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El escándalo de la valija: derivaciones en Buenos Aires y en Caracas

Excusas e impunidad

Política

Por Alberto Fernández
Para LA NACION

Decir que el mundo ha cambiado sustancialmente en los últimos años ya es, a esta altura de los acontecimientos, una verdad irrefutable. También lo es que América latina vive hoy una transformación de magnitud. La conformación de un bloque regional fundado en la idea -planteada maravillosamente por Lula- de que no es posible pensar el desarrollo propio si no se piensa al mismo tiempo en el progreso de los países hermanos del continente, ha vigorizado el andar de una región que durante años, como consecuencia de una promocionada desunión, se ha visto postergada.

Por cierto, semejante cuadro de situación inquieta a quienes han desplegado para la región planes hegemónicos. Perder el control de los recursos energéticos venezolanos o bolivianos, ver como se independizaron la Argentina y Brasil de la manipulación que sobre sus economías ejercían los organismos internacionales de crédito, sentir que queda al descubierto la insuficiencia de sus políticas que no han podido liberar a miles de personas privadas ilegalmente de su libertad a manos de fuerzas irregulares desplegadas en tierras colombianas, son sólo unos pocos aspectos que dan cuenta del retroceso que aquellas fuerzas hegemónicas han sufrido.

Lo llamativo es que ahora, frente el escenario descripto, el gobierno estadounidense se valga de mecanismos de descalificación como los que se han revelado recientemente con objeto de inquietar a la región y poner en crisis las buenas relaciones de quienes la conformamos.

En esos métodos se inscribe la formidable operación desplegada por el Departamento de Justicia del gobierno republicano de los Estados Unidos de América (*), que con el pretexto de investigar el ingreso anormal de agentes extranjeros en su territorio, pretende hacer creer a la comunidad internacional que el gobierno venezolano enviaba aportes ilegales a favor de la campaña presidencial del oficialismo.

A diferencia de lo que Roger Noriega (ex subsecretario de Estado para América latina) expuso días atrás en estas mismas páginas, aquellas maniobras que tanto pondera, lejos de facilitar que se sepa la verdad, sólo han logrado tergiversarla en protección del principal acusado.

* * *

Sabemos ya que meses atrás un ciudadano norteamericano nacido en Venezuela intentó ingresar en el país de modo irregular la suma de 800.000 dólares. Lo sabemos porque fue la Policía Aeroportuaria argentina la que detectó la valija repleta de dinero. Lo sabemos porque fue la Aduana Argentina la que labró la infracción y dio intervención al tribunal competente. Y lo sabemos, finalmente, porque fue la justicia argentina la que investigó lo ocurrido, citó a prestar declaración indagatoria a quien intentó ingresar ilegalmente ese dinero en el país y la que reclamó su extradición a los Estados Unidos de América.

Tal vez lo que Noriega debería reclamar es que su país, en lugar de proceder como lo hizo, posibilitara de una vez por todas que el acusado rindiera cuentas de su responsabilidad ante los tribunales argentinos. Cuando no lo hace, avala un incalificable procedimiento que, por encima de las nefastas consecuencias políticas que tiene, convierte al acusado en víctima y lo traslada al mundo de la impunidad propio de los testigos protegidos impidiendo así el avance de la justicia argentina en la dilucidación de lo sucedido.

Por encima de la "seguridad" que las autoridades estadounidenses han perfeccionado a favor del acusado, las noticias difundidas a partir del procedimiento siembran dudas de naturaleza política que desde cualquier lógica no deberían existir. ¿Cómo se explica que si el dinero estaba destinado a la candidata del Gobierno, sea el mismo Gobierno el que desbarata la posibilidad de que tal objetivo se logre? ¿Cómo entender que el presidente Chávez, llegando a la Argentina en misión oficial un día después, pudiendo hacer uso de las prerrogativas propias de la diplomacia, haya elegido enviar a la Argentina dinero de modo irregular a través de un personaje de singulares características, sometiéndolo al "riesgo" de los controles? ¿Cómo admitir que los que han sido socios comerciales del acusado desde siempre se transformen repentinamente en agentes venezolanos que lo extorsionan?

A diferencia de lo que piensa Noriega, al calificar lo ocurrido de "operación basura" la presidenta Fernández de Kirchner no sólo no posterga su vocación por saber la verdad, sino que advierte sobre la impunidad que por esa acción logra el principal responsable de los hechos.

Tal vez si aquél fuera extraditado a la Argentina, podríamos saber de modo fehaciente el origen y el destino de esos recursos. Pero eso no será factible, pues lo hecho en el país del Norte ha abortado toda posibilidad de lograrlo. Ahora, quien era investigado por contrabando y lavado de dinero se ha convertido en víctima de un gobierno que lo extorsiona. Ahora, importa más saber qué hacían en Florida tres "agentes extranjeros" que vivían allí desde hacía años (???) que saber si lo sucedido aquel 4 de agosto de 2007 fue planeado en algún lugar con el propósito de desmontar las relaciones entre la Argentina y Venezuela poniendo en apuros -falacia mediante- a los gobernantes de ambos países.

Tal vez sea hora de que en el mundo de la globalización ceda la voluntad hegemónica que pretende "disciplinar" a toda costa a los países latinoamericanos. Si las relaciones internacionales se fundan en el mutuo respeto, no son precisamente las "operaciones de inteligencia" como las que ahora padecemos las que generan ese sentir. Las relaciones se hacen más sólidas cuando los miembros de la comunidad de naciones libres nos tratamos de igual a igual. Y para ello, nadie debe ofender la inteligencia y el buen nombre del otro con el sólo propósito de proteger a un acusado que, si habla en la Argentina, tal vez aporte evidencias que no "deban" ser conocidas.

Cuando todo esto asoma, la decadencia parece querer expresarse precisamente allí, en el mismo lugar donde la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia se verbalizan con una fuerza semejante a la de los hechos que las niegan. ¿Cómo se explica que si el dinero estaba destinado a la candidatura del Gobierno, sea el mismo Gobierno el que desbarata la posibilidad de que tal objetivo se logre?

El autor es jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Cristina Kirchner.

(*) En los Estados Unidos, a diferencia de lo que se dice, los fiscales ( district attorneys ) y el FBI son parte del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, no actúan en forma independiente del secretario de Justicia. Recientemente, Alberto González renunció a ese cargo por "castigar" a fiscales que no estaban dispuestos a "torcer" investigaciones por razones políticas. .

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