El juez federal Norberto Oyarbide citó a declaración indagatoria, en fecha todavía no determinada, a unos 200 sindicalistas como parte de una investigación pedida por el fiscal Carlos Stornelli y destinada a verificar el cumplimiento de un préstamo total de 285 millones de dólares que otorgó en 1996 el Banco Mundial "para la cancelación de deudas de obras sociales gremiales y recapacitación de su personal".
Según informaron fuentes judiciales, no se sabe exactamente cuándo serán las citaciones debido a que el juez "pretende aguardar a que todos los imputados terminen de presentar distintos recursos de prescripción y nulidad que comenzaron a llegar al expediente".
Oyarbide decidió convocar a los sindicalistas en calidad de sospechosos, precisaron las fuentes, luego de analizar un extenso peritaje contable incorporado a la causa. Allí habría "semiplena prueba" del desvío dado al crédito otorgado por el organismo internacional entre 1996 y el año 2000, se explicó en el juzgado.
Oyarbide ya había convocado a una primera ronda de indagatorias a otro centenar de sindicalistas, a los que se agregaron los citados ahora, entre quienes están Armando Cavalieri, Omar de Napole y Alberto Mansilla, de Osecac.
Además, están convocados como imputados gremialistas de otros sindicatos, como telefónicos, obras sanitarias, bancarios, construcción y plásticos.
RéplicaLa investigación no es nueva y algunos de los acusados se defienden. "Desde hace dos años se viene hablando del tema y nosotros estamos dispuestos a declarar ante la Justicia para que no queden dudas", aseguró el asesor de un integrante del consejo directivo de la CGT y de uno de los gremios arriba citados, para recordar que el fiscal Stornelli ordenó entonces "peritajes contables" a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Por lo que yo sé, nuestra obra social no tuvo ninguna irregularidad en la utilización de los fondos otorgados", dijo el técnico.
El secretario general de la Uocra (construcción), Gerardo Martínez, enfatizó a LA NACION que su obra social "fue auditada por peritos de la Justicia y comprobaron que no había irregularidades. Se comprobó que el dinero se utilizó con los fines previstos".
Un sindicalista que pidió no ser mencionado se lavó las manos: "Si algunas obras sociales actuaron con picardía, eso yo no lo sé".
Las fuentes sindicales detallaron que bajo la presidencia de Carlos Menem -y con Domingo Cavallo como ministro de Economía-, el Banco Mundial convino otorgar préstamos para el saneamiento de las obras sociales sindicales, junto con el Fondo Solidario integrado por el Estado, los empresarios y los propios gremios. Según explicaron, eso "sirvió para cancelar deudas contraídas y recapacitación de personal".
Pero se coincidió en el supuesto control del propio Banco Mundial para otorgar el préstamo a largo plazo. "El gremio contrataba una consultora aprobada por el organismo y después del estudio particular de cada situación se entregaba el dinero por tramos. Una vez cumplido un período de pago determinado, se volvía a renovar el plazo para el resto", indicó una de las fuentes.
También hubo gremios a los que, como no cumplieron con algún tramo de la deuda, el Banco Mundial no les renovó el crédito, según pudo saber LA NACION.
Otros gremios, en tanto, siguen abonando las cuotas normalmente, dadas las facilidades otorgadas. Un ejemplo es el Sindicato de Empleados de Comercio, explicaron los informantes sindicales.
