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Casos de corrupción en la obra social de los jubilados

Procesan a ex directores del PAMI

Información general

Se trata de doce ex funcionarios de la gestión de Matilde Menéndez; diputados de la Alianza denunciaron a Alderete.

El juez federal Juan José Galeano procesó ayer a 12 ex directores del PAMI que actuaron bajo la gestión de la ex interventora Matilde Menéndez, por el supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Pero no sólo la administración de Menéndez se encuentra bajo la lupa de la Justicia. El actual presidente del directorio del PAMI, Víctor Alderete, fue denunciado ayer por seis diputados de la Alianza UCR-Frepaso por malversación de fondos públicos.

La denuncia fue radicada en 1994 por el doctor Ricardo Monner Sans, quien consideró que a partir de 1992 "el PAMI se convirtió en un ente financiero al haber prestado dinero a devolver en cuotas a entidades proveedoras de servicio médico, con lo que se desvirtuó la función específica del instituto".

El magistrado mantuvo la libertad provisional y mandó trabar un embargo de 100.000 pesos a cada uno de los procesados. Se trata de Enrique Gazzotti, Raúl Fragueiro, Telmo Torazza, Juan Racchini, Evaristo Buezas, Francisco Tirelli, Alejandro Sangenis, Osvaldo Masprone, María Cristina Palomeque, Oscar Flores, Danilo Ogñenovich y Mirtha Scilini.

En la causa se probó que el directorio de la obra social de los jubilados otorgaba préstamos de dinero a terceros ajenos al organismo, en lugar de depositarlos en los bancos oficiales para obtener intereses y lograr una mayor rentabilidad de los fondos del organismo.

El PAMI, además, no estipulaba intereses sobre los "adelantos de cápitas", tal como se denominan los pagos por la atención de los afiliados.

Según fuentes judiciales, las sumas prestadas por el directorio al Sanatorio Güemes, al Hospital Israelita, a la Fundación Favaloro o al Hospital Italiano, de entre 12 instituciones, alcanzó los 17.157.000 pesos.

Procesarían a Menéndez

En su resolución, Galeano cita los informes realizados por la Auditoría General de la Nación, en los que se asegura que "los préstamos fueron concedidos ilegalmente y su trámite nunca estuvo reglamentado ni sujeto a metodología alguna para su otorgamiento".

Dentro de las facultades del directorio, se explica, no se encontraban previstos los prestamos de dinero a prestadores médicos o sociales. Tampoco encuadraba esta capacidad en los fines para los que fue creado el PAMI.

Fuentes judiciales estimaron que "por la arquitectura de estas 12 resoluciones de Galeano es inexorable que, tarde o temprano, se indague y procese a la entonces presidenta del directorio, Matilde Menéndez".

La ex titular del PAMI fue denunciada por Monner Sans en esta causa y en ocho más por otros casos de administración fraudulenta.

Denuncia contra Alderete

"Las denuncias hay que hacerlas, no declamarlas", disparó anteayer Alderete. Y así lo hicieron los diputados de la Alianza que ayer presentaron su escrito ante el juez federal Gustavo Literas.

Concretamente, los diputados Federico Storani, Cristina Guevara, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Eduardo Santin y Laura Musa acusaron al presidente del PAMI de contratar a una empresa a la que le pagaría alrededor de "un millón de pesos mensuales" para actuar como intermediaria entre el organismo y las funerarias.

Indignado, Alderete desestimó las acusaciones sosteniendo que "la denuncia no tiene seriedad". Y contratacó: "No se puede usar una banca para ganar popularidad preocupando a los jubilados".

Pese a ello, Guevara aseguró que este asunto con las funerarias es tan sólo el comienzo, y que el funcionario está aplicando este método de operaciones mediante intermediarios en casi todas las prestaciones de salud.

Según explicó la diputada, en octubre último el PAMI contrató a la firma Funeral Home SA para que se ocupara del gerenciamiento de los pagos por los funerales, por lo que cobra entre 100 y 140 pesos por funeraria.

