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Opinión

 
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Lunes 19 de febrero de 2007 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Caza vergonzosa

 
 
 

Recientemente, algunas organizaciones ambientalistas denunciaron ante las autoridades nacionales y provinciales la realización de tours de caza furtiva en distintos puntos del país. El caso de los pumas de Quehué, en la provincia de La Pampa, es un ejemplo paradigmático: cotos de caza clandestinos con los que se seduce a turistas extranjeros de alto poder adquisitivo, ofreciéndoles animales sedados o casi domesticados para dispararles fácilmente y llevarse un trofeo mal habido.

El procedimiento consiste en la captura de los ejemplares (muchos terminan mutilados) y su encierro en jaulas o trampas, donde son alimentados con carne salada, sin agua, y sedados o anestesiados para ser soltados luego cerca de alguna laguna para que estos mal llamados "cazadores" puedan dispararles fácilmente. Para el verdadero cazador con códigos de honor esto no es cazar, sino una forma vil y vergonzosa de apropiarse de cabezas de animales, lucidas más tarde como si fueran legítimos trofeos.

Nuestra incumplida normativa nacional de conservación de la fauna silvestre, al referirse a la caza deportiva, establece que "deben existir modalidades del ejercicio de la actividad tendientes a evitar sufrimientos innecesarios a las presas y al empleo de armas y métodos que no causen mortandad masiva de especímenes o alteración y/o destrucción de su hábitat".

Estas modalidades de caza son responsables de que esté menguando en forma alarmante la población de pumas y otros animales en peligro de extinción, y sólo pueden existir con la complicidad o complacencia de las autoridades locales, que muchas veces, de modo encubierto, forman parte de las empresas que las administran. Es sugestivo que las autoridades de La Pampa hayan reconocido que no han aplicado ninguna infracción en todo 2006 por violaciones a su ley de fauna. Ahora acaban de disponer la suspensión de la caza del puma en su territorio. Pero el desafío no es vedar o tomar medidas demagógicas, sino administrar correctamente los recursos naturales, con estudios poblacionales previos a las habilitaciones de caza y con más control sobre la actividad.

Deben aplicarse penalidades aleccionadoras para los transgresores y generar reinversiones a favor de la conservación de la biodiversidad con parte de los fondos recaudados por su aprovechamiento. Estas no son decisiones de espectacularidad mediática, pero en el mediano plazo determinan si esa provincia podrá conservar o no su menguada fauna silvestre.

Por falta de censos resulta difícil establecer el estado actual de las poblaciones de pumas; sin embargo, puede afirmarse que el puma se halla en un sostenido retroceso numérico ante la presión del hombre. Equivocadamente se lo considera con estatus de riesgo bajo, como "potencialmente vulnerable".

Los argentinos tenemos que tener presente que los recursos naturales nos pertenecen a todos, incluidas las generaciones futuras, que debemos cuidarlos mejor y buscar mecanismos para hacer un uso sustentable de ellos sin agotarlos. Cuando sale a la luz que se están cazando furtivamente yaguaretés en Corrientes, venados de las pampas en Buenos Aires, ciervos de los pantanos en el Delta, tarucas en La Rioja, aguará guazúes y pecaríes en Santa Fe y Santiago del Estero, y osos hormigueros en varias provincias, deberíamos sentir lo mismo que ante un delincuente que acecha nuestra propiedad. Sin embargo, esto no sucede. Tampoco las autoridades aplican la ley, y las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y particulares no se traducen en casos esclarecidos ni en transgresores penalizados.

Otros países protegen de un modo más inteligente su valioso patrimonio: lo manejan para que, además de conservarlo, se promueva un desarrollo sustentable. No se trata de proteger el patrimonio natural solamente en el escaso territorio que ocupan nuestra áreas protegidas (apenas supera el 5 por ciento). Se trata de propiciar un manejo adecuado en el extenso territorio que se encuentra en manos privadas para evitar que las áreas protegidas se transformen en islas rodeadas de tierras desoladas, sin fauna y sin flora.

En muchos lugares del mundo la caza es un instrumento para la conservación de la biodiversidad. En nuestro país, en cambio, es un pingüe negocio para pocos y contribuye, sin preocupación por parte de quienes debieran velar para que ello no ocurra, a la destrucción definitiva de nuestra fauna. .

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