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Los índices de crecimiento también dan señales de alerta

Las crecientes presiones inflacionarias, las restricciones en el suministro energético y la infraestructura y la caída en el superávit fiscal debido al fortísimo aumento del gasto público alimentan la incertidumbre sobre la solvencia de largo plazo del modelo

Domingo 01 de abril de 2007

El quinto año de crecimiento económico consecutivo comienza con varios indicadores auspiciosos, pero también con varias señales que siembran dudas acerca de si el país podrá desterrar, definitivamente, las idas y venidas que caracterizaron a la economía de los últimos treinta años.

Hay crecimiento a tasas chinas, pero las desigualdades persisten. Nunca en los últimos 26 años se invirtió tanto como en 2006, pero las restricciones en la energía, la infraestructura y el transporte no desaparecen. Crece la producción de bienes y servicios, pero no lo suficiente para eliminar las presiones inflacionarias, que aumentan. Y pese a que el Estado recauda como nunca antes, el superávit fiscal comienza a evaporarse.

El temor es que estas señales terminen por concebir un escenario en el cual la incipiente expansión vuelva a desinflarse, algo que todos perciben como improbable, al menos en el corto plazo. Pero ninguna economía está exenta de los ciclos, algo que implica que, tarde o temprano, habrá una nueva caída. La clave pasa por cuán dura sea y cuánto dure, algo más difícil de definir.

Varios indicadores actuales del país ahuyentan estos temores. Son los indicadores que el Gobierno se encarga de instalar en la opinión pública para cimentar la noción de que la política económica prolonga un blindado crecimiento íntegramente aislado de nubarrones internos y volatilidades externas. Pero por debajo de las exitosas cifras que la economía arroja en casi todos los ámbitos –los índices de precios, la pobreza y la distribución del ingreso son algunas excepciones –, algunos expertos se atreven a escribir una lista de luces amarillas.

Esa lista está encabezada por las fallas para contener la inflación, evitar el deterioro de la solvencia fiscal –particularmente en las provincias y pese al alza de los ingresos–, resolver la fragilidad del suministro energético y mejorar la calidad institucional. Las distorsiones de precios –las diferencias entre la Capital y el resto del país en el costo de los servicios públicos son tan sólo un ejemplo–, la intervención en los mercados, la proliferación de subsidios y la falta de definición de reglas de juego de largo plazo completan un panorama que despierta inseguridades y dificulta la llegada de nuevas inversiones, claves para estirar la bonanza.

Los optimistas del modelo relativizan estos fenómenos. Apuntan que las voluptuosas ganancias de las empresas sepultan, en algunos casos, las dudas sobre el clima de negocios y señalan que el llamado viento de cola –esto es, el elevado precio de las materias primas que exporta el país–, permitirá sostener los dos garantes de la solidez económica: el superávit comercial, por el aumento de las exportaciones, y el fiscal, por la mayor recaudación proveniente de las retenciones, más allá de las deficiencias de la política económica.

Las miradas se vuelven, entonces, hacia lo que ocurre dentro de las fronteras. El profesor del IAE de la Universidad Austral, Eduardo Fracchia, resumió: “Una de las dudas es qué va a ocurrir en octubre si gana el oficialismo: una alternativa es que no pasa nada. Es más de lo mismo, porque si el modelo fue exitoso hasta ahora, ¿por qué se va a cambiar? Otros dicen que va a haber un sinceramiento y una vuelta a la ortodoxia, que implicaría tener un sistema de precios más cercano a la dinámica del mercado”.

Un informe de la consultora Econométrica, que dirige el economista Mario Brodersohn, da cuenta de este debate, enumera las amenazas mencionadas y considera que la estrategia oficial de “seguir barriendo debajo de la alfombra” dependerá cada vez del impulso que hoy aportan China e India, es decir, del viento de cola. “Sólo con estos supuestos el modelo kirchnerista seguirá siendo sustentable después de las elecciones”, concluye.

Para el economista Lucas Llach, la economía ingresó en una fase de menos crecimiento, más inflación y menos superávit fiscal. “Lo que todo esto quiere decir es que en el segundo mandato no bastará con las políticas del primero, esto es, sentarse a mirar los beneficios de los nuevos precios relativos, para aproximarse a sus éxitos. Se necesitará una estrategia para crecer, una política monetaria para controlar la inflación y una institucionalidad fiscal para despejar cualquier duda sobre el futuro de las cuentas públicas”, indicó.

El alza del gasto público del gobierno nacional, que en el primer bimestre fue del 40%, despierta preocupación, pero son las finanzas provinciales las que los analistas siguen con más detenimiento.

