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El Gobierno rechazó el alza de cuotas de las prepagas

Miceli advirtió que no se permitirán los incrementos; las empresas mantienen su anuncio

Miércoles 25 de octubre de 2006
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LA NACION

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. Luego de que las empresas de medicina prepaga anunciaron que incrementarán sus cuotas entre un 20 y un 23% en enero próximo, la ministra de Economía, Felisa Miceli, expresó ayer por la mañana un fuerte rechazo a esa medida, y advirtió: "No vamos a permitir que esos aumentos se produzcan". Para lograr ese objetivo, afirmó la funcionaria, se usarán "todas las medidas que estén a nuestro alcance", aunque no especificó a qué se refería.

Desde el sector de la medicina prepaga, cuyos directivos habían realizado anteayer una conferencia de prensa para explicar los motivos del encarecimiento de los planes de salud, ayer se optó por el silencio, a la espera de un encuentro con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que sería la semana próxima. Sin embargo, las compañías no dieron marcha atrás con el envío de las cartas en las que comunican a sus afiliados el aumento de las cuotas, que es de alrededor de un 22% en el caso de las entidades líderes: Swiss Medical, Galeno, Medicus y Omint.

Por su parte, un grupo de clínicas anunció ayer un plan de acciones para lograr un alza de los aranceles que pagan las obras sociales y las prepagas, más allá de que a éstas se les permita subir sus cuotas. Y advirtieron que, de no lograr subas, cobrarán adicionales a los pacientes.

Respecto de la reacción de Economía frente al alza de precios, fuentes del Ministerio indicaron a LA NACION que "había una discusión que los empresarios del sector rompieron, y por eso se dio este mensaje de política económica, que deben entender los otros sectores". Según las fuentes, las prepagas estaban analizando sus costos con las secretarías de Comercio Interior y de Coordinación Económica, que conducen Guillermo Moreno y Silvia Canela, respectivamente. Pero el anuncio de las empresas deja todo en punto muerto. "Ahora el tono de la discusión será otro, porque vamos a discutir cada número; y no será un debate sobre el control de precios, sino de política económica", indicaron en el Gobierno.

Las herramientas que se reserva Economía para aplicar, si se insiste con el alza, son las leyes de abastecimiento, de defensa del consumidor y de la competencia. Ayer se supo que el sector ya recibió multas por $ 311.000.

Al hablar en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, y luego de reunirse con el presidente Néstor Kirchner, Miceli expresó: "No vamos a permitir que una vez más sectores particulares pretendan establecer sus intereses por encima del bien común". La ministra consideró que "no hay ningún cálculo económico" que justifique subas mayores al 20 por ciento.

Las prepagas sostienen que el incremento de sus costos llega al 28%, por el impacto de factores como un aumento salarial que habría en diciembre en las clínicas -de un 19 por ciento-, y una actualización que prometen dar a los prestadores. Respecto de la negociación con funcionarios, en el sector privado hay quienes descreían ya de esas conversaciones, y la decisión de anunciar las subas esta semana tiene que ver con la obligación de comunicar las alzas a los afiliados con 60 días de anticipación.

Por su parte, el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, sostuvo que la actividad de la salud necesita una actualización de sus ingresos, aunque puntualizó que la suba de cuotas debería ser de un dígito.

El superintendente y el ministro de Salud, Ginés González García, recibió ayer a representantes de clínicas, quienes consideraron que no hubo avances con respecto a las medidas que están en estudio para aliviar la crisis del sector, y que incluyen la exención del impuesto al cheque, la posibilidad de tomar el IVA a cuenta de cargas sociales y una amplia moratoria por las deudas que acumula el sector sanitario con el fisco desde 2002.

Tras la reunión, cuatro entidades de clínicas decidieron un plan de acciones que comenzará hoy con una pegatina de afiches, para lograr un alza de los aranceles pagados por las obras sociales y las prepagas. De no lograr la suba, analizan cobrar un adicional a los pacientes. Antes de tomar esa decisión, los sanatorios aseguran que, unilateralmente facturarán sus servicios con un 30% de aumento.

Con la colaboración de Martín Kanenguiser

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