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Minas antipersonales en Colombia

Viernes 24 de agosto de 2007
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El conflicto armado de Colombia ha contribuido a que se intensificaran el uso y la fabricación de minas antipersonales y otros artefactos explosivos improvisados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como al consecuente y drástico incremento de la cantidad de víctimas como consecuencia de ello.

Tan dramática conclusión surge del informe Mutilando al pueblo: el uso de minas antipersona y otras armas indiscriminadas por parte de la guerrilla en Colombia , presentado en Washington por el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República de Colombia, las minas antipersonales mataron a 287 personas en 2001. Desde ese año, el número de víctimas creció en forma alarmante: fueron 627 en 2002, 732 en 2003, 877 en 2004, 1112 en 2005 y 1107 en 2006.

El gobierno de Alvaro Uribe sostiene que las FARC usan las minas antipersonales para detener el ingreso de los militares en las áreas que se encuentran bajo su control y para proteger los cultivos de coca. Si bien la gran mayoría de los muertos y heridos pertenecen a las fuerzas regulares, las minas matan, hieren o mutilan cada año a centenares de civiles que se encuentran entre los más pobres y vulnerables y que no participan en modo alguno en el conflicto.

Si bien el informe apunta esencialmente a las FARC, responsabilizándolas de la colocación del 70 por ciento de las minas antipersonales que hay en Colombia, ni la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ni los paramilitares están exentos de responsabilidad en la materia.

En su exposición, Vivanco dijo que "las FARC han mencionado el bajo costo de las minas, que se fabrican con materiales caseros, para justificar su uso contra militares, pero están teniendo un efecto devastador entre los civiles", y destacó que jurídica y moralmente no hay excusa que justifique el uso de estas armas "indiscriminadas y brutales".

Human Rights Watch no halló prueba alguna de su uso por parte de las fuerzas militares, lo cual coincide con la prohibición dictada por el gobierno y con la ratificación de la Convención de 1997 sobre Prohibición en el Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersona y sobre su Destrucción (conocido como Tratado de Prohibición de Minas).

El derecho internacional humanitario prohíbe categóricamente el uso de armas de impacto indiscriminado, como las minas antipersonales. Asimismo, aquellos comandantes y miembros de grupos armados que en forma intencional ordenen o dirijan ataques contra civiles con ellas pueden ser procesados por crímenes de guerra e incluso -si se trata de un ataque sistemático más amplio contra una comunidad de civiles- pueden ser encausados por crímenes de lesa humanidad, según lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Resulta inadmisible, pues, que las guerrillas de Colombia gocen de tanta impunidad en un momento crucial en el cual, además de amenazar a militares y civiles con minas antipersonales, extorsionan al gobierno con el intercambio de rehenes -entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt- y exigen para ello un área de despeje de 800 kilómetros cuadrados que, fieles a su modus operandi , también estarían dispuestos a regar con armas tan arteras como invisibles y letales para quien ose poner un pie sobre ellas.

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