Verificaron problemas con el agua y las cloacas en Caballito, Villa Urquiza y Palermo
Habrá nuevas exigencias para construir torres en tres barrios
Exigirán un certificado técnico de AySA y ampliarán los estudios de impacto ambiental
El gobierno porteño mantendrá ciertas restricciones a la construcción de edificios en sectores de los barrios de Caballito, Villa Urquiza y Palermo, a los que en los despachos oficiales llaman "polígonos críticos" por deficiencias encontradas en las redes de agua potable y cloacal, que proyectan reparar luego de la firma de un convenio con la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
Más exactamente, según pudo saber LA NACION de fuentes confiables, dentro de esos "polígonos críticos" la Ciudad sólo extenderá permisos de obra a los emprendimientos inmobiliarios que presenten un certificado de factibilidad técnica otorgado por AySA.
Además, reducirá la superficie a partir de la que hoy se exige el cumplimiento de un estudio de impacto ambiental: pasará de 10.000 m2 a aproximadamente la mitad.
Tal es el camino que el gobierno porteño planea seguir cuando, a mediados de febrero próximo, venza la suspensión de los permisos de obra en seis barrios porteños (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Núñez, Palermo, Caballito y Coghlan), establecida por 90 días por un decreto de Jorge Telerman.
La medida respondió al reclamo de los vecinos de Caballito y, en menor medida, de los otros barrios mencionados, que expresaron su preocupación por un posible colapso de los servicios públicos como consecuencia de la explosión de la construcción de edificios en altura registrada durante el último año.
Como contrapartida, despertó airadas críticas de los desarrolladores urbanos, por los perjuicios que la paralización provoca sobre la actividad, que, en los barrios afectados, genera 60.000 puestos de trabajo directos, según cifras que manejan los arquitectos.
Fallas en infraestructura
Tras la suspensión, el gobierno porteño solicitó informes técnicos a las empresas proveedoras de agua, cloacas, energía eléctrica, gas y telefonía respecto de la situación actual de los servicios y sobre las perspectivas para satisfacer las necesidades de toda la nueva población que vivirá en los barrios en cuestión cuando los edificios sean inaugurados.
Si bien los datos no fueron confirmados ayer por el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas ni por la jefatura de gobierno de la ciudad, LA NACION pudo saber de fuentes de primera línea que tanto las compañías eléctricas como las telefónicas y las de gas explicaron que sus redes no registran ni registrarán inconvenientes para abastecer la nueva demanda en ninguno de los barrios alcanzados por la normativa.
En cambio, los relevamientos elevados por AySA sí hablan de tendidos de agua potable y, especialmente, cloacales con fallas que complicarían el normal suministro en las zonas determinadas como críticas de Caballito, Villa Urquiza y Palermo.
Dentro de ellas, coincidieron fuentes de todos los sectores vinculados con el tema, existen decenas de kilómetros de cañerías que deben ser arregladas, por lo que el gobierno porteño y AySA estudian un plan para poner a punto la red y su respectivo financiamiento, proceso que concluirá con la firma de un convenio.
Si bien tampoco cuentan con información oficial, en el sector inmobiliario no se sorprendieron con los cambios normativos en análisis.
"Salida elegante"
"El gobierno debería haber empezado por los informes técnicos y no por la suspensión de los permisos de obra. Los problemas en la red de agua y los desagües son un justificativo para salir públicamente de la situación elegantemente. Están buscando una salida que conforme a todas las partes", dijo el arquitecto Mario Olmedo, vocero de los constructores de Caballito.
Sobre las nuevas exigencias para construir en los puntos críticos de ese barrio, de Villa Urquiza y de Palermo, opinó: "No tenemos problemas con la obligatoriedad del certificado de factibilidad de AySA; sobre la reducción de la superficie para el impacto ambiental habrá que ver cómo se reglamenta".
El arquitecto Eduardo Gutiérrez, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), también mostró su conformidad con la exigencia del aval técnico de AySA. Sin embargo, consideró prematuro evaluar cuánto beneficio producirá imponer el estudio de impacto ambiental a los emprendimientos de más de 5000 m2.
"Quiero aclarar que los desarrolladores tenemos que ser amigables con el medio ambiente, porque trabajamos con él y en él. Y somos muy respetuosos. Simplemente, no terminé de sacar mi conclusión sobre si bajar el metraje ayudará o no", agregó Gutiérrez.
Para graficar, vale decir que un edificio de ocho pisos de semipisos de tres ambientes tiene una superficie promedio de entre 1500 y 2000 m2.
Los 10.000 m2 los llegarían a sumar, por ejemplo, dos torres de alrededor de 20 pisos cada una, con esas características, en un mismo terreno.
Pese a la falta de información oficial, se estima que las exigencias no serán aplicadas a los edificios que ya estén en construcción dentro de los llamados polígonos críticos. .