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La semana internacional / Pasteras sobre el río Uruguay

Un conflicto trascendente

El Mundo

La política en el Mercosur sufre la pesada carga de un conflicto entre la Argentina y el Uruguay. Por ahora, el enfrentamiento derivado de la ubicación de una fábrica de pasta de papel frente a la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, no ofrece signos capaces de encaminarlo por el carril del compromiso y la moderación.

Aun aceptando los buenos oficios del rey de España, el clima está contaminado no sólo por los posibles efectos en el agua y la atmósfera de este formidable emprendimiento industrial, sino también por las pasiones que se han desatado en el ánimo de los actores. Parecería que, en poco tiempo, se hubiese derrumbado una larga historia de hermandad. ¿Es esto acaso posible a la vista del enorme potencial que representa nuestra región en el mundo como comunidad pacífica y plataforma de desarrollo compartido?

En realidad, duele en el alma reconocerlo, tal posibilidad existe, agravada por el hecho de que la política exterior se está jugando sobre un tablero en el cual la presencia de un tercer actor complica las cosas hasta el punto de atar de pies y manos a cuanta hipótesis de acuerdo ronde la cabeza de los gobernantes de ambos países. Este tercero en discordia, habitualmente no contemplado en las teorías acerca de la política exterior, está constituido por grupos de veto basados en asambleas espontáneas y en la acción directa sobre el espacio público (en este caso, el puente con sus carreteras adyacentes que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde se está construyendo la planta productora de pasta de papel).

El enfoque tradicional acerca de la política exterior supone un proceso de concentración de las decisiones en el ápice de la estructura del Estado. Por lo general, la trama de la guerra y la paz entre los Estados alude a un proceso de representación llevado hasta sus últimas consecuencias. Son pocos, muy pocos, los que representan el interés de un Estado en relación con otros Estados. Esta distancia entre representantes y representados es mensurable tanto en las circunstancias del conflicto como en las oportunidades en que se abre el horizonte de la integración regional. En el largo proceso de formación de la Unión Europea y en el más corto del Mercosur, los protagonistas fueron ante todo los representantes de los Estados. Después, en buen talante democrático, intervienen los electorados llamados a rechazar o aprobar esos tratados.

En el conflicto actual entre la Argentina y el Uruguay, este cuadro se ha modificado sustancialmente. Más aún, se lo ha puesto patas arriba como resultado de la crisis de representación política, desencadenada con fuerza entre nosotros a partir de los años 2001 y 2002 y aún no clausurada. Este coletazo nos indica que el cuerpo soberano de la democracia, débil en su componente republicano, sigue fragmentado porque una parte de éste, por más pequeña que ella sea, se arroga la voluntad de definir directamente una política mediante diversos cursos de acción.

Según la conciben nuestros vecinos de Gualeguaychú, esa política está conducida por una hipótesis máxima: "Nos iremos del puente -postulan sucesivas asambleas- cuando la empresa Botnia, al igual que la española ENCE, se retire y abandone su proyecto en Fray Bentos". Esta apuesta, que no reconoce, insistimos, pasos intermedios, recrudece a medida que el gobierno uruguayo marca puntos a su favor en las diversas instancias en que, por su decisión o la del gobierno argentino, se desenvuelve el conflicto: Corte de la Haya, tribunales arbitrales del Mercosur, Banco Mundial, etcétera.

La trama del debate está pues formada por un campo -el uruguayo- en el cual es visible un fuerte alineamiento en torno de un proyecto de carácter nacional. Semejante amalgama no se advierte del lado argentino: en nuestro país, en efecto, no hay concentración de decisiones sino escisión entre lo que formula la diplomacia y lo que pretende llevar a cabo la asamblea popular de Gualeguaychú. La diplomacia actúa en su propio ámbito mediante un conjunto de hipótesis intermedias que deberían establecer un ámbito legítimo de negociaciones; el "asambleísmo" lo hace, en cambio, clausurando ese terreno de aproximaciones sucesivas y enarbolando hipótesis de todo o nada. Este temperamento bloquea en el Uruguay la intencionalidad negociadora y agrava el distanciamiento de los gobiernos.

El problema principal que hostiga a los argentinos está centrado en la pregunta de qué hacer para restaurar el orden. Se puede llegar a ese objetivo mediante una negociación con los grupos movilizados en Gualeguaychú que los haga desistir de la estrategia emprendida o, de lo contrario, a través del recurso consistente en aplicar, por medio de la Justicia, el poder coactivo del Estado en esa parcela de nuestro territorio. Se comprenden las dudas e interrogantes suscitados por una política sobre la cual planean, en son de temible señal, los fantasmas de un pasado reciente teñido de sangre: cuando los gobernantes anteriores al presidente Kirchner desalojaron puentes ocupados por grupos de veto tuvieron que pagar el precio de varias víctimas mortales. Terrible dilema.

Estos temores aumentan en proporción al desarrollo cuantitativo de la protesta. De tal suerte, la encrucijada está abonada tanto por la debilidad de los sectores moderados en las filas de los grupos de veto como por los límites que el propio gobierno se ha impuesto en cuanto al uso de la coacción estatal. Paradójicamente, la autorrestricción gubernamental -un estilo típicamente moderado- favorece a los "maximalistas" que no perciben mayores amenazas a su conducta. Hasta el momento, nada ha impedido que ese espacio público se convierta en coto cercado por el interés (cuya legitimidad no discutimos) de quienes se sienten afectados por la futura planta de pasta de papel.

A estas alturas de los acontecimientos, los dados parecen echados para acotar cada vez más las opciones moderadas. ¿Habrá que esperar a que esta querella se diluya gracias al paso del tiempo? ¿O habrá que apostar, ante la trabazón que padecemos entre intereses particulares y generales, a que se verifiquen los criterios de calidad ambiental esgrimidos por la empresa Botnia, el gobierno uruguayo y el Banco Mundial?

En cualquiera de los dos casos los grandes ausentes serían la razón pública y la ética de la cordura. Uruguay no negocia porque ha encontrado excusas valederas y la Argentina insiste en esa tesitura porque no ha logrado unificar las decisiones hacia dentro de sus fronteras. El choque entre la lógica del asambleísmo de los grupos de veto y la lógica de la diplomacia conduce, en el mejor de los escenarios, al estancamiento, y, en el peor, a morder el polvo de la derrota. Lección significativa, acaso, para los maximalistas. De proseguir esa estrategia, la cosecha del resentimiento hará valer sus títulos.

La hora debería sonar, pues, para los moderados en una y otra orilla, aunque todavía no se advierte, al respecto, ningún signo positivo. Mientras tanto el reloj corre en contra de todos, especialmente de los maximalistas. No vaya a ser que, luego de tantas confrontaciones y arremetidas, la planta de pasta de papel comience a funcionar sin contar con un acuerdo que garantice, en ambos países, la buena ecología del entorno común. Entonces sí que habremos perdido. .

Por Natalio R. Botana Para LA NACION
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