Ya se sabe que el ideal de la convivencia pacífica entre los hombres es irrealizable en términos absolutos. Pero renunciar a él, confundiendo su alcance siempre relativo con la inconsistencia adjudicada a su generosa finalidad, equivale a aceptar, con resignado cinismo, que no tiene sentido luchar por el entendimiento entre los pueblos y que el anhelo de justicia naufraga, irremediablemente, en el brutal pragmatismo de los hechos consumados.
La invasión a Irak por parte de los Estados Unidos puso en evidencia, de manera abrumadora, la ineptitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas para salvaguardar su función rectora en el orden de las relaciones internacionales. Mucho más que sus principios, pudo la unilateralidad de los intereses de la superpotencia hegemónica. La caída de la ONU, concebida como entidad rectora en el debate pacífico de los conflictos mundiales, constituyó, a mi entender, si no la mayor, una de las catástrofes políticas y morales más hondas de la posguerra. Pero la impotencia de la ONU muy pronto evidenció ser no sólo suya sino también de los Estados Unidos. Fue una locura empeñarse en asegurar, por la vía apocalíptica, la solución de los problemas que sin duda le atañen.
Desde los días iniciales de aquella invasión, las sensibilidades políticamente mejor dotadas no han cesado de reclamar lo indispensable: la reconstrucción de la credibilidad de esa Asamblea General. Es que si no se la recupera, la Tierra quedará librada al salvajismo que ya abunda en tantos de sus escenarios. Sin ella, la ferocidad del egoísmo y la prepotencia no encontrarán el límite que las disuada en el despliegue de su ceguera.
Los pasos que en pos de esa reconstrucción han logrado darse son, por cierto, insuficientes. Dramáticamente insuficientes en un mundo atormentado por la fascinación que ejerce la muerte y uno de sus recursos predilectos: el belicismo. Pero los actuales logros de la ONU, por módicos que resulten, nutren la indispensable expectativa de entendimiento que exige un proyecto de civilización consistente en términos democráticos.
Entre esos pocos pero decisivos pasos, uno de los últimos es francamente auspicioso. Al cabo de veinte años de marchas y contramarchas, reveses y dilaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó, con 143 votos a favor, la Declaración de los Pueblos Indígenas.
El Documento emitido, si bien por el momento no es vinculante, "establece los parámetros que las naciones deberían respetar" a fin de que la población indígena, cuyo número asciende a 370 millones de personas, "pueda conservar su cultura y su identidad". Tal conservación, decisiva en términos de una globalización con sentido ético, exige "el derecho a la autodeterminación, a la propiedad de las tierras en las que se asientan esas personas y el uso de los recursos que hay en ellas". Se enfatiza, asimismo, "la importancia de la educación bilingüe".
Once fueron las abstenciones y cuatro los países que se negaron a brindar respaldo al Documento. Ellos son: Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Aun así, el apoyo alcanzado por la propuesta pone de manifiesto la existencia de un amplio consenso. Se trata de saldar una deuda histórica cuya magnitud salta a la vista. Ningún proyecto de integración planetaria que aspire a ser superador del pasado puede desconocer el pluralismo redentor que alienta ese Documento. Sus exigencias son las de una conciencia indispensable. Sin ella no será posible encarar los desafíos fundamentales que el siglo le impone a la humanidad.
30.09.0715:32
