Las palabras definen las cosas y hasta describen, por sí solas, los conflictos. ¿Podría ser una simple casualidad que las funcionarias del Indec relevadas sean la directora nacional de Estadísticas y la directora de Indices de Precios de Consumo?
Una tenía la obligación de elaborar el sistema estadístico para seguir los movimientos sociales y económicos de la Argentina; la otra debía investigar las convulsiones de la inflación.
Esos resultados son los que se reflejan luego en las primeras páginas de los diarios, convertidos en biblias de lectura cotidiana durante los desayunos presidenciales.
Guillermo Moreno tenía al Indec entre ceja y ceja desde que se hizo cargo de la gendarmería de los precios. Nunca pudo vulnerar el secreto de clave nuclear que rodea el método y los productos que sirven para medir el costo de vida. Pero es probable que haya encontrado una diagonal para llegar a esos enigmas; de hecho, cualquier sensación social indica que la inflación es mayor ahora que la que se expresa en los informes del Indec. No es necesario que ningún dirigente opositor se haga cargo de develar lo que ya es manifiesto.
Cuando se topó con la terquedad de los funcionarios de carrera del Indec para conservar esos secretos, Moreno apeló a su método de siempre: zamarreó a los empresarios por ineptos. Después de todo, les dijo, esos datos misteriosos servirían para controlar los precios que se miden y no el resto. Los empresarios debieron cumplir con Moreno, como siempre han cumplido con Moreno.
El Indec tiene una historia contradictoria. La impresión de la gente de a pie nunca acompañó los informes sociales y económicos del organismo estatal más serio dedicado a la elaboración de estadísticas. Sin embargo, conservó al mismo tiempo un ponderable prestigio entre la dirigencia política y económica. Ese prestigio fue obra, sobre todo, de sus funcionarios de carrera más que de los designios de la política siempre pastelera.
En tiempos democráticos, desde Bernardo Grinspun hasta Roberto Lavagna han tenido sus entreveros con el organismo que, en última instancia, mide la eficacia de la gestión de los ministros de Economía. Domingo Cavallo tuvo con el Indec, como era su costumbre, peleas dignas de una ópera. Con todo, ninguno de ellos se atrevió a tocar su estructura más allá de algún cambio en la conducción política. Nunca llevaron el cuchillo hasta el hueso; esto es, hasta los técnicos que llegaron por concurso a sus cargos o que ascendieron luego de una larga carrera interna.
Los frenaron dos conclusiones. Pagarían de inmediato un alto precio político por meter mano en un organismo prestigioso y, además, perderían la posibilidad de dar buenas noticias porque en adelante nadie les creería a sus estadísticas. Kirchner, Felisa Miceli o Moreno (nadie sabe quién fue el verdugo) decidieron que son más importantes las primeras páginas de los diarios de mañana que la perspectiva de quedarse frente a una sociedad descreída de los informes oficiales sobre la inflación y los movimientos sociales. A Kirchner le preocupa mañana; ya les llegará su hora a los días posteriores.
No son dos elementos desenhebrados los relevos en el Indec y la fuerte presión sindical por los aumentos salariales. El mensaje del Gobierno a los sindicalistas consiste en que no pueden soñar con un aumento superior al del año último, cuando la inflación era imprevisible y estaba en ascenso. El aumento salarial promedio del año último fue del 19%, fijado de hecho por el primer convenio firmado por el gremio de los camioneros. Pero Hugo Moyano se desbocó en los últimos días (llegó a hablar de un aumento del 30%) y proclamó que su lucha salarial sería sin techo, sin piso y sin plazos. Un libertario en estado puro.
El Gobierno no se metió todavía de lleno en esa pelea, porque no sabe aún cuáles son los márgenes de la victoria o de la derrota. Fuentes empresariales aseguraron, no obstante, que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, puso el termómetro entre los patrones. Su preocupación era saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar con la bondad de sus bolsillos. Le dijeron que pensaban en un aumento que reflejara la inflación del año último más dos o tres puntos.
Estirando interpretaciones y generosidades, podría llegarse a un aumento promedio del 14 o el 15 por ciento. "¿Por qué debería ser más alto si las expectativas inflacionarias de 2006 eran mayores que la de este año?", preguntó un alto funcionario del gobierno nacional. El problema es que justo ahora el Indec empezó a analizar una inflación que habría estado en enero por encima de los gustos oficiales. Salarios e inflación son ecuaciones decisivas, según Kirchner, para el estado de ánimo social en el año que prepara, con la dedicación propia de sus obsesiones, para conservar el poder. En el año electoral que se acaba de estrenar no sólo quiere domar el potro de cualquier respingo inflacionario; quiere, también, mostrar mejores índices de pobreza, de indigencia y de desocupación. Eso no se hace, fácilmente al menos, con funcionarios técnicos que nada le deben a nadie.
El problema es que el eventual descrédito del Indec podría tener más consecuencias de las que el poder previó en sus arrebatos: su datos sirven, por ejemplo, para establecer el índice CER de indexación y hasta para pagarles los intereses a los acreedores que le creyeron a las promesas del Estado argentino. Una rectificación a tiempo mostraría un Presidente mejor que el que podrían exhibir los mejores informes del paraíso. .