No sólo lo advierten los economistas. El desborde del gasto público, que superó el 40 por ciento en el primer bimestre de este año –por encima de la recaudación impositiva–, preocupa y mucho a los candidatos presidenciales de la oposición Elisa Carrió (ARI), Roberto Lavagna (peronismo disidente) y Ricardo López Murphy (Recrear). Responsabilizan al Gobierno de malgastar recursos públicos con fines electoralistas y advierten que, de continuar esta tendencia alcista, se producirá una baja en el superávit fiscal y la economía podría mostrar sus primeros cimbronazos después de las elecciones presidenciales de octubre.
¿En qué se malgastan los fondos públicos, según la oposición? Los candidatos y dirigentes políticos consultados por LA NACION coinciden en apuntar, en primer término, a los millonarios subsidios que otorga el Estado, los cuales se destinan a los más diversos fines: a las empresas públicas recientemente creadas o estatizadas (entre ellas, AySA y Enarsa); a controlar los precios de los alimentos; al sector energético, y a mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos.
Respecto de los subsidios, su crecimiento ha sido notable. El año pasado alcanzaron los 6800 millones de pesos, un 84 por ciento más que en 2005, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (ASAP).
La oposición también coloca bajo la lupa la obra pública: si bien reconoce que constituye una herramienta fundamental para el crecimiento, señala que, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, hay sospechas por presuntos sobreprecios y corrupción (como en el caso Skanska) y, además, hay baja ejecución en algunos planes, como en el de vivienda. Los últimos datos oficiales de las cuentas públicas encendieron luces de alarma en la oposición:
Estos índices suscitan preocupación entre los candidatos presidenciales y dirigentes políticos de todo el arco ideológico, desde la centroderecha hasta la centroizquierda.
"Es escandaloso que los recursos del Estado sean utilizados por el Gobierno para su propia campaña electoral amparándose en la suba del gasto público", alertó la candidata presidencial de ARI, Elisa Carrió.
El candidato y ex ministro de Economía Roberto Lavagna puso el grito en el cielo. Consideró injustificado el aumento del gasto público y acusó al gobierno de Kirchner de "malgastar dinero del Estado al influjo de intereses de capitalistas amigos".
"Apoyo electoral""En efecto -agregó su asesor económico, Javier González Fraga-. Lejos de beneficiar a los que menos tienen, buena parte de los subsidios se destinan al sector privado (con la compra de acciones de Aeropuertos Argentina 2000 y de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo) y a mantener las tarifas congeladas en los servicios públicos. De esta manera, el Gobierno garantiza la bonanza de los sectores más altos para asegurarse su apoyo electoral".
El candidato a presidente de Recrear Ricardo López Murphy también consideró injustificada la suba del gasto público. "Desde 2004 viene creciendo a un ritmo del 105 al 110%, y eso es extraordinariamente elevado. Si se compara con la década del 90 (que existió un gran gasto también), fue del 150% en diez años, contra el 110% en tres años de Kirchner", advirtió.
El líder de Recrear abrió un signo de interrogación sobre el futuro.
"Seguramente, la suba del gasto público tiene connotaciones electorales y hay que estar muy atentos por los problemas a futuro que nos va a acarrear", alertó.
En representación de Mauricio Macri (Pro), Horacio Rodríguez Larreta, coincidió en que la suba del gasto "es injustificada" y lo atribuyó al año electoral. "Este desborde del gasto está generando una presión inflacionaria que la gente ya lo sufre en el supermercado, por más que el Gobierno esconda los índices", sostuvo.
Voz oficialCuando el Ministerio de Economía justificó la suba del gasto público al anunciar los índices oficiales, negó que hubiera un derroche asociado al año electoral. "Estamos cumpliendo con lo pautado", enfatizó en aquella oportunidad la ministra Felisa Miceli, que explicó que las subas más importantes correspondieron a obras públicas (52,1%) y a jubilaciones (64,4%).
Esta última suba en jubilaciones se explica porque unos 700 mil nuevos pasivos se incorporaron al sistema tras la moratoria que inauguró el Gobierno, lo que facilitó la jubilación de quienes no habían completado los aportes o nunca los habían efectuado.
El diputado Adrián Pérez, referente de Carrió en temas económicos, consideró justificada la suba del gasto en salarios y jubilaciones. "Pero no avalo el incremento millonario de subsidios sin control. Lo mismo con la obra pública: estoy de acuerdo en su importancia, pero en esta gestión abundan los anuncios de obras sin la correspondiente ejecución, los sobreprecios y la corrupción", indicó.
"Por supuesto que la suba del gasto tiene connotación electoral. Anuncian planes de viviendas, pero su ejecución es mínima, la mitad de las rutas del país está en mal estado y destinan millones a un tren bala", ironizó el diputado Miguel Giubergia (UCR-Jujuy), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. "Se está gastando por encima de lo que se recauda y seguramente tendremos problemas después de las elecciones: como mínimo, se reducirá el superávit", advirtió.
Su par Luis Galvalisi (Pro-Capital) coincidió: "Es una bomba de tiempo: aumento del gasto por sobre la recaudación; aumento de la inflación y mayor deuda. En algún momento estalla".
El diputado Claudio Lozano (CTA) coincide en que habrá una millonaria suba presupuestaria. "El Estado corre serio riesgo de perder su superávit. En términos fiscales, el próximo gobierno tendrá mayores restricciones", advirtió.
Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION