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Se extiende en América latina el debate político sobre las legislaciones vigentes

El Mundo

Cada vez hay más ciudades y países que modifican sus normas respecto del aborto

 
 

Hace tiempo que dejó de ser tabú, y hoy parece constituir uno de esos temas imposibles de obviar: en favor o en contra, las voces sobre la despenalización del aborto se multiplican en toda América latina y cada vez son más los gobiernos de la región que han incorporado el tema a su agenda política.

Colombia, Brasil, Uruguay, México, Nicaragua y la Argentina son algunos de los países en donde se discuten reformas de códigos y leyes que penalizan la interrupción del embarazo.

En ciertos casos, las autoridades de esos países han logrado ampliar las causales del aborto legal. En otros, en cambio, las han reducido aún más. Pero lo cierto es que el tema resuena en toda América latina y, para beneplácito de unos y malestar de otros, el mapa de la legislación sobre el aborto está mutando. El caso más reciente y por demás polémico tuvo lugar el pasado 24 de abril, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en la Ciudad de México, capital de uno de los países con más católicos del mundo.

El proyecto, que legalizó la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas si así lo decide la madre y que fue impulsado por los partidos de izquierda, fue aprobado por 46 votos a favor y 19 en contra y ha generado un gran revuelo en México, donde la semana pasada la Iglesia Católica amenazó con excomulgar a los legisladores que aprobaron el proyecto y donde ayer comenzó una campaña en los hospitales de la capital, promovida por la organización civil Pro-Vida, para pedirle al personal médico de esos centros que "desconozcan la ley" y no practiquen abortos.

Hace un año, en mayo de 2006, la Corte Constitucional de Colombia decidió que las mujeres ya no irán a la cárcel si abortan en tres circunstancias especiales: si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la vida de la madre o si se presentan malformaciones en el feto. Hasta entonces el código penalizaba el aborto en cualquier caso.

Un paso en sentido inverso tuvo lugar en Nicaragua, en octubre de 2006, cuando el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal, que databa de 1893, para derogar el aborto terapéutico (que es aquel que se practica cuando corre peligro la vida de la madre o del feto), a pedido de la Iglesia Católica y de iglesias evangélicas del país.

En tal sentido, ayer, la Federación Centroamericana de Asociaciones y Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Fecasog) expresó su respaldo a los médicos nicaragüenses que demandan la despenalización del aborto terapéutico para salvar la vida de mujeres con embarazos de alto riesgo.

En Ecuador, el tema también está latente: según un sondeo publicado el lunes último por la consultora Informe Confidencial, el 38% de los ecuatorianos apoya la despenalización del aborto. Además, distintas organizaciones que se oponen a esta práctica han denunciado su temor a que la futura Asamblea Constituyente que reformará la Carta Magna establezca la despenalización del aborto.

En la Argentina y Uruguay existen proyectos de ley para despenalizar el aborto desde hace años, pero enfrentan fuerte oposición.

En Uruguay, puntualmente, el Parlamento discute desde 1984 un Proyecto de Ley de Salud Reproductiva que, entre otras cosas, propone despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Pero en abril de 2005 el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, amenazó con vetarlo en caso de que fuese aprobado.

El caso de Brasil

Brasil es uno de los países donde el aborto ha provocado gran debate en las últimas semanas. Además de los dos proyectos de ley sobre el tema que se tramitan en el Congreso, a principios de abril el ministro de Salud, José Gomes Temporao, propuso someter a plebiscito la despenalización del aborto, tal como ocurrió en Portugal, en febrero, donde el 59% de los votantes aprobó una ley que autoriza esa práctica quirúrgica.

No obstante, según una encuesta difundida en marzo por la consultora Datafolha, vinculada al diario Folha de S. Paulo, el 65% de los brasileños quiere que la ley sobre el aborto, que sólo autoriza la interrupción del embarazo si la madre está en peligro o si el embarazo es producto de una violación, continúe como está.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, si bien se opone personalmente a la legalización del aborto, sostuvo ayer que su deber, como mandatario, es tratar la cuestión con políticas de Estado, porque no se puede cerrar los ojos ante la realidad que suponen las miles de jóvenes que cada año mueren en el país a raíz de abortos clandestinos.

En este contexto, no sorprendió que días antes de la llegada de Benedicto XVI a Brasil el Vaticano anticipara que el Papa se pronunciaría sobre el aborto. Lo hizo incluso antes de aterrizar, cuando brindó una conferencia de prensa a bordo del avión (ver aparte).

El tema, sin embargo, está en boca de todos y los cambios están a la vista.

Hasta ahora, la interrupción del embarazo voluntario sólo está permitida en tres países de América latina: Cuba, Puerto Rico y Guyana.

En el resto de los Estados rigen la prohibición total del aborto -como Chile, El Salvador y Honduras- o la prohibición con ciertos atenuantes (en donde se permite el aborto en casos de violación o por razones de salud mental, por citar algunos ejemplos).

Sin embargo, es indudable que el debate continuará en la región y que el mapa actual se seguirá modificando .

Por Adriana M. RivaDe la Redacción de LA NACION
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