La inédita intervención política de los índices de precios puede tener como consecuencia inmediata no sólo que los datos dejen de ser confiables sino, además, que quienes son encuestados para producir estadísticas mientan, como una maniobra de defensa propia.
El Gobierno no sólo ya no garantiza el secreto estadístico, como exige la ley, sino que las oficinas de los técnicos son intervenidas y se impide el acceso a sus responsables, mientras personas ajenas revisan la información producida, que luego es sometida, como en la última medición del IPC, a una suerte de comité político, que decide qué es lo que hay que difundir.
La confección de estadísticas debe garantizar la confidencialidad a quien aporta la información. Debe garantizarse absolutamente que los datos no irán a parar a manos de la competencia, que no serán usados por los funcionarios para hacer inspecciones impositivas o de otra naturaleza o que no se usarán para presionar a quienes aportaron los datos.
Por ejemplo, en la medición del Estimador Mensual Industrial que realiza el Indec hay una encuesta de expectativas empresariales. ¿Se puede creer que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y los suyos no meterán las narices en los datos para favorecer a amigos y entenados y perjudicar a los que cree adversarios? De modo que no será nada raro que a partir de ahora los empresarios que responden la encuesta mientan.
¿Quiere el Gobierno que haya más inversiones? Pues los sondeos de opinión empresarial dirán que las están planificando. ¿Quiere el Gobierno que haya más empleo? Pues habrá que decir que se piensa en tomar trabajadores. Y también habrá que decir que se piensa vender más, que no se calculan subas de costos y que tampoco hay expectativas de subir los precios, para no desagradar al Gobierno.
Además, la actual administración parecería tener una generosa repartidora de prebendas entre los que eventualmente se muestren como sumisos. Los consultores de temas financieros no han dejado de notar con suspicacia cómo alguna compañía que pudo congraciarse comenzó a reducir su deuda con bancos privados extranjeros, gracias a que se la financia generosamente desde la banca pública.
No parece verosímil que la actual administración no usará los datos para dar premios y castigos. Es una gestión en la cual un ministro se ocupa de llamar a los empresarios para exigirles que bajen el nivel de producción de sus fábricas para evitar un colapso energético, según revelaron fuentes diplomáticas.
La situación que se ha generado no puede ser peor, puesto que nadie en el país tiene la capacidad que el Indec ha desarrollado para hacer relevamientos confiables y amplios. El tamaño de las muestras es tan grande, tanta la gente que se despliega y tanto el trabajo posterior que ninguna consultora privada puede permitirse tanta exhaustividad, porque es muy difícil cubrir el costo cobrándoselo a los clientes.
Las estadísticas que se perderían por este accionar son un activo insustituible. Los cargos críticos por concurso y pagas razonables fueron desarrollados y puestos en funcionamiento en la década del 90 para evitar el permanente drenaje de funcionarios y técnicos del Indec hacia el sector privado.
Hoy se actúa en sentido inverso, empujando a los mejores recursos humanos, formados con el esfuerzo de todos los que pagan impuestos, a migrar al sector privado. .