Lavagna propone derogar las leyes de emergencia y renegociar contratos

Nuevo régimen de coparticipación federal, derogación de las leyes de emergencia y de los superpoderes, una ley penal juvenil, programas de capacitación para desocupados y combate de la inflación.

No se trata del plan que diseñó el gobierno de Néstor Kirchner para superarse en el próximo período presidencial, sino de las propuestas con las que el candidato opositor Roberto Lavagna comenzará a recorrer el país en pocos días.

A un paso de que la convención nacional de la UCR apruebe la coalición con el economista, peronistas y radicales difundieron el programa completo, del que LA NACION había publicado un adelanto hace una semana y que el ex ministro aplicará en el caso de llegar al poder.

El documento, bautizado Programa de Gobierno 2007-2011, contiene algunos lineamientos generales y medio centenar de medidas concretas que promueve el lavagnismo y que los radicales aprobarán en su encuentro partidario el próximo fin de semana.

Con un tácito tono opositor, el plan marca diferencias con la gestión kirchnerista, sobre todo en el terreno institucional, aunque propone mantener algunos éxitos del oficialismo, como el tipo de cambio alto, el superávit primario y las bajas tasas de interés.

En el área institucional, donde se plantean más divergencias con el Gobierno, sobresalen las iniciativas de derogar las leyes de emergencia que se mantienen desde 2002.

También se promueve regular la delegación de poderes al Ejecutivo, modificar la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia para que no puedan aprobarse por sanción ficta (cuando el Congreso no se expide) y anular la reforma del Consejo de la Magistratura que implementó el oficialismo con el rechazo de la oposición.

En la misma línea, Lavagna también buscará eliminar los polémicos superpoderes, achicar los fondos fiduciarios (sujetos a menos controles que los fondos regulares), crear una Oficina de Presupuesto en el Congreso (para un mayor seguimiento de la ley que define las cuentas del Estado) y regular la publicidad oficial para evitar la discrecionalidad.

En el terreno más específico del control público, Lavagna promete sancionar la postergada ley de acceso a la información, aumentar la participación de la oposición en los organismos de control, implementar el voto electrónico y fortalecer a las autoridades electorales para una mejor vigilancia de los partidos y sus campañas.

El ex ministro también propone reformas de fondo en áreas clave, como las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.

Lavagna pide autonomía para los organismos que dependen del Estado y una reforma del Código Penal que incluya una ley penal juvenil, que permita responsabilizar a un menor por sus delitos aunque sin violar sus derechos.

Plan social

En materia social, la coalición opositora diseñó un programa de ingreso social básico por hijo para las familias pobres (pero sólo prevé una paga a las familias que tengan hasta 3 hijos) y otro subsidio para los ancianos sin beneficio jubilatorio.

Los ejes de su política de empleo serán un programa de capacitación para desocupados, consejos provinciales de política laboral, incentivos para el blanqueo de personal a las pymes y fortalecer la policía del trabajo.

El plan para infraestructura incluirá la asignación del 2,5% del PBI a la construcción de viviendas de fácil acceso, la recreación del Sistema Nacional de Inversión Pública y el fomento de la inversión privada en gas y electricidad.

En educación y salud, Lavagna impulsa la jornada de doble escolaridad, elevar la capacitación docente, invertir en las escuelas provinciales, planes educativos regionales, poner en vigor la ley nacional de salud, crear un seguro especial para la población sin cobertura y promover el mercado de genéricos.

En su área preferida, la economía, el ex ministro tiene pensado mantener el tipo de cambio alto, el superávit primario y profundizar la política de tasas de interés bajas.

En cambio, en el documento, al que tuvo acceso LA NACION, se critica "el control de precios aislado e incoherente con la el resto de la política económica", el intervencionismo y que el Estado asuma "participaciones accionarias y de gestión para salvar a concesionarios incumplidores".

Para revertirlo, el economista promete renegociar los contratos con las empresas privatizadas y políticas "claras y sensatas de precios, salarios e ingresos".

También prevé incrementar gradualmente la base imponible del impuesto a las ganancias y la eficiencia en la recaudación.

Además, incrementar los gravámenes a las ganancias distribuidas y a las de capital, subir la inversión pública en ciencia y tecnología, desgravar la inversión de utilidades para las pymes y otorgar incentivos crediticios y tributarios a la producción agropecuaria.

Finalmente, la coalición lavagnista-radical quiere sancionar el nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, postergado desde la reforma constitucional de 1994.

En materia energética, buscarán incentivar la inversión en petróleo y gas, financiar un Plan Nacional de Energía Nuclear (que trabaje uranio enriquecido) y diversificar las fuentes de energía con tecnologías menos contaminantes.

El documento, que el ex ministro comenzará a promover desde la próxima semana, fue elaborado con la coordinación del economista Javier González Fraga desde el lavagnismo. Adolfo Stubrin, presidente de la convención nacional de la UCR, hizo también su aporte al texto. Este último recibió la colaboración de los radicales Ricardo Gil Lavedra (área institucional), Aldo Neri (área social) y René Boneto (economía), junto a una veintena de expertos de los dos sectores. .