En un contexto favorable, el actual gobierno dio nuevo impulso al sistema jubilatorio de reparto, pero de cara al futuro se abren interrogantes Foto: Archivo
Está claro que varias medidas tomadas por el Gobierno se orientan a dar mayor protagonismo a la administración pública en el sistema jubilatorio.
Sin embargo, no se muestra tan evidente, a los ojos de varios analistas, si en la construcción de un régimen de reparto fortalecido en su cantidad de afiliados y beneficiarios, existen efectivamente cimientos y columnas resistentes para asegurar que en el futuro se puedan cumplir los mayores compromisos asumidos.
Más bien, hay quienes creen que existen riesgos de que a mediano y largo plazo el Estado no tenga fortaleza para enfrentar todos sus pasivos –que hoy toma pero no contabiliza– y termine ejecutando mecanismos como los que, en otros momentos de la historia argentina, licuaron el valor de los recursos para la clase pasiva.
El sistema previsional es hoy superavitario –sin entrar a discutir si lo sería en caso de aplicarse un mecanismo de movilidad de los haberes, tal como ordenó la Corte Suprema–, y a eso se suma que el régimen público recibió el dinero acumulado por casi 1,5 millones de afiliados a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que fueron derivados a reparto según disposiciones de la ley previsional aprobada este año. Una preocupación surge, entonces, para los economistas consultados por LA NACION, cuando se analiza qué destino se dará a esos fondos y si puede esperarse que garanticen el funcionamiento de un régimen que, en rigor, es dependiente del número de aportantes activos presentes y futuros.
Con el declarado objetivo de resguardar recursos, el Poder Ejecutivo creó un Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional de Reparto. No obstante ello, en los últimos meses, las transferencias desde las AFJP se contabilizaron como parte de los ingresos corrientes del sector público, algo que algunos cuestionan, pero que no choca con impedimentos formales, según expertos en materia fiscal.
Un tema que se observa con cierta inquietud es que parte del superávit previsional se haya destinado a comprar letras del Tesoro con rendimientos inferiores a la inflación oficial.
En la Anses existen tenencias de Letras por $ 2250 millones, que fueron tomadas en 2005 y luego se renovaron, algo que se repetirá en los próximos días, según admitió una fuente del Gobierno. "Los que critican esta colocación parecen no saber que la ley de administraciones financieras permite hacer inversiones sólo en plazos fijos del Banco Nacion o en letras", se atajó un funcionario.
Además de ese financiamiento en particular al propio fisco, con el pase de saldos de las cuentas de capitalización llegan títulos de deuda pública que estaban en poder de las AFJP. En la opinión de algunos economistas, como el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, al volver al Estado esos títulos deberían ser dados de baja del stock de deuda.
En mayo último llegaron a la Anses $ 2828 millones, provenientes de las cuentas de capitalización de 175.147 personas incluidas en regímenes especiales (docentes, investigadores científicos, diplomáticos y jueces), que prometen prestaciones del 82 o del 85% (no móvil) del salario activo. El pase se justifica en que el Estado es el que promete dar esas prestaciones.
En julio se transfirieron $ 4653,6 millones de las cuentas de afiliados que, teniendo más de 50 o de 55 años (según se trate de mujeres o varones) y un ahorro acumulado menor a los $ 20.000, no optaron por quedarse en la AFJP y, por lo tanto, fueron derivados a reparto. El efecto de ese pase, traducido en un abultamiento del superávit fiscal que exhibe el Gobierno, se vio parcialmente en las cuentas de julio (se contabilizó sólo la tercera parte); el resto del impacto se reservó para agosto y septiembre.
Dinámica de pasesLuego de esos traspasos, no habrá otros de montos tan significativos.
Periódicamente se irán transfiriendo los fondos de quienes vayan cumpliendo 50 o 55 años y tengan bajo nivel de ahorro. Entretanto, el dinero ya acumulado por quienes deciden voluntariamente pasar al régimen estatal quedará en las AFJP, y el régimen público comenzará a recibir el flujo de sus aportes desde enero de 2008. Hasta entonces no se conocerá exactamente cuánta gente habrá abandonado capitalización: se sabe que unas 800.000 personas bajaron el formulario de Internet, pero eso no significa que hayan concretado el trámite, que requiere el envío de la planilla por correo.
Otro mecanismo que engruesa el número de aportantes a reparto es que, desde abril último, los nuevos trabajadores que no optan en un plazo de 90 días a qué sistema derivar sus aportes pasan a ser afiliados de la Anses.
Según informaron en el organismo de la seguridad social, el fondo de reserva al que irán los recursos extraordinarios se integrará formalmente el 15 de este mes, y desde entonces se aplicará un plan de inversiones que está en estudio. "El fondo tiene el doble objetivo de calzar en el mediano plazo los vencimientos de las inversiones con altas en el sistema jubilatorio, y de hacer frente a eventuales problemas futuros de financiamiento", sostuvo Sergio Massa, director ejecutivo de la Anses.
Pero el mecanismo tiene sus cuestionamientos. ¿Cuáles son las críticas, expresadas por diferentes analistas? Que un fondo así no se condice con la naturaleza de un sistema de reparto que supone un financiamiento intergeneracional; que por su volumen (inicialmente tendrá $ 20.000 millones) no tiene fuerza para dar sustentabilidad al régimen, cuyo financiamiento depende de otros factores, y que se corre el riesgo de que el dinero termine mal invertido o con su valor licuado.
