En las elecciones presidenciales de 2003, el Frente para la Victoria, que postulaba a Néstor Kirchner, y el Frente para la Lealtad, que impulsaba a Carlos Menem, gastaron mucho más dinero que el que permite la ley de financiamiento político, sancionada en 2002. Pero la jueza federal María Servini de Cubría solucionó el inconveniente: decidió no aplicar la ley.
La decisión de la magistrada beneficia principalmente al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que actuó como responsable político del FV, y a Héctor Capaciolli, su responsable financiero. También, a quienes desempeñaron esas funciones para el menemismo.
Para la magistrada, los gastos que hicieron consultoras, agencias de publicidad, imprentas y otras empresas en favor de cada uno de esos partidos no violaron esos límites porque, según ella, los políticos y los partidos que se beneficiaron con publicidad y otras donaciones ignoraban esa situación.
Un artículo de la ley, que fue aprobada como el germen de una reforma política el mismo año en que la gente reclamaba “que se vayan todos”, prevé que quienes violan los límites legales sufrirán penas de multa e inhabilitación para votar y para ejercer cargos públicos. La magistrada declaró que ese artículo es inconstitucional.
La resolución admite que los gastos superaron los límites legales, pero la interpretación de la magistrada evita las sanciones. El fiscal federal Jorge Di Lello, que tiene competencia electoral, había planteado ese mismo criterio y, por lo tanto, no presentó el recurso de apelación. Por eso, la Cámara Nacional Electoral no podrá revisar ni revocar estas decisiones. En definitiva, las dos sentencias de la jueza y la falta de apelación del fiscal provocaron que las resoluciones queden firmes.
Ayer, en la Cámara Nacional Electoral era palpable el mal humor. Fuentes del tribunal consultadas por LA NACION calificaron las decisiones como "una burla a la ley, a partir de una interpretación antojadiza que hace la jueza".
En todas las democracias del mundo, el financiamiento de los partidos es uno de los puntos más oscuros de la política.
En la Argentina, en 2002, luego de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y en medio de un clamor popular por avanzar con la reforma política, el Congreso, durante la gestión del entonces presidente Eduardo Duhalde, sancionó la ley de financiamiento político, número 25.600, que puso topes al dinero que manejan las agrupaciones.
Esa norma establece que los partidos se financian con aportes que reciben del Ministerio del Interior y con aportes privados, que le hacen personas físicas (particulares) o personas jurídicas (asociaciones, empresas, etcétera).
La ley también dispuso que durante las campañas presidenciales y legislativas, "los candidatos, los partidos y cualquier otra persona" no podrán superar de determinados porcentajes de aportes.
IrregularidadesTras las elecciones presidenciales de 2003, un cuerpo de auditores nombrado por la Cámara Electoral comprobó que varios de los candidatos no informaron el monto real del dinero que utilizaron con fines proselitistas. Confrontando los informes presentados por las propias agrupaciones con las facturas y documentos recolectados entre empresas anunciantes, medios de comunicación e imprentas, los expertos determinaron que el Frente para la Lealtad, que impulsó al ex presidente Carlos Menem, declaró 11 millones de pesos menos de los efectivamente gastados, mientras que el Frente para la Victoria, que postuló a Néstor Kirchner, declaró 2,2 millones menos.
Pero, además, los expertos comprobaron que hubo empresas (consultoras, agencias de publicidad, medios de comunicación e imprentas) que efectuaron aportes que, computados en su conjunto, excedían todos los límites.
El artículo 39 de la ley castiga tanto a las personas que hacen aportes en exceso como a quienes los aceptan o los reciben. Y fija penas de multa e inhabilitación, que tienen especial gravedad para los políticos, porque esta sanción va de 6 meses a 10 años para ejercer cargos públicos.
Si se hubiera aplicado la norma, los principales perjudicados hubieran sido Fernández, Capaciolli, y los responsables político y financiero del Frente para la Lealtad, Carlos Gatti, Manuel Otero González y Angel Mariano Torres.
El falloAhora, con la decisión de la jueza Servini, ninguno de ellos corre riesgo alguno y la posibilidad de controlar ese aspecto tan controvertido de la vida de los partidos volvió a foja cero.
La jueza, en su resolución, considera que le corresponde controlar "los gastos de campaña efectuados directamente (por los partidos) y a través de terceros", pero el control no incluye la "publicidad contratada por terceros".
Además, Servini de Cubría entendió que hubo empresas que hicieron aportes en favor del FV y del FL sin que las agrupaciones o sus responsables políticos y financieros estuvieran al tanto de tanta generosidad, por lo cual éstos no pueden ser condenados por los aportes de aquellas firmas.
"Servini destruyó cualquier posibilidad de controlar a los partidos", dijo ayer a LA NACION una fuente de la Cámara Electoral, cuando se consultó sobre el fallo que la magistrada dictó el 13 de octubre, pero que sólo se conoce ahora.
La resolución de la jueza admite que hubo irregularidades y cita los informes de los peritos que cuestionaron los excesos de gastos. Empresas que hicieron los aportes plantearon la inconstitucionalidad del artículo 39 -que es el que establece las multas y la sanción de inhabilitación- y la jueza hizo lugar a ese planteo.
No obstante, a pesar de todo ello, la jueza resolvió "aprobar la rendición de cuentas" y notificó la resolución al Congreso nacional.
Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION
