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La Justicia falló en favor del teatro

El Estado debe reglamentar la ley 14.800

Viernes 02 de marzo de 2007
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LA NACION

En noviembre pasado, la ONG Poder Ciudadano presentó una acción de amparo contra el Gobierno, en referencia al demolido teatro Odeón, por no reglamentar la ley 14.800, de 1959, que declara de interés nacional la actividad teatral en todas sus formas.

La semana pasada, Poder Ciudadano envió a LA NACION el fallo firmado por la juez federal María José Sarmiento, que dice: "Haciendo lugar a la presente acción de amparo interpuesta por Fundación Poder Ciudadano contra el Estado nacional -Poder Ejecutivo Nacional- y, en consecuencia, ordenando a la accionada que en el término de diez días de notificada la presente cese en su omisión y reglamente la ley 14.800 bajo apercibimiento de ley". De este modo, la justicia federal ordenó al Gobierno cesar en la omisión de reglamentar la ley de teatro y dio un plazo para cumplir con la medida.

La medida interpuesta por la ONG fue presentada en referencia al demolido teatro Odeón por considerar que "lesiona concretamente los derechos al ambiente de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, el derecho a la prosperidad y bienestar de la sociedad y al acceso a los beneficios de la cultura en cuanto a la participación, el desarrollo o en la difusión de la misma", según informó la agencia Infocívica.

Por su parte, Varina Suleiman, profesora a cargo de la comisión del Práctico Profesional de la UBA, que se dicta en Poder Ciudadano, y patrocinante en la causa, afirmó a Infocívica que "la declaración de inconstitucionalidad por omisión se revela como una vía de satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales cuando el Estado deja de reglamentar e impide el goce de los derechos. Por eso es importante que los ciudadanos acudan a la Justicia para el restablecimiento de los derechos que la omisión vulnera".

"Pedimos que si el Estado no la reglamenta que el juez para el caso del teatro Odeón dicte esa reglamentación para ser operativo el derecho. Pero como nos denegó el pedido de reglamentación apelamos esa parte de la sentencia", afirma Suleiman. Ahora debería decidir la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. La lógica indicaría que en 10 días habría una solución. Pero está por verse: esto es la Argentina.

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