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La política y el compromiso cívico

Sábado 01 de septiembre de 2007
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La crisis de representación política de la Argentina está lejos de ser resuelta. Y, probablemente como consecuencia de ella, el compromiso cívico de la ciudadanía ha distado de crecer en los últimos tiempos.

La vida democrática resurgió con vigor en los años 80. En aquellos días, no eran muchos quienes se excusaban al haber sido designados autoridades de mesa y nuestros partidos políticos, tributarios de una importante tradición histórica, aparentaban cumplir sus funciones centrales de representación y canalización de las demandas sociales.

Esta enunciación no puede, como lo han sido otras, ser cuestionada por lejana en el tiempo o imprecisa. Los ya cercanos comicios presidenciales nos encuentran en circunstancias muy diferentes.

El ciudadano promedio, y en especial el habitante de los principales conglomerados urbanos, vive como una verdadera sanción su designación como autoridad de mesa. Pocos días antes de una elección se repiten interminables procesiones de personas que desean justificar su "imposibilidad" de cumplir con esa carga pública, aun siendo hoy remunerada. Poco importa que esta actitud pueda poner en jaque la expresión de la voluntad colectiva.

Los partidos políticos, eje de cualquier democracia representativa moderna, han sido consagrados, tras la reforma constitucional de 1994, como "instituciones fundamentales del sistema democrático". Sin embargo, bien lejos del furor de participación cívica que tuvo lugar allá por 1983, con la reapertura democrática, han sufrido un proceso sostenido de vaciamiento en los últimos años.

Hoy, los partidos son apenas estructuras carentes de toda vida interna, transformadas en máscaras de la acción de dirigentes territoriales que los controlan.

El Partido Justicialista se encuentra intervenido desde hace ya varios años, sin que nunca se haya observado un honesto ánimo de normalización.

La centenaria Unión Cívica Radical no escapa a este desolador cuadro de fragmentación territorial, de la mano de un grupo de gobernadores provinciales que optaron por sobrevivir al calor que irradia el Poder Ejecutivo.

Completan este panorama las acciones de cooptación por parte del gobierno nacional de cuadros dirigentes de otras agrupaciones con la condición específica de mantenerse en las filas de sus partidos de origen, tal como ocurrió con el flamante vicejefe de gabinete de la Nación, Jorge Rivas, que es hoy aún dirigente del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires.

Los procesos de nominación de candidatos que unos y otros han utilizado nos remiten al más directo nepotismo. Prácticamente ninguna fuerza política ha designado democráticamente a sus postulantes presidenciales, desoyendo el mandato constitucional que garantiza la "organización y el funcionamiento democráticos" de los partidos y su "competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos".

Mucho se ha dicho acerca del modo en el que se impuso la cuestionable forma de designación como candidata presidencial de la senadora y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner. La crítica parece no ser aplicable únicamente a ese caso: el problema del personalismo se repitió en la discusión de la fallida alianza entre Elisa Carrió y Ricardo López Murphy, a partir de la disputa entre la líder de la Coalición Cívica y el electo jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Al mismo tiempo, ninguna de las fórmulas para la gobernación bonaerense han respetado los procesos de selección propios de una democracia.

Es menester que los dirigentes políticos, tantos aquellos del oficialismo como los de la oposición, adviertan la urgencia de que los partidos sean revitalizados. Algo que sólo podrá llevarse a efecto con nuevas prácticas que lleven a una cada vez menor personalización de la política, a la democratización interna, a evitar el verticalismo en los procesos de toma de decisiones y a discutir más abiertamente las propuestas programáticas, de manera que no queden en meros acuerdos de una cúpula cada vez más disociada de la ciudadanía.

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