un problema generado por una administración, la de Menem, sino que concierne a toda la clase política. Los cacerolazos combinan, por lo tanto, una reacción a circunstancias muy coyunturales, como el corralito y la crisis económica, con la acumulación de demandas ciudadanas insatisfechas de mejora institucional. Los cuestionamientos y escraches a la Corte Suprema, el "que se vayan todos", los reclamos de reforma política, etcétera, fueron preocupaciones que estuvieron muy presentes en los cacerolazos.

-¿Qué pasó después?

-Todas estas demandas de accountability social se fueron tornando más débiles, por varios motivos. La crisis generó una fuerte demanda de gobernabilidad y, en este sentido, Kirchner fue muy efectivo para construir autoridad política a partir de dicha demanda de orden. Algo similar sucedió cuando asumió Menem: ante el caos que imperaba tras la crisis hiperinflacionaria, surgió una demanda de gobernabilidad económica, como la hubo también con Duhalde y luego con Kirchner. Esto hace que otras demandas o cuestiones queden relegadas a un segundo plano. La gente no se preocupa tanto por cómo se gobierna, sino por que se restablezca un umbral mínimo de gobernabilidad. Duhalde, Lavagna y Kirchner han sido exitosos en el aspecto del crecimiento económico. Además, inicialmente Kirchner se encargó de enviar ciertas señales a los sectores que hacían este tipo de demandas. Medidas como remover la Corte y las cúpulas policiales, designar una persona de ARI en el PAMI y la política de derechos humanos estuvieron dirigidas a cortejar a los sectores independientes de la ciudadanía. El problema que veo es que, de estas señales, la que persistió en el tiempo fue la política de derechos humanos y no las demandas de mejora institucional. La política de derechos humanos le permitió a Kirchner dividir y captar a parte del grupo de ONG que se dedican al control gubernamental y a generar apoyos en el sector más progresista del electorado y de la sociedad civil organizada.

-Kirchner ha centrado su discurso en la defensa de los derechos humanos...

-El problema de la política de derechos humanos de Kirchner es que desvía los temas de preocupación institucional hacia el pasado y elude el presente. Muchas organizaciones están centradas en esta demanda de justicia retributiva por los hechos del pasado, pero no hay una discusión acerca de cómo está ejerciendo el poder Kirchner en el presente. ¿Qué pasa con los derechos humanos, la división de poderes y el debido proceso en el presente? Kirchner captó hábilmente el apoyo de estos sectores con medidas que reorientan las demandas institucionales hacia el pasado, pero que no resuelven qué está sucediendo en este momento con la policía, con los decretos de necesidad y urgencia, con la Justicia, con los superpoderes, con el manejo de la información pública, etcétera.

-¿Hay un debilitamiento de las demandas de control social?

-En cuanto al primer actor de la accountability social, el sector de las ONG, está actualmente dividido, porque hay ciertos sectores, como parte del movimiento de los derechos humanos, que han sido captados o beneficiados por el Gobierno. En este momento, tampoco hay un periodismo de denuncia. No existe el festival de escándalos que hubo en los años 90. Lo que digo es que Kirchner supo desarticular estas demandas de rendición de cuentas. Es un gobierno que está muy preocupado en controlar, en otorgar premios y castigos de manera de subir los costos a los medios y a los periodistas que denuncian casos de corrupción...

-¿Esto explicaría la desaparición del periodismo de denuncia?

-El hecho de que haya muchas menos denuncias no creo que se deba a que este gobierno sea más virtuoso que gobiernos anteriores, sino a que desde el mismo gobierno hay todo un sistema de iniciativas orientadas a dar premios o castigos, presionar a los directores de los medios, a los periodistas. Es un gobierno que está muy preocupado por lo que sale y lo que no sale en los medios, y que toma todo tipo de iniciativas para controlar la agenda mediática.

-Sin embargo, existen grupos que expresan su descontento...

-De los tres actores que protagonizan la accountability social -las ONG, el periodismo de denuncia y los movimientos de protesta-, estos últimos son los más impredecibles y, por lo tanto, los más difíciles de controlar. Creo que son los que más preocupan al Gobierno, porque está siempre el riesgo de una protesta que tenga costos políticos muy altos. En este tercer sector se ubican Blumberg y los familiares de Cromagnon. La estrategia del Gobierno no es enfrentarlos, sino tratar de captarlos y responder a sus demandas, aunque esta actitud parece haber cambiado después de la nueva marcha de Blumberg.

-¿Cree que estos grupos sienten la necesidad de buscar un chivo expiatorio?

-No necesariamente. Efectivamente, una degeneración de este tipo de demandas de control social es la búsqueda de chivos expiatorios. El problema es que de esta manera no se resuelve el problema institucional, no se resuelve lo que motivó la movilización inicial, sino que se lo politiza, aunque desde abajo. A la politización gubernamental del Poder Judicial para lograr o para evitar ciertos fallos se le responde con presión social para obtener un fallo determinado. Un ejemplo de ello son las expresiones de ciertos familiares en la tragedia de Cromagnon. Responder de esta manera a este tipo de demandas es una degeneración de la accountability social. Si un gobierno está centrado sólo en el corto plazo -o sea, en responder a demandas puntuales y en el día a día-, se cae en una degeneración del control democrático.

-¿Dónde ubicaría a los asambleístas de Gualeguaychú?

-Junto a Blumberg y Cromagnon, los asambleístas de Gualeguaychú representan un ejemplo de movimientos de protesta cívica que pueden generar potenciales costos políticos al Gobierno. En este caso particular, las autoridades locales y nacionales dejaron que se les fuera el conflicto de las manos y cuando lo tomaron en serio no sólo se había convertido en un conflicto nacional, sino también en un conflicto diplomático. El de Gualeguaychú es un caso un poco distinto al de otros casos de accountability social, como pueden ser los de María Soledad y Blumberg. Eso le permitió a Kirchner despegarse de los costos domésticos, apoyando los reclamos y el enojo social hacia Uruguay. Es costoso políticamente en otros términos, en cuanto a las relaciones bilaterales con Uruguay y con el Mercosur.

-¿Qué balance hace del estado de los mecanismos de control del Gobierno por la sociedad civil en la Argentina de Kirchner?

-En este momento, esta agenda está en retroceso o se encuentra congelada. Entre los que podrían activarla no hay mayormente conciencia de que Kirchner debe ser controlado. Esta demanda está ausente porque el Gobierno ha desarrollado estrategias para desarticular o quitarle presencia a este tipo de discurso. La experiencia del menemismo le sirvió al actual gobierno de aprendizaje para lidiar con estas cosas. Por ejemplo, para evitar el festival de escándalos de los 90. La recuperación económica ayudó para que parte de estos sectores medios urbanos fueran menos críticos y más tolerantes con el Gobierno. Pero lo que les está faltando a estos sectores de la sociedad civil es aprender a moverse en este nuevo contexto. Deben cambiar las estrategias, porque, probablemente, las utilizadas en los años 90 ya no sean efectivas. .

Por Sylvina Walger Para LA NACION
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