La concertación y la realidad

Quienquiera que sea el ganador de las elecciones presidenciales, el llamado a una concertación parece cada día más probable. Si el triunfo es de la oposición, serán necesarios acuerdos políticos para facilitar la gobernabilidad. La candidata del Gobierno, por su parte, se ha manifestado proclive a una concertación y ha anticipado algunos de sus posibles contenidos, tanto en el discurso de candidatura como en su conversación con Joaquín Morales Solá. Según la senadora Fernández de Kirchner, un acuerdo institucionalizado y al estilo de la Moncloa garantizaría políticas de Estado que eviten los cimbronazos típicos del pasado, desarrollen una economía diversificada y superadora de las antinomias campo-industria y mercado interno-externo, den lugar a una planificación estratégica de un "modelo de acumulación con inclusión social", a una universidad más vinculada a la producción y a una mayor integración a un mundo del que tenemos que aprender. La gran mayoría de los argentinos coincidiría con tal programa y buena parte de la oposición propone ideas similares. Pero ante la situación actual, son también muchos los escépticos, porque el Gobierno no muestra un diagnóstico ajustado a la realidad y tiende, por el contrario, a negarla en casos tan evidentes como la crisis energética o la contumaz distorsión de la inflación minorista.

Un recorrido por la historia de las concertaciones argentinas muestra dos casos con moralejas muy claras y pertinentes para los actores de la próxima. En 1973 se procuró frenar una inflación del 60% imponiendo la "inflación cero", y su desenlace inevitable fue el Rodrigazo de 1975, que, dicho sea de paso, ignoran los revisionismos históricos al paso, propios de los tiempos que corren. Esta concertación se enmarcó en dos factores análogos a los de hoy: el rápido crecimiento de la década anterior -el mayor de la historia hasta entonces- y precios internacionales muy favorables que permitieron duplicar las exportaciones entre 1972 y 1974. A partir de entonces, empeoró el contexto mundial, pero la clave del fracaso fue el aumento explosivo del déficit fiscal del 1,5% del PBI en 1970 y el 4,4% en 1972, al 5,9% en 1973 y el 12,4% en 1975; déficit financiado, principalmente, con emisión monetaria y originado en el aumento del gasto y en tarifas irreales de las empresas públicas. Ignorado al comienzo, se verificó luego, dramáticamente, el lema de cuño aristotélico sugerido por el desarrollismo y que Perón había hecho suyo: "La única verdad es la realidad". No estoy sugiriendo que nos encaminamos a otro Rodrigazo, sino recordando los peligros del triunfalismo y de utilizar un instrumento válido como la concertación para fijar irrealmente algunas variables económicas.

El otro caso interesante de concertación peronista es el de 1952. Ese año, el PBI era inferior al de 1948; el consumo había caído el 9% en cuatro años; los términos del intercambio externo se habían derrumbado y, sequía mediante, las exportaciones habían caído un 50% entre 1951 y 1952. Con Alfredo Gómez Morales timoneando la economía con mayor realismo, se redujeron el déficit fiscal y el gasto público; la política monetaria fue más prudente; se acordaron convenios colectivos por dos años; se alentaron la productividad, la inversión nacional y la extranjera -en especial la norteamericana- y los precios internos se fueron acercando gradualmente a los internacionales. Se logró así reducir la inflación del 38,8% en 1952 al 3,8% en 1954, y el PBI creció un 5,4% anual entre 1952 y 1955. Por cierto, en el contexto dirigista propio de la época también se congelaron las tarifas, se subsidiaron generosamente bienes básicos y se desarrolló la recordada campaña contra el agio y la especulación, con la clausura de muchos comercios en un contexto de autoritarismo político. Como han escrito Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, "la crisis estaba ahí, era palpable para todo el mundo" y esto fue lo que llevó a un mayor realismo que, sin embargo, y como señaló luego Prebisch, postergó problemas cuya resolución fue muy costosa para el país.

La realidad actual es diferente: ni tan favorable como parecía en 1973 ni tan crítica como en 1952. Pero tiene dos rasgos importantes en común, precios insostenibles de la energía y una tasa de inflación peligrosamente alta: el doble de la que muestra el Indec para el Gran Buenos Aires, según informan los institutos oficiales de las provincias, que no han adulterado los métodos de cálculo. Son los desafíos más urgentes, pero no los únicos.

Aunque el marco mundial de mediano y largo plazo sigue siendo favorable para la Argentina, este año y 2008 serán de fuerte ajuste de los mercados financieros internacionales y mucho menor demanda de activos de países emergentes, cuyo riesgo soberano, sin embargo, ha aumentado mucho menos que los más de 300 puntos de la Argentina, trayendo de nuevo al tapete una variable olvidada desde 2002 por los logros fiscales del Gobierno. Sin embargo, ahora el gasto público está creciendo un 45% y los subsidios a la energía y el transporte se acercan al 1,5% del PBI. Además, la mitad del superávit comercial, originada en la energía, amenaza extinguirse en pocos años, las exportaciones crecen, pero perdiendo participación en el mundo; la pobreza y la indigencia están aumentando por la inflación real y, en fin, es necesario aumentar las inversiones en 6500 millones de dólares anuales con márgenes empresariales en disminución, por lo que se necesitarán políticas más sutiles para atraerlas.

La agenda pendiente es, como se ve, muy densa, y los principales errores que deberán evitarse para ir resolviéndola son negar la realidad, como en 1973, o postergar decisiones factibles aunque políticamente complejas, como en parte se hizo en 1952. Lo que urge es un programa antiinflacionario contundente, y la mejor herramienta para ello es desacelerar el ritmo alocado del gasto público, aumentando en no menos del 2% del PBI el superávit fiscal, para moderar la explosión de demanda y disminuir el riesgo país, lo que alentará inversiones.

La corrección de los precios de la energía, con tarifa social, es urgente también, no sólo por la crisis sino para evitar escándalos como el de la garrafa del pobre, que cuesta seis veces lo que el gas de los pudientes. En fin, la dirigencia toda, con el Gobierno a la cabeza, debería entender que no puede someterse a la sociedad argentina a una nueva crisis grave, que puede llegar antes de lo pensado si se sigue negando la realidad y postergando soluciones. Tampoco es admisible que el país quede atrapado otra vez entre quienes prefieren que todo se hunda para que los responsables paguen los platos rotos y un Gobierno que no se da cuenta de que ya está jugando con fuego. .