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Se investigan irregularidades en la red informática de Justicia

Iribarne pidió hacer una auditoría externa y ya renunciaron dos directores

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LA NACION
Domingo 24 de diciembre de 2006

Irregularidades en la elaboración de trámites públicos, la existencia de sistemas informáticos vulnerables, bases de datos supuestamente utilizadas para el usufructo personal y programas de sofware no autorizados. Con este explosivo cóctel se encontraron las autoridades del Ministerio de Justicia y se abrió una crisis con variados efectos: la realización de una polémica auditoría privada, las denuncias cruzadas entre funcionarios y organismos de derechos humanos y la renuncia de dos directores del Ministerio.

Hace un mes, el ministro de Justicia Alberto Iribarne analizó distintos informes producidos por la Unidad de Auditoría Interna de su cartera en los que se advertían sobre la existencia "debilidades en las normas y procedimientos que aseguraran la seguridad física y lógica de las aplicaciones, datos y equipamiento informático de las áreas dependientes de la Subsecretaría de Coordinación e Innovación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

A partir de allí, Iribarne sospechó que se estaban adulterando las redes informáticas y algunos funcionarios usaban mecanismos internos para duplicar trámites de "timbrado" con fines económicos. Ante este complejo panorama contrató a la empresa de Pricewaterhouse para hacer una auditoría que generó una fuerte polémica interna y externa.

El efecto interno en el Ministerio de Justicia fueron las renuncias que presentaron el director de Informática de Justicia, Jorge Pinto, y el director de la Inspección General de Justicia, Hugo Rossi.

El detonante externo fue que la fundación Servicio Paz y Justicia (Serpaj), liderada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, denunció una supuesta manipulación de bases de datos públicos sensibles por parte de una empresa privada.

Los voceros del ministro Iribarne dijeron que desde hace mucho tiempo venían sospechando de por lo menos tres irregularidades puntuales en el manejo de las bases de datos de Justicia: la falta de normas informáticas para la seguridad de las bases de datos; el supuesto usufructo personal de información sensible y la reiteración de trámites de timbrado en la Inspección General de Justicia. El tema podría terminar en los tribunales, según comentaron a LA NACION fuentes calificadas del Ministerio de Justicia.

La auditoría

Iribarne contrató en forma directa y por un costo de 18.000 pesos a la empresa Pricewaterhouse para cumplir entre el 7 y el 9 de noviembre dos tareas específicas:

Evaluar si la seguridad informática del Ministerio de Justicia se ajusta al modelo impuesto por la Oficina Nacional de Técnica Informática (ONTI).

Analizar las licencias de sofware instaladas en la Subsecretaría de Coordinación e Innovación de la cartera de Justicia.

Los voceros del ministro de Justicia dijeron que la auditoría no incluyó las bases de datos personales y que "nunca hubo" traspaso de información sensible a manos privadas.

En tanto, la Subsecretaria de Coordinación e Innovación del Ministerio de Justicia, Norma Vicente Soutullo, informó a LA NACION que "la realización de las tareas de consultoría, realizadas en las computadoras pertenecientes a las áreas que dependen de la Subsecretaría de Coordinación e Innovación del Ministerio de Justicia, de ninguna manera significan la privatización de la seguridad informática de este ministerio".

La auditoría de Pricewaterhouse se hizo en las secretarías de Justicia, Política Criminal y Derechos Humanos y en la Subsecretaría de Coordinación e Innovación.

También hubo una auditoría interna del ministerio en la Inspección General de Justicia. Esta decisión originó una catarata de cuestionamientos y la renuncia de Rossi y de Pinto. LA NACION no pudo dar con estos dos ex funcionarios a pesar de las reiteradas llamadas efectuadas. Pero allegados a éstos dicen que dejaron sus cargos molestos por la contratación de una consultora externa.

La preocupación por el tema llegó al portal de Internet Identidadrobada.com, que dirige el abogado Daniel Monastersky, que presentó una carta en el Ministerio de Justicia para exigir que se aclare la realización de una auditoría y se verifique si hubo irregularidades en el manejo de datos sensibles.

Las irregularidades

Fuentes calificadas del Ministerio de Justicia destacaron que desde la Inspección General de Justicia se habrían manipulado bases de datos para habilitar el cobro de trámites de "timbrado" inexistentes. La operatoria no está probada, pero en Justicia sospechan que hubo un negocio.

Por otra parte, desde la cartera que lidera Iribarne apuntan a Ana Chávez, una funcionaria del programa Antiimpunidad. Chávez es, a la vez, miembro de la fundación Serpaj. En Justicia están convencidos de que hubo un supuesto uso personal de las bases de datos desde las oficinas de Antiimpunidad. En diálogo con LA NACION, Chávez negó el supuesto uso de los datos del ministerio y dijo que "nunca" tuvo acceso a las bases de datos de Derechos Humanos.

Pérez Esquivel dijo a LA NACION que "como ciudadanos debemos plantear la preocupación por el manejo de la información pública y sensible de parte de una empresa privada. Nadie sabe a dónde irá a parar esa información y qué hizo la empresa Pricewaterhouse en la auditoría. Me preocupa que esa empresa esté relacionada con una compañía de tan malos antecedentes como IBM".

Además, en Serpaj denunciaron que la empresa privada copió los discos rígidos de algunos servidores del Ministerio de Justicia del que dependen organismos sumamente sensibles.

En la empresa Pricewaterhouse no quisieron hablar. La vocera de esa compañía, Lucrecia Fretes, se limitó a decir que "la empresa tiene una política de confidencialidad y no puede dar información".

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