Alderete aseguró que esta empresa cobra 5.700.000 pesos por mes y que cuando el PAMI gerenciaba sus gastos "se gastaba más plata y se administraban mal los fondos".

"Nos parece excesivo el monto que se le paga a esta intermediaria. Además, no entendemos por qué el PAMI contrata a alguien para gerenciar. Si lo hicieran ellos, podrían destinar este dinero a otras áreas", concluyó la diputada de la Alianza UCR-Frepaso.

Contraataque

Indignado por la denuncia, Víctor Alderete optó por arremeter contra los legisladores que presentaron el escrito, al que tildó de ridículo: "Me encanta que hayan formulado una denuncia tan poco seria -dijo-. Porque la Justicia se va a dar cuenta de que más que con falsos denunciantes, hay que trabajar con legisladores serios."

El presidente del PAMI se mostró molesto por el término de "intermediaria" utilizado por los diputados para referirse a la empresa gerenciadora. "En el seno de Funeral Home se encuentra representado el 90 por ciento de las funerarias", afirmó.

Los jubilados, disconformes

El calor agobiante y los destartalados ventiladores de la delegación correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires del PAMI dista del confort y el aire acondicionado con que cuentan las sedes donde se atienden a los prestadores y al personal médico.

Durante una recorrida realizada por La Nación , muchos jubilados se quejaron por la mala atención que reciben y por las demoras en la adjudicación de turnos y en el pago de sus haberes.

Mientras aguardaba en la sede céntrica, situada en Bartolomé Mitre 1340, María del Carmen Amore, de 69 años, no ahorró críticas. "Los ventiladores son muy viejos y ni nos refrescan. Yo sufro mucho el calor", se lamentó.

Los ancianos que esperaban ser atendidos en el edificio de Bartolomé Mitre dijeron que estaban acostumbrados a las largas esperas y a las demoras detrás de los mostradores grises.

Sin embargo, en la sede de Perú al 100 el ambiente era fresco. Los jubilados no hacen allí sus trámites. En el edificio se realizan tareas administrativas y el pago a los prestadores.

Resignación

Aunque había pocas personas que esperaban ser atendidas en la delegación de Bartolomé Mitre, Hilda López aseguró: "Cuando acá viene mucha gente no alcanzan las sillas y nos morimos de calor. Es triste, pero estamos acostumbrados".

Esta mujer, de 72 años, ironizó sobre los plazos de los pagos de haberes. "Están pagando a los más viejitos. Cuando lleguen a mí, voy a estar muerta", exageró.

Para Emilia Moroni, el mayor problema consistió en obtener un turno. "Para que me atienda un oculista tengo que esperar más de dos meses. Pero con los problemas que tengo en la vista, es demasiado tiempo", se quejó.

El representante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, Carlos Imizcoz, afirmó a La Nación que "la situación de los jubilados es de desamparo y de inferioridad de condiciones".

"Para pedir un médico de cabecera, hay que dar mil vueltas. El sistema se agravó en los últimos meses -agregó Imizcoz-. En los distritos 6 y 7, unificados en un mismo edificio, no hay sillas y en lugar de ascensor hay un montacarga que hoy (por ayer)no funcionaba."

Los responsables

  • Víctor Alderete: asumió como interventor el 15 de enero de 1997. El 12 de marzo del mismo año asumió como presidente.
  • Alejandro Bramer Markovic: fue interventor entre el 31 de julio de 1996 y el 12 de enero del año último.
  • Antonio Maldonado: se hizo cargo de la intervención el 16 de junio de 1995 y finalizó el 30 de julio de 1996.
  • Alberto Abad: fue interventor entre el 5 de enero de 1995 y el 16 de junio de 1995.
  • Carlos Alderete: nombrado el 18 de abril de 1994, permaneció como interventor hasta el 4 de enero de 1995.
  • Matilde Menéndez: titular desde el 3 de febrero de 1992 hasta el 15 abril de 1994.
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