Sin el pan y sin la torta
Por Eduardo José Míguez
Para LA NACION
La interpretación más obvia del conflicto por las retenciones a las exportaciones agrarias es que el hambre irrefrenable de ingresos que tiene el gobierno nacional lo ha llevado a expoliar de tal manera al sector rural que éste se ha visto obligado a reaccionar de una manera enérgica.
Una visión más favorable al Gobierno diría que la avaricia del campo lo lleva a resistirse a un impuesto que, incluso siendo alto, es una razonable forma de distribución del ingreso en un contexto en el que los altos precios de los productos agrarios, la tasa cambiaria favorable y los bajos precios de los combustibles, propiciados por la política económica, le aseguran extraordinarias ganancias al productor.
Algunas declaraciones del Gobierno, sin embargo, pueden apuntar en otro sentido. Se ha escuchado a altos funcionarios decir, en más de una oportunidad, que ellos son industrialistas. Desde 1930 hasta los años setenta, una persistente imagen del pasado argentino oponía la "oligarquía agraria" a la modernización e industrialización de la República Argentina.
En los medios académicos más reconocidos, esta visión ha caído totalmente en descrédito, desde que serios trabajos de los más prestigiosos historiadores económicos, como Carlos Díaz Alejandro, Ezequiel Gallo, Roberto Cortés Conde y muchos otros han demostrado que el progreso de la Argentina anterior a 1930, sin duda motorizado por el campo, no sólo no fue contradictorio con la industrialización, sino que creó las condiciones que, en buena medida, contribuyeron a favorecerla.
Fuera de los medios académicos, sin embargo, incluyendo buena parte de la vulgata histórica de gran difusión, la caduca contraposición entre oligarquía agraria e industrialización sigue conservando buena parte de su fuerza. Puede suponerse, entonces, que un conjunto de políticos fijados en interpretaciones obsoletas del pasado y de funcionarios mediocres guía sus políticas por estas ideas, en una tradición que no es ajena al peronismo. Pero no necesariamente es así.
No es fácil, por ejemplo, asociar el perfil del joven y bien instruido nuevo ministro de Economía con esta interpretación. Y, sin embargo, es muy posible que su peso en estas decisiones sea realmente importante y que la lógica económica de sus decisiones tenga buen fundamento académico.
Hace ya muchos años, los economistas denominan "enfermedad holandesa" ( Dutch desease ) al efecto sobre la industria de una cierta bonanza en los sectores primarios. Los ingresos generados por la exportación de un bien primario tienden a elevar la tasa cambiaria, lo que hace menos competitivo el sector industrial, provocando una desindustrialización o, por lo menos, un menor crecimiento en ese sector.
Esa fue la experiencia de Holanda, luego del descubrimiento de gas y petróleo en el Mar del Norte en la década de 1960, y de allí el nombre del fenómeno, acuñado por The Economist en 1977.
De hecho, hace años incluía en mis cursos de historia económica en San Andrés (universidad en la que estudió el ministro) un paper sobre este tema, y aunque esto fue después de que el ministro se graduara, no cabe duda de que él conoce bien este fenómeno.
Si éste es el fundamento de las medidas que afectan y restringen la exportación, o al menos parte de ese fundamento, lo que en realidad se busca no sólo es incrementar la recaudación fiscal. No es sólo asegurar una provisión de alimentos baratos para el mercado interno, sino incluso, concretamente, limitar el crecimiento de las exportaciones agrícolas.
Se trataría, así, de evitar que los mayores ingresos de divisas generados por el sector rural -y destinados nuevamente a él- presionen hacia el alza de la tasa cambiaria.
De hecho, el Banco Central hace tiempo que tiene serios problemas para mantener bajo el nivel del peso, y un aumento del ingreso de divisas por la exportación primaria puede estar muy lejos de ser bienvenido.
Si es así, desde luego, es muy comprensible que el ministro de Economía no llame a una conferencia de prensa para explicarlo. A nadie le caería muy bien que el Gobierno anunciara que en realidad lo que busca es evitar un crecimiento de las exportaciones. Aun cuando la medida tuviera buen sustento académico, sería difícil de digerir por el público.
Incluso así, una decisión de ese tipo tendría buena justificación, si mediante ella se lograra dar un fuerte impulso al crecimiento del país basado en la industria y en otros sectores de la economía que incorporen más valor agregado. Es probable, sin embargo, que una tasa cambiaria favorable estuviera muy lejos de ser suficiente para este propósito.
La historia económica sugiere que el éxito en el desarrollo de una economía moderna y competitiva depende, más que de decisiones políticas de coyuntura, de sólidos sustentos en el campo de la educación y de las instituciones, de condiciones políticas que aseguren la previsibilidad y la seguridad jurídica que estimulan las inversiones.
Entre muchas otras, éstas son las lecciones del gran progreso argentino de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Sea o no razonable, una mera decisión de política económica no sustituirá como fundamento del desarrollo la ausencia de políticas de largo plazo tendientes a crear las condiciones básicas necesarias para el crecimiento sustentable. Por el contrario, la centralidad del Estado en la distribución de recursos, en especial, de un Estado que no se destaca por su probidad y austeridad, ha sido en el pasado, y amenaza con volver a ser, la fuente de un creciente deterioro institucional.
Las maniobras de corto plazo conspiran contra los cambios de fondo que la sociedad argentina requiere para que predomine en ella una economía moderna basada en alta tecnología. Y esto nos aleja del objetivo de una sociedad que favorezca el crecimiento armónico con buena distribución del ingreso.
Para decirlo de manera breve: que nos podemos quedar sin el pan de los ingresos por la exportación de soja, y sin la torta del desarrollo económico más integral. .