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Más requisitos para edificar en la ciudad

Una ley exige certificados de factibilidad

Sábado 30 de junio de 2007

Las compañías constructoras deberán presentar ante el gobierno porteño un certificado de factibilidad de provisión de agua, gas y electricidad, extendido por las empresas de servicios, cuando soliciten permisos de obra para erigir edificios en cualquier punto de la ciudad.

La exigencia comenzará a regir cuando el Poder Ejecutivo promulgue la ley sancionada anteayer por la Legislatura porteña, que establece que, para conceder un permiso de construcción de vivienda multifamiliar, las autoridades deben tener acreditada la disponibilidad de recursos de las redes de servicios públicos.

La norma amplía, así, el requisito ya existente en cinco barrios porteños -Palermo, Caballito, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón- de respaldar los pedidos de obra para edificios con un certificado de factibilidad de la empresa estatal AySA. Como se recordará, en esos barrios AySA había realizado relevamientos de sus tendidos cloacales y de agua, que revelaron serias deficiencias. El diagnóstico y la nueva normativa pusieron fin a la veda de construcción decretada por Jorge Telerman para esos vecindarios y para Núñez durante 90 días, entre mediados de noviembre de 2006 y mediados de febrero último.

Durante esos tres meses, la ciudad suspendió la entrega de permisos de obra en respuesta al reclamo de grupos de vecinos, que temían que el boom inmobiliario registrado en los seis barrios hiciera colapsar el suministro de agua y la red cloacal.

La Justicia también dio la razón a varios recursos de amparo interpuestos por vecinos y frenó más de un edificio en construcción.

Mientras la veda estaba vigente, en diciembre de 2006, la Legislatura aprobó en primera lectura la ley que luego pasó por audiencia pública y anteanoche fue ratificada en segunda lectura. Según el texto, las prestatarias de servicios certificarán que la infraestructura instalada resulta suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra para la que se pide permiso, sin deterioro de la calidad del suministro.

Opinión de constructores

"Esta ley es superadora del decreto que declaró el corralito inmobiliario. Es integral y determina la capacidad de carga del sistema de infraestructura de servicios públicos de todos los barrios, y no solamente de los que se encuentran más comprometidos con proyectos edilicios de mayor envergadura", sostuvo el diputado Alvaro González, autor de la iniciativa.

Consultados, los desarrolladores urbanos fueron cautelosos. "En esencia, la ley es buena. Me parece razonable planificar en función de la infraestructura que hay. El problema puede ser la instrumentación: los plazos, la burocracia. Lo ideal sería contar con una base de datos informatizada del lote en el que se quiere construir, hoy inexistente, para poder consultarla antes de comprar la tierra. Hoy se elige a ciegas y después surgen los inconvenientes. Primero se debería haber hecho un plano que mostrara las deficiencias", dijo Mario Olmedo, vocero de los constructores de Caballito.

Eduardo Gutiérrez, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), explicó que debería ver mejor la ley y analizarla personalmente antes de opinar.

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