El día en que Carlos Fuentealba no debió morir

Sea cual sea nuestra posición ideológica, todos los argentinos estaremos de acuerdo en que el maestro Carlos Fuentealba no debió haber muerto el jueves último en Neuquén. Ante la tragedia, las manos se entrelazan. Por un instante, renace el consenso.

El disenso y el debate reaparecen, sin embargo, no bien queremos determinar la causa de que haya ocurrido lo que no debió ocurrir. La injusta muerte de Carlos Fuentealba se abre, en efecto, a explicaciones de distinto alcance. Una, la más sencilla, es que estaríamos ante un caso más de "gatillo fácil" por parte del policía que disparó la granada de gas lacrimógeno sobre el automóvil donde viajaba Fuentealba. Si este agente actuó contradiciendo las instrucciones del gobierno neuquino, que según declaró el gobernador Sobisch quería que cesara el corte de rutas en la provincia, pero ordenó además evitar todo exceso represivo, el trágico episodio lo tendría al agresor por único culpable y todo terminaría con su castigo ejemplar.

Esta es la tesis del gobernador Jorge Sobisch. Pero no es la única. Los que se oponen desde la izquierda a Sobisch sostienen que, lejos de contradecir las instrucciones del gobierno provincial, el policía agresor fue consistente con toda una visión "de derecha" del orden público que tiene en Sobisch, precisamente, a uno de sus representantes. En un ambiente "fascista" de este tipo, agregan los críticos de Sobisch, no debe extrañar que ocurran excesos represivos como el que ahora lamentamos.

La responsabilidad por el clima social en el que vivimos desde hace algunos años, un clima caracterizado por el creciente despliegue de grupos de "acción directa" del más diverso tipo, que cortan rutas y calles en medio de la pasividad que impone el Gobierno a las fuerzas del orden, ¿puede atribuirse exclusivamente a los agentes policiales? Una presencia policial aún menor que la mínima que ya tenemos frente a los desbordes callejeros y al delito en general, ¿sería acaso la solución para que no hubiera más violencia? ¿O agravaría aún más la sensación de inseguridad que hoy padecen los argentinos? La trágica muerte de Carlos Fuentealba no sólo es dolorosa en sí misma. Nos plantea además, por lo visto, delicados interrogantes.

Dos hipótesis incruentas

¿Cómo no habría muerto Fuentealba, en todo caso, el último jueves? Imaginamos dos caminos que, de haberse tomado, le habrían salvado la vida. Uno, percibido desde la izquierda, habría sido que el gobierno de Neuquén, plegándose al método difundido por el gobierno nacional, se hubiese abstenido de todo intento por evitar los cortes de rutas. Pero este tipo de omisiones desemboca en una difusión tal de los excesos de la acción directa que al fin el Gobierno debe intervenir en condiciones más difíciles todavía que las condiciones iniciales. ¿No hubo que detener a militantes violentos en las calles de Buenos Aires, acaso, horas después de lo sucedido en Neuquén? Si nada se hiciese dentro o fuera de Neuquén en favor del orden, otras violencias se multiplicarían bajo las más diversas formas, poniendo en peligro la vida de nuevos maestros Fuentealba.

Pero otro camino también habría salvado la vida del maestro trágicamente fallecido: que los neuquinos hubieran sabido de antemano que las fuerzas del orden de la provincia, actuando en entero acatamiento a la ley, no permitirían los cortes de rutas y de calles, cuidando así, con respeto y mesura, el orden público. Si contener la violencia callejera que hoy desborda a la sociedad, convirtiéndola en el espacio preferido e impune para la actuación de las más diversas "barras bravas", fuera al contrario, como ocurre en las democracias civilizadas, un hábito cotidianamente vigente entre los policías y los ciudadanos por igual, tampoco el maestro Fuentealba habría muerto.

¿ Por qué la Argentina democrática no consigue armonizar la necesidad del orden y la ley con la otra necesidad de que los agentes de seguridad cumplan su misión en el respeto más estricto de las garantías constitucionales? Para buscar una respuesta a este interrogante, hay que contar una historia.

Historia de un error

De 1930 en adelante, los argentinos nos habíamos habituado a la idea de que, cuando un grupo de poder era suficientemente enérgico como el militar, podía perforar una y otra vez los límites legales. Desde fines de los años sesenta, los militantes de izquierda aprendieron esta peligrosa lección de los militares de derecha. En los años setenta, militantes y militares se mataron por fuera de la ley. La paradoja fue que, a partir de 2003, los militantes otrora perseguidos por los militares llegaron al poder. Pero tener el poder es, también, poner en caja a los que actúan fuera de la ley. ¿Cómo podrían los militantes de los años setenta aplicar esa ley que ellos mismos habían despreciado? Para ellos, todavía hoy, imponer el orden en las calles, aunque fuera dentro de la ley, sería cometer "represión", eso mismo que casi los aniquila en los años setenta.

El país enfrenta hoy, por eso, una contradicción hasta ahora no superada: ¿cómo podría un Gobierno que viene de calificar de "represiva" a toda orden de la autoridad competente girar ciento ochenta grados hasta imponer la ley y el orden incluso a sus antiguos compañeros?

El mismo vicio se observa, de otro lado, cerca de quienes están profesionalmente obligados a imponer la ley y el orden. Por décadas, nuestra policía pudo ser "brava" porque actuaba junto con los regímenes militares. Es decir que no aprendió a reprimir sin faltar a la ley. Los policías "bravos" y los guerrilleros que se les oponían estaban en el fondo de acuerdo: ni unos ni otros creían en la ley.

Cuando un país ha sido llevado por años a sospechar de la autoridad y cuando se considera políticamente incorrecto quedar ante los ojos del pueblo como un "represor" aunque sólo se pretenda el cumplimiento de la ley, sucede lo que sucedió en estos días. Sabedor de que en Ushuaia podría haber manifestaciones callejeras en su contra en el Día de la Malvinas, el Presidente se quedó en El Calafate porque sigue sin saber cómo reunirse con el público a menos que le aseguren que lo vivará fervientemente.

Pocas horas después del fallido viaje de Kirchner a Ushuaia, sin embargo, estalló la crisis de Neuquén. Salvándose oportunamente de una calificación popular negativa en Tierra del Fuego, el Presidente encontró entonces la manera de demonizar a Sobisch con el mismo estigma que a él lo amenazaba en Ushuaia, concentrando en su rival, a partir de ahí, el fuego cerrado de los amplios medios de los que dispone. Así mató, como suele decirse, dos pájaros de un tiro.

Pero el juego de ignorar el deber de todo gobierno de asegurar la ley y el orden en las calles es un arma de doble filo. Porque no sólo se trata de evitar a toda costa el impacto que tuvo en su momento para el presidente Duhalde la muerte de dos manifestantes en el puente Avellaneda. También se trata de construir una sociedad democrática bien ordenada, sin constantes disturbios callejeros ni recurrentes abusos policiales, donde ya no imperen ni la prepotencia de los matones ni el cálculo de los punteros sino el rigor parejo de la ley. Esta es una de las asignaturas pendientes que nos debe el presidente Kirchner. .