Sería muy deseable que las elecciones nacionales del próximo domingo no pongan una vez más en evidencia la carencia de compromiso cívico de gran parte de la ciudadanía a la hora de cumplir con la obligación de constituirse como autoridad de mesa.
Este problema surge teniendo en cuenta que, en los últimos procesos electorales, la deserción para ejercer esa función esencial se viene acrecentando dramáticamente. Así lo demostraron los comicios porteños del pasado mes de junio, en los cuales el ausentismo de las autoridades de mesa llegó al 45 por ciento, pese a las severas sanciones que prevé el Código Electoral Nacional, que van de seis meses a dos años de prisión.
La experiencia indica que, en el mejor de los casos, esos ciudadanos habrán de excusarse dentro de los tres días de producida la notificación invocando razones de enfermedad o fuerza mayor, poniendo así en marcha el sistema de sustituciones. Sin embargo, una vez nombrados los reemplazantes, el porcentaje de deserción se mantiene en niveles intolerables para una sociedad que se dice comprometida con sus instituciones democráticas.
Resulta, sin duda, indispensable que la ciudadanía tome conciencia de la relevancia que tal función reviste. En efecto, la transparencia de los comicios puede quedar comprometida sin la participación responsable e informada de las personas que fueron seleccionadas para desempeñarse como autoridades de mesa. Los planteos formulados por algunos de los candidatos de la oposición se vinculan con este hecho recurrente y con las dificultades para proveer fiscales de sus partidos en todas las mesas de votación.
Esto es así ya que si en una mesa no se presentan las autoridades designadas se nombrará en su reemplazo a personas que en su gran mayoría no han tenido a su disposición formación alguna, pues es norma hacer cargo de esa función al primero que se encuentre en la fila para votar... Y no debe descartarse, en estos casos, la posibilidad de que el control de ciertas mesas de votación quede finalmente en manos de fiscales partidarios inescrupulosos.
La ciudadanía debe -como reclamó la Iglesia en las Primeras Jornadas de Evangelización de la Cultura, al instar a los laicos al "compromiso con la vida pública"- asumir, ya sin excusas, esta obligación moral y legal con la responsabilidad y la seriedad que el tema merece y que le confiere un papel central para la preservación de la democracia representativa.
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