El decreto que crea el fondo fija pautas amplias para la colocación del dinero, sin disponer límites por instrumentos financieros al modo de los que rigen, por ejemplo, para las AFJP.
"Es altamente riesgoso otorgar discrecionalidad a un organismo que carece de autonomía política y que puede ser capturado por el poder de turno para usar los fondos sin proteger su valor", observó Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Bour, como otros entrevistados, lamentó que se financiara al Tesoro con tasas inferiores a la inflación, y comparó la situación con colocaciones compulsivas de bonos en las décadas del 50 y del 80, que, según dice, vaciaron el viejo sistema de jubilaciones.
Según Juan Massot, economista de la Universidad del Salvador, prestarle al fisco no conlleva más riesgo que el que tienen las AFJP al tomar deuda pública. "Habría más riesgo moral si se invirtiera en acciones privadas", estimó. Massot agregó que siempre hay un riesgo de que fondos previstos para el largo plazo se usen, en una crisis, para paliar situaciones inmediatas.
En la opinión de Rogelio Frigerio, director ejecutivo de la consultora Economía & Regiones, el fondo de reserva es una buena medida, "si se asegura que no se va a usar como variable de ajuste ante dificultades financieras del Gobierno". El actual proceso de transferencia de recursos se da en un contexto en el que aparecen luces de alerta en el sector público. Luces que exhiben poco brillo, justamente, porque las disimulan los fondos previsionales.
"En los primeros seis meses del año, el superávit primario [del sector público] ascendió a $ 14.280 millones, un aumento del 13,4% respecto de igual período de 2006. Para ese resultado se computaron como ingresos corrientes de la Anses $ 2828 millones, que vienen de las cuentas de afiliados a las AFJP traspasados", observó Frigerio. Si se elimina "el retoque contable", estimó, el superávit primario del semestre fue un 9,1% inferior al de ese período de 2006, mientras que el resultado financiero (que incluye pagos de servicios de la deuda), cayó un 38,6% interanual.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) advirtió que tal caída interanual del superávit debe revertirse para lograr "cierta holgura en la administración de los servicios de deuda de mediano plazo".
"Nada garantiza que esos fondos [del sistema previsional] sean intangibles -consideró el actuario Daniel Marcú-; nada garantiza que cuando el Estado necesite recursos no se los vaya a llevar." El consultor recordó que el sistema jubilatorio tiene en nuestro país una historia de licuaciones por inflación del valor de sus recursos. Sin ir más lejos, eso ocurrió a partir de 2002, con un efecto que siguen sufriendo quienes cobran más que el haber mínimo y que, aun con los aumentos que recibieron (proporcionalmente inferiores a los percibidos por quienes menos ganan) tienen hoy un poder de compra inferior al de 2001.
"En general, los sistemas de reparto son inviables y acá no hay posibilidad de que el Estado cumpla a largo plazo con sus compromisos; lamentablemente es así, si hablamos de preservar el valor de las prestaciones", dijo Marcú, tras recordar que por la moratoria previsional, se sumaron más de 1,2 millones de jubilados -que pagan una cuota mensual por la deuda que declararon, pero siempre menor al haber mínimo que ya perciben-, sin hacerse antes un análisis cierto de viabilidad.
"Los que dicen que el reparto no funciona [por no ser suficiente la cantidad de activos para a los pasivos] deberían saber que el sistema actual está financiado en un 60% por recursos de rentas generales", dijo con tono desafiante una fuente del Gobierno. "Todos los países tienen ciclos; eso se dice hoy, pero el día de mañana la recaudación de los impuestos puede no ser buena", retrucó un analista.
"Un sistema de reparto supone un financiamiento intergeneracional; no admite capitalizar fondos", opinó el economista Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos, quien cuestionó la toma de Letras que, por sus bajas tasas, provocan "una descapitalización" en términos reales.
Para Lozano, el dinero que llega a la Anses deberían usarse para dar una recomposición por movilidad (ajustes automáticos en función de un índice como podría ser la evolución de los salarios) a los haberes. Lozano estimó que ésa sería una señal de incentivo para el pase a reparto. "Si se sigue pagando cada vez a más beneficiarios el haber mínimo, eso es un elemento disuasivo para ir al sistema: los aportantes con mejores sueldos no se pasan y así el sistema de reparto se queda con la mayor masa de jubilados y con los aportantes de sueldos más bajos", analizó. Se promueve que el régimen público tenga más afiliados, pero, según evaluó, no se toman las previsiones para fortalecer el régimen: dar la movilidad y restituir el nivel de las contribuciones patronales, reducidas en 1993.
Los reclamos judiciales por movilidad son una espada que desafía la existencia de recursos "excedentes" en el sistema. Al tema se suman las causas judiciales por la falta de actualización de los salarios de los últimos 10 años aportados, cuando se hace el cálculo del haber inicial, que, lógicamente, nace desvalorizado.
"El sistema de reparto no protege a los afiliados cuando hay alta inflación", señaló Bour, que consideró que el objetivo de la última reforma "es esencialmente fiscal, con una solución de corto plazo (para hacer frente al costo de la moratoria y al alza de las jubilaciones), que oculta el déficit de mediano y largo plazo". Advirtió que en las cuentas fiscales se muestra el saldo positivo del pase de afiliados, pero no se computan los pasivos que se asumen.
Es una contabilidad con satisfacciones para hoy. Y dudas para mañana.
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
03.09.0714:57
03.09.0710:56
