Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Por la intervención del Indec, ahorrarían US$ 3724 millones

Es lo que subiría la deuda pública de no estar indexada por el IPC "administrado"

SEGUIR
LA NACION
Miércoles 21 de marzo de 2007

El Gobierno podría llegar a ahorrarse este año hasta 3724,5 millones de dólares, entre los 3634 millones que evitaría que crezca el stock de deuda pública nominada en pesos y ajustada por inflación minorista y los 90,5 millones que eludiría pagar en concepto de intereses, de persistir en su estrategia de computar para el cálculo del índice de precios al consumidor (IPC) una inflación "administrada" en lugar de la real.

A esta conclusión arribó un ejercicio de la consultora Economía y Regiones (E&R) al que tuvo acceso LA NACION y que parte de suponer una variación del IPC oficial del 10% para el año en curso y contraponerlo con un alza proyectada del 15% en igual lapso del "IPC libre", un indicador compuesto por los bienes y servicios cuyos precios responden a las leyes de oferta y demanda de mercado y representa el 41% de la canasta medida por el IPC y al que adopta como medida de la "inflación real".

El ahorro efectivo generado por esta vía entre octubre y febrero pasado lo calculó en US$ 226 millones.

La sospecha de que los cambios metodológicos que el Gobierno introdujo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) apunte a morigerar el crecimiento por ajuste de capital de la deuda emitida en pesos indexados se activó entre analistas e inversores luego de que el presidente Kirchner se quejó en el discurso de apertura de la actividad legislativa de la "hipoteca" que esta herencia (que adjudicó a otros, pasando por alto que algunos de esos bonos se emitieron durante su gestión) supone para el futuro de los argentinos.

Pero ganó consideración entre los hombres de mercado porque el Gobierno, si bien se esmeró en rechazar las denuncias sobre manipulación del índice, no se preocupó aún por aclarar en qué consisten los "cambios metodológicos" introducidos a la medición del IPC.

El stock de la deuda pública emitida en pesos pero con ajuste de capital por el coeficiente CER creado tras la última crisis (un índice que replica al IPC) alcanza los US$ 54.349 millones y representa el 41,9% del total de US$ 129.604 millones contabilizados en el pasivo del sector público nacional, según los datos al 30 de septiembre de 2006 (los últimos oficiales disponibles).

Sin embargo, su peso en la estructura total de la deuda pública creció en los últimos años a partir del impacto que la aceleración inflacionaria tuvo sobre el capital de los bonos con cláusula indexatoria.

El ejercicio de E&R reconoce que los bonos indexados pueden generar mayores costos fiscales futuros frente a aumentos en el nivel general de precios. "En otras palabras, a mayor inflación más deuda y, por ende, mayores pagos de intereses y amortizaciones de capital en el futuro", señala el informe.

No obstante apunta que la estrategia podría tener varios objetivos. "A menor inflación «oficial», mayor sería el poder adquisitivo de los aumentos salariales nominales que se otorguen; mayor el margen para que estadísticamente se reduzcan los niveles de pobreza e indigencia y menor debería ser la presión para que se actualicen los salarios públicos y, por ende, disminuye la presión sobre el superávit primario", apunta.

A ello habría que sumar la posibilidad de controlar el incremento de la deuda provincial (el Bogar 2018 es uno de los bonos más líquidos, con $ 18.200 millones en circulación) para reducir así las demandas de algunos gobernadores para que se discuta la coparticipación de impuestos e incluya en ella a los gravámenes creados en medio de la última crisis y cuyo usufructo el Gobierno se niega a compartir, como las retenciones a las exportaciones y la mayor parte del denominado impuesto al cheque.

Te puede interesar