Un aplauso cerrado estalló en las oficinas presidenciales en el mediodía del viernes. Néstor Kirchner, emocionado casi hasta las lágrimas, era ya el presidente que se iba y lo despedía el personal que lo rodeó en medio de sus bromas recurrentes y de sus rabietas de ansioso empedernido. Hasta el último instante estuvo administrando, ya -dicen- en contacto permanente con la próxima presidenta. Tarifas de servicios públicos, contratos de aeropuertos, el Indec, la política sobre el polémico proyecto que cambiaría la legislación de los tickets canasta, y el destino de Guillermo Moreno y de Ricardo Jaime anduvieron entre el presidente que se va y la presidenta que viene.
Eran, de algún modo, los viejos menesteres de Kirchner, que éste dejó de lado cuando se convirtió en el jefe de una campaña electoral.
Moreno y Jaime se quedarán un tiempo más. Sus reemplazos hubieran sido una contribución visible a la imagen de un cambio. Pero se trata de una transición extraña, que no se encierra sólo en la permanencia en el poder de un mismo partido político; es también la transición inédita entre un marido y su esposa. Un pacto esencial, emocional y político, preexiste en ellos.
Prevaleció, entonces, el criterio de no tirar a funcionarios cuestionados a la picadora de carne , según la expresión de un empinado kirchnerista. Ellos saben también que sus situaciones no serán las mismas de ahora en más , subrayan. De hecho, la presidenta le pidió al ministro designado de Economía, Martín Lousteau, que prepare una modificación importante en las mediciones del Indec, que debería estar terminada en los primeros días de enero, para reconstruir la credibilidad perdida del organismo estatal de estadísticas.
Moreno deberá obedecer a Lousteau, cosa que aquél no hizo ni con Felisa Miceli ni con Miguel Peirano. La diagonal directa que Moreno usaba para llegar al Presidente, a través de Julio De Vido, se terminó. La relación entre Lousteau y Moreno es buena, pero no excelente. Algo de lo viejo y algo de lo nuevo en ese mundo de las ideas económicas choca en ellos sin remedio. Sea como fuere, resulta sorprendente que los principales economistas del país tomen como referencia tres índices de inflación anual. ¿Qué economía -o qué país- se puede gobernar en tales condiciones?
Los aumentos de las tarifas del transporte público tienen una lectura económica y otra política. También una social: los usuarios de colectivos de la Capital estaban pagando sólo el 50 por ciento de lo que pagan los de La Pampa. Tal inequidad no necesita de más explicaciones. La lección económica es que el tesoro nacional ahorrará 600 millones de pesos que antes se destinaban a subsidiar esos precios subvaluados. La lectura política es que Jaime, secretario de Transporte, se quedará sin ese enorme caudal para repartir sin control.
Moreno y Jaime saben que sus espacios se han achicado y que se irán al primer traspié , asegura el cristinismo que llega. En rigor, la advertencia pesa más para Jaime que para Moreno; sobre el primero sobrevuelan denuncias judiciales por corrupción que el segundo no tiene.
Una gestión febril se desarrolló sobre los últimos tramos de la vieja administración para lanzar de inmediato un plan de actualización de tarifas de gas y luz, pero su complejidad dejó seguramente la firma definitiva en manos de la presidenta inminente. Los aumentos serán escalonados y selectivos; afectarán sobre todo a los grandes consumidores y a los sectores sociales altos. Los dispendios excesivos serán penados con tarifas que tendrán la magnitud de una multa. Probablemente, los consumidores deberán hacer una declaración jurada ante el Estado sobre sus ingresos.
El gobierno impulsará a partir de esta semana una profunda modificación en el proyecto del diputado moyanista Héctor Recalde, que intenta cambiar la legislación sobre los tickets canasta. Importantes empresas extranjeras advirtieron ya que se irán del país si se promulgara el proyecto de Recalde. Recalde denunció un intentó de soborno mediante un cámara oculta.
El resultado es que muy pocos legisladores quieren aparecer votando contra ese proyecto, porque temen que les caiga encima la conjetura de que hubo coimas. Sucedió en el Senado, donde el proyecto debe ser aprobado y donde el Gobierno reclamó su modificación. Los senadores justicialistas exigieron una clara gestión del gobierno en apoyo de las reformas. Moyano denunció la Banelco en tiempos de De la Rúa. Hará lo mismo ahora , adelantaron.
Conclusión: el gobierno enviará el próximo miércoles al Senado al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y al titular de la AFIP, Alberto Abad, para que defiendan los cambios al proyecto de Recalde. Los senadores están dispuestos a destripar el proyecto del diputado moyanista, pero necesitan -aseguran- de una sólida cobertura política.
Moyano será el más grande desafío de Cristina Kirchner en el próximo año, porque el líder cegetista suele tener un problema de visión cuando aparece la frontera entre el reclamo y la violencia. No la ve. Hace poco, casi incendió la Legislatura porteña por un carnet de manejo diferente y ahora aparece dando explicaciones en la investigación sobre el extraño crimen de un dirigente importante de su gremio. Fue el segundo asesinato vinculado con el universo gremial en muy poco tiempo.
Los problemas de la presidenta serán dos: controlar la violencia que despunta en algunos sectores sindicales y contener el nivel del reclamo salarial, porque podría comprometer la inflación del próximo año.
No hubo solución con Uruguay antes del nuevo período presidencial, como se habían planteado algunos sectores kirchneristas. Con todo, altos funcionarios de Cristina Kirchner destacaron la decisión de Tabaré Vázquez de poner el pecho y venir personalmente a la asunción de la presidenta. Será una visita acotada. Sin embargo, es cierto, como aquí se ha reconocido, que pudo haber mandado al vicepresidente o al canciller.
La solución es compleja y pasa también por la finlandesa Botnia y por los intransigentes asambleístas de Gualeguaychú. Es hora ya de que la política tome el lugar de la tensión y de la acción directa.
La presidenta está dispuesta, en cambio, a acompañar al presidente francés Nicolas Sarkozy en su cruzada para que las FARC liberen en Colombia a Ingrid Betancourt. No pasó inadvertido en la nomenclatura argentina que el gobierno de Sarkozy envió la delegación europea de mayor nivel, sólo comparable con la que encabezará el príncipe Felipe de España.
En el desolador caso Betancourt, la presidenta seguirá la línea diplomática requerida por París y no la de Caracas, porque sencillamente ésta última pertenece al pasado , como lo reconoció la propia diplomacia francesa. En su primera semana como presidenta se reunirá por segunda vez con la madre de Betancourt, que prefiere la vía más expeditiva de la gestión de Chávez, y tendrá también un encuentro a solas con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, que lo echó a Chávez de la mediación.
La presidenta deberá enfrentar, a pesar de todo, algunos problemas que no son suyos. Kirchner acaba de insistir, por ejemplo, en que el caso de la constructora sueca Skanska es una corrupción entre privados. Raro país, donde muchos creen que los finlandeses trajeron aquí por primera vez la contaminación del medioambiente y que los suecos nos acaban de enseñar la corrupción.