Según un informe realizado por el Centro de Estudios Federales, las provincias prevén para este año un déficit financiero –ingresos menos gastos luego del pago de intereses de la deuda– de $ 2026 millones, el mayor desde la década pasada. Este cálculo contempla un faltante para Buenos Aires de $ 1600 millones, que probablemente resulte mayor por los aumentos otorgados a los docentes y al resto de los empleados públicos. Brodersohn estima que, con relación al producto bruto interno (PBI), las provincias en conjunto, por primera vez desde la reactivación, no ahorrarán nada este año y el superávit del gobierno nacional caerá al 2,9%, perforando, también por primera vez, el piso psicológico de los tres puntos.

Una coincidencia borra todas las valoraciones que los analistas hacen sobre el modelo: la inflación se aceleró. Si bien este fenómeno no se refleja en el cuestionado índice de precios al consumidor (IPC) del Indec, sí se percibe en los supermercados, donde los precios aumentaron un 3,7% sólo en el primer bimestre. El Gobierno ya anticipó que los controles dejarán de existir el año próximo. ¿Puede producirse una espiralización de la inflación? Aldo Abram, de la consultora Exante, fue tajantemente irónico: “Moreno controla sólo 200 precios, ¿Sabe cuántos mide el Indec? Miles”, respondió el economista, sugiriendo lo que todos perciben; que el fenómeno ya se está produciendo.

“La política de precios no puede depender sólo de los acuerdos de precios. El tema debe encuadrarse macroeconómicamente”, recomienda el presidente del Centro de Análisis Social y Económico (CASE), Eduardo Curia. “Habrá que revisar, además, la política de ingresos, precios y salarios. En el tema salarial hay que tener muy en cuenta lo que en los Estados Unidos llaman costos laborales unitarios con el fin de sincronizar la mejora salarial con la productividad”, completó.

La discusión acerca del impacto de la puja distributiva sobre la inflación mantiene abierto un debate que se inició hace ya más de dos años: cómo elevar la cantidad de bienes y servicios que produce el país para evitar que la expansión de la demanda –alimentada desde la Casa Rosada– se traduzca en precios cada vez más altos. “La elección es estimular mucho la demanda y hacer que la economía crezca mucho en el corto plazo, pero exponerse al riesgo de una desaceleración abrupta en el futuro, que puede llegar a convertirse o no en una recesión. La alternativa es empezar a trabajar con políticas para lograr una convergencia suave. Hoy las políticas son procíclicas”, apuntó el analista de Goldman Sachs, Pablo Morra.

Camilo Tiscornia, del Estudio Castiglioni, Tiscornia & Asociados, reforzó la idea que en una economía cerca del pleno empleo las políticas expansivas y el incentivo continuo de la demanda complican el panorama económico. “Creo que cada vez enfrentamos un riesgo inflacionario más grave. Hoy ya pueden observarse muchas restricciones en la oferta, sobre todo cuellos de botella importantes en el sector energético”, subrayó.

Más allá de la falta de rentabilidad que aqueja al sector por el congelamiento de las tarifas, el por qué de la carencia de inversiones surge, en parte, de una mirada internacional. “A la Argentina la ven con cierta reticencia. La gente no afina demasiado entre Bolivia, Venezuela y la Argentina. Existe esa sensación de que hay que tener cuidado. Al presidente Kirchner lo están encuadrando cada vez más dentro del movimiento populista”, intuye desde España el catedrático de la escuela de negocios Esade, Luis de Sebastián. No por casualidad el Gobierno le aclaró recientemente al embajador español que no aspira a reestatizar YPF.

Las estadísticas sobre la inversión extranjera directa le dan la razón, aunque la reinversión de utilidades de las multinacionales, al igual que sus ganancias en el país, ambas medidas en dólares, superaron el año pasado los niveles de la década pasada, según los últimos datos del balance de pagos.

Vale aclarar que este fenómeno está muy relacionado con el auge de las materias primas, ya que en sectores como la minería y el del petróleo sólo operan empresas extranjeras. Las compañías locales vivieron una realidad opuesta: sus ganancias cayeron un 4,2% durante el año pasado pese a que sus ventas aumentaron un 15,2%, según un informe del Instituto Argentino del Mercado de Capitales (IAMC), que adjudica la merma en la rentabilidad, la primera desde 2003, a las mayores erogaciones o costos que debieron enfrentar las empresas, un concepto en el que engloba los egresos por impuestos, pagos de deuda o la vigencia de mayores cargas salariales o laborales.

Un dato no menor cuando la principal razón que esgrimen los funcionarios para promocionar al país ante potenciales inversores son, precisamente, los niveles de rentabilidad empresaria.

Por R. Mathus Ruiz y F. Jueguen De la Redacción de LA NACION

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