Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Desde 1983, en la agenda de todos

Por Ana María Mustapic Para LA NACION

Domingo 10 de febrero de 2008
0

Hay una constante en la agenda de los gobiernos que conocimos desde 1983: el propósito de reformar las instituciones políticas. Sin embargo, a no ser por la reforma constitucional de 1994, poco se ha avanzado en esa dirección.

Las razones no deberían ser difíciles de comprender: la reforma política supone un cambio de reglas y todo cambio de reglas implica una redistribución de poder.

Es previsible, en consecuencia, que los políticos sólo van a estar dispuestos al cambio si evalúan que, bajo el nuevo esquema, su situación no empeorará sino más bien mejorará. De lo contrario, tratarán de eludirlo.

Un ejemplo han sido los avatares de la ley de elecciones internas abiertas y obligatorias. Prácticamente la misma mayoría sancionó la ley en medio de la crisis del "que se vayan todos" y luego suspendió su aplicación porque pareció riesgosa para los planes políticos del gobierno de turno. Finalmente, terminó derogándola.

Entiendo que el renovado interés por la reforma política constituye una reacción a los efectos de decisiones y prácticas surgidas al calor de la crisis de 2001. Sus consecuencias negativas quedaron a la vista en las elecciones de 2007. Por una combinación de cambios legislativos, decisiones judiciales y difusión de prácticas, se multiplicó como nunca el número de partidos, candidaturas y listas. El impacto se sintió cuando menos en tres frentes: se afectó el derecho de los ciudadanos de elegir de manera informada; quedó en duda la habilidad del Estado para controlar el proceso electoral, y, finalmente, fue debilitada la capacidad de los partidos para estructurar el espacio político, haciendo más costoso, en términos de tiempo, coherencia y cohesión, el proceso de conformación de listas y alianzas electorales.

Parece que la experiencia de 2007 está gestando un cierto consenso centrado en la conveniencia de disminuir el número de partidos y el número de listas. Esto hará necesaria la modificación de la legislación electoral, la legislación sobre partidos y la asignación de recursos.

Veamos algunas alternativas. Para limitar el excesivo número de partidos políticos no representativos, se podrían hacer más restrictivas las condiciones para conservar la personería política. Una fórmula es elevar al 3 por ciento de los votos el requisito para mantener la personería y acceder, de este modo, al financiamiento estatal. Asimismo, podrían introducirse mayores exigencias para que los partidos cumplan y no violen sus cartas orgánicas. Para ello, habrá que destinar más recursos de modo de hacer efectiva la función de control que les cabe a las autoridades públicas.

* * *

En cuanto a la disminución del número de listas, debería prohibirse expresamente las listas "espejo", uno de cuyos objetivos es obtener más financiamiento, en particular estatal, para un mismo candidato. En este mismo orden, debería prohibirse la presentación de más de una lista por un mismo partido. En otros términos, no deberían repetirse las tres candidaturas presidenciales del PJ de 2003.

Es posible que estas propuestas, u otras mejores a las aquí mencionadas, consigan avanzar. Hay otras, sin embargo, que, en principio, presentan más dificultades. Quizá sea éste el caso de la introducción de la "lista única" que incluya toda la oferta electoral en juego o algún equivalente. En la mayoría de las democracias, las listas electorales las provee el Estado. En la Argentina, en cambio, esto está centralmente en manos de los partidos.

Sus consecuencias son dos. Por un lado, el derecho de ser elegido no está igualmente distribuido. En efecto, es preciso contar con los recursos humanos necesarios -los fiscales- para distribuir las listas en todo el territorio. Por otro, las listas en manos de los partidos se presta a prácticas corruptas; una situación típica es la explotación de la necesidad con fines electorales. La ausencia de compromisos oficiales en esta materia estaría indicando que, por ahora, quienes pueden terminar con este estado de cosas evalúan que, cambiando esta regla, estarían peor.

La autora es politicóloga y profesora de la Universidad Di Tella

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas