La justicia federal de Mendoza investiga si la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y los ex funcionarios de su gobierno Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero tuvieron responsabilidad en la desaparición forzada de un joven mendocino, el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar.
El juez federal de San Rafael, Raúl Acosta, envió un oficio al ministro de Gobierno de la provincia, Sergio Marinelli, para que informe sobre los datos personales de los involucrados, entre quienes también están el fallecido ex ministro del Interior Angel Federico Robledo, el ex canciller Manuel Arauz Castex, el ex ministro de Defensa Tomás Vottero, el ex ministro de Bienestar Social Carlos Emery y el ex presidente provisional del Senado Italo Luder.
Ruckauf, que actualmente es diputado nacional, fue ministro de Trabajo durante el gobierno de la viuda de Perón. Cafiero se desempeñó como ministro de Economía.
Todos los ex funcionarios están investigados por su responsabilidad en la firma de tres decretos de 1975 en los que el gobierno ordenaba “aniquilar a la subversión”. La investigación se inició el 25 de febrero de 1976, cuando Héctor Alejandro Fagetti Gallego, empleado de la Municipalidad de San Rafael que entonces tenía 26 años, fue detenido por fuerzas de seguridad. Su familia nunca más supo de él.
Ayer trascendió que el juez había pedido la detención de la ex presidenta y sus ex ministros, pero el magistrado negó a LA NACION que hubiera firmado resolución alguna en esta investigación. "Lo único que firmé fue un pedido de informe", aclaró. Además, sostuvo que la causa está bajo secreto de sumario y que entonces se negaba a confirmar o desmentir la información.
De todas maneras, indicó: "Escuché en los medios que yo en las próximas horas iba a ordenar las detenciones. No tengo previsto detener a nadie".
Agregó que una vez que recibiera los datos, entre los que pidió domicilios actualizados de los involucrados, analizaría las medidas por tomar. Una de las dos hermanas de Fagetti, Berta, dijo a LA NACION que la familia no había motorizado la investigación como querellante y contó que durante los años posteriores a la desaparición los tenían engañados. "Nos decían que lo iban a largar, pero nunca más volvimos a verlo", agregó.
Al conocer la noticia, uno de los abogados de la viuda de Perón, Atilio Neira, dijo desconocer la causa. "Nadie me notificó nada", se quejó. Además, criticó que se haya pedido información de una persona que está muerta, como Robledo.
El juez aclaró, no obstante, que él igual debe solicitar los datos. Tanto Cafiero como Ruckauf se mostraron sorprendidos. "¿Qué tenemos que ver nosotros con la desaparición? Me parece tan absurdo todo esto", evaluó el ex senador. El diputado destacó que los funcionarios del gobierno de Martínez de Perón fueron "víctimas" tras el golpe de Estado de 1976, y "no cómplices".
Tres decretos claveLa responsabilidad de la viuda de Perón y su gabinete que analiza el juez nace de la firma de tres decretos del 6 de octubre de 1975, un día después del ataque subversivo al Regimiento de Infantería 29 de Formosa: son los números 2770, 2771 y 2772.
El primero de ellos establecía que ante "la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos" se creaba el Consejo de Seguridad Interior. El segundo colocaba bajo control operacional del gobierno nacional a las policías provinciales para su empleo en la lucha contra la subversión.
Por último, el gobierno firmó el tercer decreto por el cual las Fuerzas Armadas, bajo el comando del presidente, ejecutarían "las operaciones militares y de seguridad necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".
Ayer, el ministro de Gobierno de Mendoza, Sergio Marinelli, confirmó que el juez le solicitó información administrativa de 1975, pero también negó que existiera una orden de detención.
Según indicó el juez, en el oficio pidió que se informara en forma urgente los datos personales de los funcionarios que dispusieron poner a las policías provinciales bajo el control del gobierno nacional", tal como lo establecía uno de los decretos de la viuda de Perón.
Con la colaboración de
Sergio Dimaría
