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Husmear en un mail ajeno con una clave no se considera delito

Se agregó que esa invasión no es violación de correspondencia

Martes 26 de junio de 2007

La Justicia determinó que invadir un mail ajeno con una clave y utilizar la información en un juicio civil configura una conducta atípica; en consecuencia, no constituye delito.

Así lo especificó una jueza en lo correccional de la Capital, que rechazó la presentación de un abogado que denunció, precisamente, que le habían hackeado su cuenta de correo electrónico. Además, la magistrada reclamó al Poder Legislativo que subsanara el vacío legal para castigar los delitos informáticos.

El hecho es que el abogado Esteban Gálvez denunció ante la jueza Ana Elena Díaz Cano que entre mayo y diciembre de 2006 su cuenta de correo electrónico galvez_estebanj@yahoo.com.ar había sido hackeada, y la información allí contenida fue utilizada en un juicio civil por una cuestión familiar en su contra.

El denunciante invocó los artículos 153 del Código Penal (violación de correspondencia) o 157 (violación de secretos). Pero la jueza, tras un largo análisis de la cuestión y citando profusa bibliografía, entendió que la legislación actual no fija episodios de esta naturaleza, por lo que consideró que se trata de una conducta atípica y, en consecuencia, no punible.

"Por más que existan en tratamiento diversos proyectos de ley que se refieren a lo que en doctrina se llaman delitos informáticos [...], lo cierto es que aún no existe tal previsión legal", sostuvo la jueza, según informó la agencia DyN.

En el caso en cuestión, la magistrada reconoció: "Se ve seriamente comprometida la intimidad del agraviado, pero al no tratarse de un banco de datos personales... Tampoco se conoce que los vulnerados hayan sido aquellos datos que se consideran sensibles, como sería el caso de los que revelen origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud, enfermedades terminales, o bien a la vida sexual de las personas [...]. La cuestión no permite encuadre legal en el marco penal", concluyó.

"El meollo de la cuestión finca en que el legislador, aun cuando conocedor de la existencia de la problemática de la informática y de los perjuicios que conductas como la investigada podría ocasionar, optó por proteger de otro modo el bien jurídico puesto en crisis, soslayando ampliar el tipo penal correspondiente a la violación de secretos."

Lo cierto es que hoy no existe ningún imperativo legal que permita a él incluirlas. "Lo que equivale a una falta de tipicidad, por ausencia de alguno de los elementos normativos que reclaman las figuras penales analizadas", añadió.

En ese sentido, evaluó positivo "poder contar con una legislación específica sobre los llamados delitos informáticos que protejan los nuevos bienes que las tecnologías aportan a la sociedad y, de esa manera, evitar el riesgo de la aplicación analógica del derecho penal".

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