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Imputaciones por la píldora del día después

Indagan a directivos de un laboratorio

Jueves 14 de septiembre de 2006

CORDOBA.- La Justicia amplió las imputaciones contra directivos de un laboratorio que comercializa una de las marcas de la llamada "píldora del día después", y dispuso profundizar la investigación respecto de otros y de funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat), a instancias de una presentación de la ONG católica Portal de Belén, que denuncia que se ha omitido dar a publicidad los verdaderos efectos abortivos de aquellos fármacos, que son vendidos como anticonceptivos.

La fiscal Patricia Oscariz resolvió imputar a los directivos del laboratorio Raffo Jorge Alberto Belluzo, Rolf Erick Robert Hatmann y Claudio Daniel Núñez, por vender en Córdoba la píldora Segurite, considerada abortiva por Portal de Belén. La fiscal los emplazó a designar abogado y presentarse ante el tribunal para su identificación, para tomarles con posterioridad declaración indagatoria.

En tanto, el fiscal Gustavo Reinaldi, que investiga a los directivos del laboratorio Biotenk por el mismo cargo que los de Raffo, solicitó al juez de Control de Córdoba Agustín Spina Gómez que disponga que esta investigación se acumule a la que encabeza en Buenos Aires el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en la que están bajo la lupa los funcionarios de la Anmat que habían autorizado la comercialización de la píldora.

Sostuvo en su resolución que existe vinculación de funcionarios nacionales con la distribución de Norgestrel Max, de Biotenk, una variedad de la "píldora del día después", porque no podría haberse hecho sin que la Anmat autorizaran su comercialización.

En su momento, Portal de Belén denunció que funcionarios de Anmat habían ordenado a Biotenk ocultar al público la información sobre los mecanismos supuestamente abortivos de la píldora y por ello pidió que sean investigados como partícipes necesarios del delito previsto en el artículo 201 del Código Penal, que reprime con 3 a 10 años de prisión a quienes "vendan, pongan en venta o distribuyan productos medicinales dañinos a la salud humana ocultando su carácter nocivo".

Las denuncias de la ONG se iniciaron a partir de la constatación de que en los prospectos que acompañan a la píldora en países donde el aborto es legal, los laboratorios admiten el efecto abortivo de las píldoras, mientras que en los prospectos distribuidos en la Argentina eso no ocurre.

"Con la correspondiente autorización, el medicamento y su prospecto podían distribuirse legalmente [pero] en el caso concreto fue la propia Anmat la que indicó la información que debía brindarse, y es precisamente esto lo que se cuestiona en esta causa", opinó Reinaldi.

Acusación agravada

El fiscal "agrava la situación de los funcionarios de la Anmat, que hasta ahora sólo habían sido imputados por un fiscal federal porteño por abuso de autoridad, que tiene una pena sensiblemente menor", dijo Aurelio García Elorrio, directivo de Portal de Belén.

La ONG, que tiene a su cargo cinco hogares para madres solas, informó además que "se esperan nuevas imputaciones a otros laboratorios en las próximas horas, ya que existen por lo menos 27 fármacos supuestamente anticonceptivos en el mercado, que los fabricantes extranjeros venden reconociendo expresamente el efecto abortivo, lo que es ocultado deliberadamente a las usuarias argentinas con la absoluta complicidad" de los funcionarios de la Anmat.

García Elorrio indicó que tres jueces federales de Buenos Aires (Sergio Torres, Julián Ercolini y Canicoba Corral) y cinco fiscales de Córdoba investigan sus denuncias. Añadió que en la causa que instruye Torres está imputado el propio ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Ya en marzo de 2002, a instancias de denuncias de esta ONG, la Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibió la venta de Inmediat, la "píldora del día después" que comercializaba el laboratorio Gador.

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