Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí
lanacion.com | Las noticias que importan y los temas que interesan

La Justicia investiga una estafa masiva

Una mafia cobraba a portuarios para jubilarse: hay 3 detenidos

Política

Dos funcionarias están prófugas; allanaron la Anses y la Dirección de Puertos

Una carta dirigida al Presidente fue la clave para desmantelar la estafa. "Mi situación es caótica. He golpeado todas las puertas para obtener mi jubilación. Me exigieron que firmara un pagaré en blanco. Por favor, necesito su ayuda." Cinco meses después de ello intervino la Justicia y hay tres presos por extorsión y dos funcionarias prófugas: una gerente de la Administración General de Puertos (AGP) y la responsable de una unidad especial de la Anses.

Todos están acusados de integrar una suerte de mafia que obligaba a los trabajadores portuarios a pagar para acceder a la jubilación. Se estima que miles de empleados fueron víctimas de la extorsión y que, sólo entre diciembre de 2006 y mayo de 2007, la estafa superó los 540.000 pesos.

Cuando los puertos se privatizaron, a principios de los 90, cientos de estibadores quedaron en la calle. Uno de ellos es el autor de la carta dirigida a Kirchner. No conseguían trabajo, y sin aportes no podían jubilarse. Para revertir esta situación, un decreto de 2004 (ampliado por otro de 2006) dio por completados los aportes de quienes habían trabajado en blanco más de 16 años.

Era el final de una larga lucha gremial, pero fue también la herramienta que posibilitó la defraudación.

En las últimas semanas, el juez Marcelo Martínez de Giorgi allanó la AGP, la Anses y el puerto. Detuvo a tres personas y ordenó la captura de otras siete, que están prófugas.

De acuerdo con las pruebas reunidas, la maniobra fue posible porque la AGP delegó la elaboración de los padrones de los futuros jubilados en un ex trabajador portuario: Francisco Montiel, que hoy está preso.

El recolectaba los documentos de sus compañeros y gestionaba los trámites. A cambio, exigía entre 4000 a 10.000 pesos, según las declaraciones de unos 20 testigos.

La causa penal fue iniciada por la Anses después de que Kirchner le remitiera la carta (de una carilla en total) que alertaba sobre la situación. Paradójicamente, quien la recibió en la Anses y presentó la denuncia judicial es la responsable de la Unidad Central de Apoyo, Silvia Montenegro, que hoy es una de las acusadas de la estafa y está prófuga.

La Justicia calcula que unas 8000 personas pasaron por Montiel. A cambio de haberle otorgado ese poder, una gerente de la AGP, Silvia Quinteros, habría cobrado unos 70.000 pesos, según surge de una planilla que fue secuestrada. Ella también tiene orden de captura.

En cuanto a Montenegro, no hay pruebas de que recibiera dinero, pero una llamada la complica, relató una fuente. Mientras se allanaba el puerto, Montiel la llamó y le dijo que no se preocupara. "Hicimos desaparecer todas las pruebas", advirtió. La Justicia había intervenido su línea.

Voceros de la Anses destacaron que el organismo había promovido la investigación, pero optaron por no hacer más declaraciones.

Como quienes se querían jubilar no tenían dinero, Montiel montó un sistema para diferir los pagos: les hacía firmar un pagaré en blanco. "Muchos accedían. Para los que no, tenía un grupo de matones", dijo un funcionario que trabaja en el caso.

Por las malas

Tan bien montado estaba el circuito que cuando se concedía una jubilación no se notificaba al beneficiario, sino a Montiel. Sabía cuándo cobraba cada uno y dónde. Su gente los esperaba en la puerta del banco. Quienes se negaban a pagar eran golpeados, según los testigos.

Cuando lo detuvieron, Montiel declaró que el dinero no era para él, sino para crear el Movimiento Estibadores de Pie y una mutual para los portuarios que se iba a llamar 10 de Octubre, por la fecha del decreto que habilitó las jubilaciones. Con parte de lo recaudado, Montiel compró una quinta, que declaró que era de la mutual.

"La vida del puerto es así", dijo sobre la violencia de sus métodos.

Además de Montiel, están presos su presunta mano derecha, Bernabé Naranjo, y otro colaborador, Hugo Escalada, y tienen orden de captura las dos funcionarias, dos gestores, dos ex miembros de la organización de Montiel y su mujer, Ana Gorría.

Ella es a quien más temen los testigos. "Es vengativa y es la verdadera cabeza de todo", dijo una mujer que tuvo trato directo con Gorría y está amenazada. No es la única que tiene miedo. "Sé que tengo los días contados. Cualquier noche me queman la casa", dijo el jubilado que escribió la carta al Presidente. Prefiere que no se difunda su nombre.

Cuando destapó la maniobra, estaba desesperado. "Mi familia y yo abríamos las bolsas de basura en French y Anchorena. ¿A qué le iba a tener miedo? ¿A que me matara ese hombre? Eramos muertos en vida. No quise denunciar a nadie. Fueron el hambre y la necesidad."

Definición judicial

  • En los próximos días, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi debe resolver si procesa a los tres acusados que están presos por su presunta participación en la defraudación a los jubilados portuarios. Detenidos en la cárcel de Ezeiza, están acusados de estafa y extorsión. Entre ellos está Francisco Montiel, el supuesto artífice de toda la maniobra y dos de los que fueron sus colaboradores, Bernabé Naranjo y Hugo Escalada. Este último integraba la "comisión" de Montiel y fue acusado, además, de haberle pegado a una persona que se negó a pagar por su jubilación, según informó una fuente de la causa.
Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION
TEMAS DE HOYLa pelea con los holdoutsElecciones 2015La tragedia del avión de Air ArgélieDeclaraciones juradas