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La Justicia investiga el polémico armado de los fideicomisos

La ruta del dinero en el plan de obras

Lunes 26 de febrero de 2007
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LA NACION

La causa judicial en la que se investiga el presunto pago de comisiones por la empresa Skanska para participar de la construcción de un gasoducto, en la que estarían involucrados varios funcionarios del Gobierno, se originó en una obra en la que se utilizó un sistema de financiamiento privado, pero que habría estado manejado y administrado desde la Casa Rosada y ahora está bajo investigación judicial.

Desde que las tarifas de servicios públicos se congelaron, en 2002, las empresas concesionarias se tuvieron que acostumbrar a un nuevo paradigma: gerenciar y esperar que el Estado construya la expansión que, según los marcos regulatorios originales, debía financiarse con la tarifa.

Con este esquema en vigor y ante el aumento de la demanda de gas en el mercado local, el Gobierno dispuso que las redes de gasoductos que transportan el gas desde los yacimientos hasta las puertas de las ciudades, que fueron uno de los primeros cuellos de botella del sistema, debían ampliar sus redes.

Como la tarifa no alcanzaba para estas obras, se decidió entonces utilizar mecanismos de financiamiento alternativos. Aparecieron así en escena los fideicomisos, una herramienta del derecho privado mediante la cual un determinado dinero se afecta específicamente para un determinado fin, en este caso la expansión del ducto.

El esquema fue el siguiente: el dinero lo pondrían los socios privados, el Banco Nación lo administraría y la licenciataria sería el gerente del proyecto -por tener las condiciones técnicas para llevar adelante la obra-. Todo esto bajo la mirada y la dirección del ente regulador.

A la hora de ponerles nombres a los capitales privados aparecieron los siguiente aportantes: la petrolera Repsol YPF y Transportadora Gas del Norte (TGN), por la concesionaria del ducto ya existente; el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y los usuarios industriales, que pagarían un cargo específico en el componente de transporte de la factura.

La obra, según estimaciones previas, tendría un costo de 100 millones de dólares antes de pagar el IVA.

Mediante la resolución 185/04, el Gobierno requirió la participación de TGN y de las demás empresas aportantes para encarar la expansión del gasoducto.

El fideicomiso del proyecto, organizado en diciembre de 2004 por la Secretaría de Energía y administrado por Nación Fideicomisos, encomendó a TGN el gerenciamiento de las obras de ampliación del Gasoducto Norte y su posterior operación y mantenimiento, por lo que la Sociedad percibirá el 1% del monto de la obra antes del IVA. El 22 de diciembre de 2004, TGN suscribió con la Secretaría de Energía y con Nación Fideicomisos los contratos de gerenciamiento y operación y mantenimiento.

Adicionales

Finalmente quedó concluido el esquema que adicionaría una capacidad de transporte diaria de 1,8 millones de metros cúbicos a través de 232,5 kilómetros de caños paralelos que se colocaron. Además se planteó la necesidad de aumentar la capacidad de tres estaciones compresoras: Lumbrearas, Lavalle y Deán Funes. Esta última fue la que instaló Skanska y en la que se detectó la compra de facturas falsas para pagar comisiones. Así se inició la obra, coordinada y vigilada en su totalidad por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que conduce Fulvio Madaro y reporta al ministro de Planificación, Julio De Vido.

Las licitaciones para la construcción se realizaron mediante el sistema de concursos de precios, que era coordinado por el Enargas.

La obra avanzó durante 2005 y encareció las tarifas de gas de los industriales en aproximadamente un 15%. Los mismos operadores del mercado se vieron sorprendidos por el costo final que iba requiriendo la obra. Si bien en un principio se hablaba de US$ 100 millones, el costo final ascendió a 183 millones, aunque se agregaron algunos trabajos que no estaban previstos. Sin embargo, pese a esto, ductos similares y que atraviesan geografías similares habrían sido construidos con valores inferiores en un 30% aproximadamente a los que se pagaron aquí.

Finalmente, el gasoducto se terminó en febrero de 2006. Luego salieron al mercado los certificados para comprar los papeles del gasoducto y devolver el dinero a los aportantes.

Ahora, el sistema que se utilizó para esa expansión se usará nuevamente para volver a expandir la red de gasoductos de TGN y Transportadora Gas del Sur (TGS). Esta vez los aportes vendrán sólo de los cargos específicos que ya pagan las industrias y los grandes consumidores. A ellos el componente de transporte -también se abonan el gas y la distribución- se les encareció un 300 por ciento.

Habrá que ver si después de la investigación judicial este sistema de dinero privado y decisiones públicas termina siendo el más apropiado.

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