El Chocón, en Neuquén: en el terraplén se advierte la altura (de color más oscuro) que habitualmente tiene la represa Foto: Carlos Gallego
Sólo un milagro meteorológico podría salvar al Gobierno de una decisión difícil: extender los cortes de electricidad a empresas, desde mañana, a las 24 horas del día. Hasta ayer, se aplicaron entre las 16 y las 24. Pero la situación se agrava y el nuevo programa de interrupciones ya está diseñado por Cammesa, la administradora del sistema. Mientras tanto, la Secretaría de Energía publicará en los próximos días una resolución para sancionar a aquellas empresas que no hayan obedecido la orden de dejar de consumir. Sospechan que más de la mitad no la cumple.
Hay malhumor en el Gobierno, como nunca. El Ministerio de Planificación y las compañías generadoras evaluarán hoy, desde temprano, qué disponibilidad eléctrica tiene el sistema. El nerviosismo gana desde hace varios días los despachos oficiales, donde proliferan las acusaciones: a las empresas, a la sequía, a los mismos compañeros de trabajo en el Gobierno.
Falta gas, agua, gasoil, fueloil y, por lo tanto, electricidad. Una central de 800 megavatios baja su producción, si reemplaza gas por gasoil -como ocurre en la actualidad-, a 550 MW. Toda la cuenta, si se incluye la escasez hídrica, da un resultado escalofriante, valga la metáfora en días gélidos: una indisponibilidad de casi 4000 MW, casi un cuarto de la demanda habitual en estos días.
En el Gobierno acusan otra vez a las generadoras. "Endesa mejoró, pero todavía tiene menos disponibilidad que en los tiempos de Segba -protestaron anoche-. Y AES está peor que con Agua y Energía." Las empresas dicen que, si tuvieran combustible, podrían trabajar bien. "Este es un momento excelente para operar; lo que no hay es gas", contestaron en una de ellas.
Recrudecen también las internas oficiales. Daniel Cameron, secretario de Energía, coincide con Cammesa en que habrá que cortar más. Pero la decisión es juzgada riesgosa en la Casa Rosada. Vuelven también viejos reclamos: Cameron nunca les perdonará a sus compañeros del Gobierno que le hayan frenado, hace un año, dos resoluciones sobre esta crisis, escollo que lo llevó en ese momento a presentar, por sexta vez, una renuncia que no fue aceptada.
Una de esas resoluciones era la 659, que disponía transformar en ciclos combinados todas las usinas de ciclo abierto, con lo que se podría estar generando más con menos gas, razona el secretario. La otra era la 660, que exhortaba a las empresas con equipos generadores propios a volcar la luz que les sobrara al sistema nacional.
Ambos fracasos derivaron en una vía intermedia, hoy lapidaria para el sector industrial: la 1281 o, como se la conoció después, el plan Energía Plus, que acordó la Unión Industrial Argentina con el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. Intervino, en el acuerdo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La interna oficial mira, entonces, hacia atrás. "Esta fantasía la hizo la gente de la UIA. Ellos jugaron esa patriada y pensaron que les daría resultado", se oyó, en voz muy baja, en uno de los dos bandos enfrentados. El otro sector razona de otro modo: nadie le corta la luz a nadie; la industria se comprometió a procurarse su propia energía y eso es lo que está ocurriendo.
Habrá varias reuniones. Desde la Secretaría de Energía se volverá a proponer planes de ahorro que fueron rechazados tiempo atrás. Hay otro contexto. Apagado de alumbrado público; espectáculos deportivos durante el día; plan canje de heladeras por artefactos más eficientes; distribución de lámparas de bajo consumo; reemplazo de focos de mercurio por otros de sodio de alta presión en las calles; etiquetado de equipos de aire acondicionado. El ejemplo oficial preferido: si por cada habitante se utilizara una lamparita de bajo consumo, en lugar de una de 60 vatios, se ahorrarían 2300 MW.
Multas para desobedientesHasta aquí, las posibles salidas de la crisis. Pero en el Gobierno ahora han puesto el ojo en las fábricas que no han bajado la carga, como se dice en la jerga. Cameron prepara una resolución para aplicar multas porque afirma que más de la mitad de las empresas no ha cumplido la orden. La sospecha es que en el Gran Buenos Aires las desobediencias llegan al 60 por ciento.
Empieza una pelea entre el Gobierno y las distribuidoras. La acusación oficial es que no controlan bien. Podría haber también para ellas una penalidad. "Las empresas dicen que no están todavía listos los medidores de control cada 15 minutos, pero pueden controlar por día", afirmaron en el Gobierno. Las distribuidoras contestan que se las quiere culpar por algo en lo que no tienen nada que ver y que, además, el plan de cortes se cumple.
La discusión, que puede ser interminable, termina al menos con un argumento que se había querido instalar desde el Gobierno: no se trata de una disminución de consumo voluntario. Todo el que no acepte el corte será penado.
Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION
