Las insólitas "tarjetas vecinales" que crearon los asambleístas de Gualeguaychú para controlar el corte de Arroyo Verde abrieron una áspera controversia de uno y otro lado del río Uruguay. El gobierno uruguayo se declaró "horrorizado" por la medida y la oposición argentina la calificó como un "delito de sedición" de los ambientalistas. El oficialismo, en cambio, mantuvo una cautela que osciló entre el silencio, la justificación y el intento de minimizar la polémica.
"El tema es insignificante", dijo ayer el senador nacional y ex vicegobernador entrerriano Pedro Guastavino, una de las principales voces del oficialismo en el tema pasteras y un hombre de relación estrecha con el gobierno nacional. Fue una de las pocas voces que se oyeron en público.
El resto prefirió no hacer declaraciones, aunque en la intimidad imitaron esa postura y justificaron la modalidad de los asambleístas de aplicar mediante "tarjetas vecinales" autorizaciones que permiten sortear el corte de la ruta 136, que conduce al Puente Internacional General San Martín. La Asamblea de Gualeguaychú, con discrecionalidad y sin intervención de los Estados, ya emitió dos centenares de permisos de pase, según informó ayer el diario Clarín .
Guastavino minimizó el hecho. "Esto es una operación de prensa. El sistema que aplican [los asambleístas] se conocía de antes", dijo a LA NACION. "Se puede no estar de acuerdo, pero no debe cambiar el eje principal del problema, que es que Botnia está contaminando. ¿Cuál es el sentido de dar a conocer esta noticia ahora?", preguntó el legislador.
Una fuente cercana al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahíllo (PJ), dijo lo mismo. "Le están dando más importancia de la que tiene", señaló. "No hay autorizaciones generales para cruzar. Los carnets son para la gente que trabaja en la zona. No sé por qué le dan tanta trascendencia a esto", se quejó la fuente. El intendente y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, no contestaron las reiteradas llamadas de LA NACION.
Los asambleístas retomaron parte del hermético discurso oficial y lo repitieron, con argumentos casi idénticos: "Es una operación de Botnia", opinó el ambientalista Alfredo de Angelis respecto de la información sobre las tarjetas. "¿Por qué no se ocupan del derrame de pasta por un accidente en Botnia y la quemadura de un obrero con ácido?", cuestionó.
En la Asamblea hay un discurso común: las tarjetas "no son más que simples identificaciones para que puedan pasar personas por cuestiones humanitarias".
Ese control, sin embargo, no le pareció menor al gobierno uruguayo. El canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, ayer se declaró "horrorizado". "Es como si yo emitiera tarjetas para ver quién entra por la calle Cuareim al Ministerio de Relaciones Exteriores", ironizó.
En la Argentina, el diputado de Pro Federico Pinedo fue duro con la medida. "Esto es delito de sedición, casi la privatización de las relaciones exteriores", opinó. "Estas medidas no favorecen el diálogo", añadió Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica. En el oficialismo indicaron que esperarían acordar una "postura oficial" para opinar. La postura, hasta anoche, no había llegado.
Informe de Jorge Riani, desde Paraná
31.01.0821:42
31.01.0820:50
31.01.0820:45
