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Sobornos en el Senado: el caso judicial que complicó al gobierno de la Alianza

Procesaron a De la Rúa por las coimas

Política

El juez sostuvo que el ex presidente avaló el pago ante dos senadores del PJ en su despacho, a cambio de la reforma laboral

El ex presidente Fernando de la Rúa atraviesa su peor momento con la Justicia: el juez federal Daniel Rafecas lo procesó ayer por el presunto pago de sobornos a senadores para que aprobaran, en 2000, la ley de flexibilización laboral.

El juez consideró probado que De la Rúa avaló el pago de las coimas en su propio despacho de la Casa Rosada, durante una reunión con dos de los legisladores del PJ que serían destinatarios de los sobornos.

De la Rúa se convirtió así en el primer presidente argentino procesado por haber sobornado al Congreso. No irá a la cárcel, por lo menos no por ahora, porque el procesamiento fue "sin prisión preventiva", pero si la Cámara Federal confirma lo resuelto, deberá enfrentar un juicio oral con los otros nueve procesados de esta causa.

El delito que se le imputa es "cohecho activo agravado", que prevé una pena de hasta seis años de prisión y la "inhabilitación absoluta" para ejercer cargos públicos. También se ordenó un embargo por 500.000 pesos.

El fallo de Rafecas es terminante. Dice que De la Rúa "debe ser considerado el máximo responsable del pago de los sobornos", porque fue quien coordinó las "negociaciones ilícitas" que culminaron con el pago de 4.300.000 pesos a los senadores. El objetivo: destrabar la reforma laboral que reclamaba el Fondo Monetario Internacional.

Según el juez, De la Rúa llevó adelante la operación por medio de tres hombres de su más estrecha confianza. Fernando de Santibañes, que era jefe de la SIDE; José Genoud, entonces presidente provisional del Senado, y Alberto Flamarique, su ministro de Trabajo. Los tres fueron procesados -y la Cámara lo confirmó- por haber pagado los sobornos.

También por cohecho, pero pasivo (haber cobrado coimas), irán a juicio los ex senadores Alberto Tell, Remo Costanzo, Emilio Cantarero, Ricardo Branda y Augusto Alasino.

Y la lista se completa con el hombre cuya confesión es el eje de la causa: el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, que admitió haber sido quien entregó el dinero de la SIDE a los senadores. El relato de este supuesto arrepentido se corroboró, según Rafecas, "desde el principio hasta el final".

Sin embargo, la primera prueba contra De la Rúa es, para el juez, un razonamiento lógico: en la causa se dio por probado que Santibañes, Genoud y Flamarique organizaron el pago de los sobornos, pero ellos no se conocían entre sí y actuaban en ámbitos separados; el único punto que los unía era De la Rúa, superior directo de los tres, que "no podía estar al margen del delito".

LA NACION se comunicó con el ex presidente, que dijo: "jamás existieron esas negociaciones" y acusó a Rafecas de actuar con interés político (ver aparte).

"Arréglenlo con Santibañes"

Ayer, por primera vez, el juez consideró probado un hecho clave: la existencia de la reunión en la Casa Rosada en la que se habría acordado el pago de los sobornos y denunció por falso testimonio a tres colaboradores de De la Rúa que habían pretendido desmentir a Pontacuarto.

El presunto arrepentido relató detalles de este encuentro, que De la Rúa siempre negó. De acuerdo con el presunto arrepentido, en aquella reunión Genoud dijo que el justicialismo necesitaba "otras cosas" para aprobar la ley y De la Rúa le respondió: "Eso arréglenlo con Santibañes". También estaban presentes Tell, Alasino y Flamarique.

Para Rafecas, está acreditado, incluso, el móvil de la reunión: "Los futuros sobornados -sostuvo el juez- querían asegurarse de que no sólo el presidente provisional del Senado, no sólo el ministro de Trabajo, no sólo el secretario de Inteligencia, estaban al tanto: ellos querían una prueba directa de que el presidente De la Rúa también lo estaba. Querían corroborarlo por sí mismos. Y De la Rúa accedió".

Pontaquarto dijo no recordar la fecha exacta de la reunión, pero el juez cree que fue el 30 de marzo. Lo determinó a partir de los dichos de los protagonistas de las negociaciones, que eran de "un marcado pesimismo" hasta el 30 de marzo y cambiaron de manera "súbita" el 31. El fallo recuerda, por ejemplo, que ese día Flamarique anunció a LA NACION, inesperadamente, que la ley estaría aprobada antes de mayo.

Rafecas también incluyó como prueba el análisis de los teléfonos celulares. El 30 de marzo, los de Alasino y Genoud estaban apagados, pero los de Tell y Flamarique estaban en las celdas correspondientes a la Casa Rosada.

Los investigadores revisaron también las llamadas de ese día entre los acusados y encontraron que Santibañes, que no estuvo en la reunión, llamó once veces a De la Rúa entre las 10 y las 16 y tres veces a Flamarique.

El día anterior hubo otras llamadas inusuales, según Rafecas. Por ejemplo, una de la casa particular del ex presidente a Flamarique, la única registrada entre esos números en meses.

Además, el juez cree que la conducta posterior de De la Rúa también lo compromete. Por ejemplo, su negativa a que la SIDE fuera auditada por la Sigen y el pago de 3000 pesos mensuales que la Secretaría de Inteligencia realizó a Pontaquarto durante todo 2001 con fondos reservados. "Si no lo ordenó, no lo podía desconocer", sostuvo el juez. .

Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION
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