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El agro le respondió a la Presidenta con sus cuadros técnicos

Diferencias sobre tipo de cambio y gasoil

Jueves 27 de marzo de 2008
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Un coro de funcionarios repitió ayer un libreto confeccionado en la Jefatura de Gabinete: eran los argumentos del Gobierno para sostener el último aumento de las retenciones. Y otro coro, el de los cuadros técnicos de las entidades ruralistas -los mismos que cada tanto consulta la propia administración Kirchner-, se encargó de responder al discurso que dio anteayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la presentación, realizada ayer en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA), los especialistas Ernesto Ambrosetti (SRA), Daniel Asseff (Coninagro) y Ricardo Negri (Aacrea) explicaron técnicamente el alcance del nuevo sistema de retenciones. Buscaron demostrar por qué la continuidad de este sistema afecta sobre todo al pequeño y mediano productor al reducir a mínimos los márgenes de rentabilidad.

Antes de pasar al análisis de la resolución N° 125, que desató el paro agropecuario, los expertos recordaron que la agroindustria representa el 36% de la mano de obra ocupada, el 20% del producto bruto interno (PBI) y el 56% de las exportaciones del país. También recordaron que siguen cerradas las exportaciones de trigo y restringidas las de carne. Y que la leche fluida tiene un precio máximo en el mercado interno.

Negri, de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), una entidad técnica no gremial que adhiere a la huelga, presentó un modelo de típica empresa agropecuaria del Noroeste, más precisamente de Tucumán (en la nueva frontera agrícola). A partir de las nuevas retenciones, esa empresa distribuye su facturación de la siguiente manera: "38% va al pago de retenciones; 17%, al movimiento de la cosecha; 19%, a gastos indirectos y de arrendamiento de la tierra; 2,5% son los impuestos a las ganancias y al cheque; el 1% son impuestos provinciales y municipales, y el resultado para el productor es del 2%.

Para este modelo de empresa, el 83% de su resultado es aportado al Estado, si el campo es propio. Si fuera sobre campo arrendado, la carga fiscal total sobre su resultado es del 95%", explicó Negri.

A su turno, Asseff, economista de Coninagro, dijo: "El Gobierno dice que vendemos nuestros productos en dólares y que tenemos los insumos pesificados, y no es así. Mientras el dólar libre, al que compramos los insumos, está a $ 3,17, el dólar de exportación, al que vendemos la producción, está a $ 3,14. Pero si le descontamos las retenciones, el dólar para la soja es de $ 1,76, y para el girasol, $ 1,91", explicó Asseff. Para Raúl Dente, gerente del Centro de Acopiadores, que también participó de la presentación, "si al dólar soja se le descuenta el índice de precios al consumidor (IPC) desde 2001 el tipo de cambio real actual es de $ 0,85, y si se le quita la inflación combinada (mitad mayorista, mitad minorista) es de $ 0,75".

Como Dente, también estuvieron directivos del Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) y de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASU). Durante la conferencia también se detallaron los porcentajes en que aumentaron los insumos desde diciembre pasado: gasoil, 5%; flete, 23%; fósforo (un fertilizante clave), 29%; urea granulada (otro fertilizante muy usado), 12%; glifosato (herbicida), 23%.

Ambrosetti, economista de la Rural, explicó cómo funciona el esquema de retenciones móviles, variables y crecientes. "Para el caso de la soja, los nuevos derechos de exportación marginales van restando a medida que el precio es mayor. En esta escala, para la primera instancia, de 0 a 200 dólares la tonelada, de cada billete de 100 dólares, el Gobierno se queda con 23,5 dólares. En el siguiente escalón, hasta 300 dólares, por el nuevo billete de 100, se queda con 38 dólares. Y así hasta llegar un nivel de precios de más de 600: cada 100 dólares adicionales el Gobierno le da al productor sólo 5 dólares y se queda los otros 95", detalló el economista.

Para Ambrosetti, "lo peor es que le pone un techo a los precios y con eso hace caer la expectativa de inversión tecnológica de todos los productores, que no se van a arriesgar a invertir más". Con el nuevo sistema, el Gobierno podría llevarse US$ 11.386 millones por retenciones. "Con eso podrían comprarse 218.195 tractores y 65.094 cosechadoras", agregó el economista.

Por José Crettaz De la Redacción de LA NACION

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