Por Paz Rodriguez Niell | LA NACION
El actual subsecretario Luna y el maquinista, también imputados
20.06.2012 | 00:00El maquinista, los directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y los funcionarios públicos a cargo del sistema de transporte ferroviario. Todos ellos fueron, para el fiscal federal Federico Delgado, responsables de la tragedia que provocó la muerte de 51 personas y lesionó a más de 700, hace casi cuatro meses, en la estación Once.
Delgado le pidió ayer al juez federal Claudio Bonadio el procesamiento de 32 personas, todos los acusados que fueron citados a declarar en indagatoria en este expediente. Entre ellos, el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, un sindicalista que lleva casi doce años en el cargo, y los ex secretarios de Transporte a quienes Luna reportó: Ricardo Jaime y su sucesor, Juan Pablo Schiavi, que dejó el Gobierno dos semanas después de la tragedia.
También sostuvo que deben ser procesados los empresarios Claudio Cirigliano, presidente de Cometrans SA, y Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA, además de otros 24 directivos y empleados del Grupo Cirigliano, porque "detentaban el control operativo y administrativo del servicio ferroviario", según el fiscal. La estrategia de defensa de funcionarios y empresarios había sido culpar por el choque a Marcos Córdoba, el maquinista. Delgado coincidió en que Córdoba tuvo responsabilidad en la tragedia ("no prestó la atención necesaria"), pero sostuvo que no más que quienes tenían a su cargo el servicio.
Según el fiscal, en la causa se acreditó un desvío de fondos de casi dos mil millones de pesos que debían destinarse a los trenes. Por eso, a funcionarios y empresarios les imputó el delito de "peculado", además del de "estrago culposo", que reprime a quien, con un obrar descuidado, causa un accidente tal como un descarrilamiento o un naufragio. La pena de este delito, cuando provoca la muerte o lesión de alguna persona, es de uno a cinco años de prisión.
"Sabemos que las transferencias efectuadas por el Estado nacional a favor de TBA equivalentes al monto de 1.924.625.755,67 pesos no fueron a parar a donde debían", afirmó el fiscal. Alegó que una muestra de ello son "las inversiones multimillonarias en el exterior que realizó el Grupo Cirigliano y el paupérrimo servicio que brindaba en el país". Para Delgado, la prueba de esto fueron los estudios de la Auditoría General de la Nación, máximo organismo de control de las cuentas públicas, que "mostraron cómo las grandes masas de dinero inyectadas por el Estado para el desarrollo, mantenimiento y ejecución de la política ferroviaria se desviaron de sus fines y objetivos reales". Además, Delgado consideró "revelador" de este manejo corrupto el expediente que investiga a Jaime por "las dádivas que recibió de parte de Claudio Cirigliano", caso también a cargo de Bonadio por el que Jaime fue procesado.
"Hubo muchas negligencias y no todas ocurrieron en el mismo tiempo. Sin embargo, todas fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero", relató Delgado. Eso explica por qué el fiscal pidió procesar tanto a Jaime como a su sucesor.
En su escrito, que el fiscal presentó sin que el juez lo hubiera consultado, advirtió que las defensas de empresarios y funcionarios consistieron en deslindar responsabilidades de manera genérica. Según Delgado, estas estrategias les "jugaron en contra". Citó como ejemplo la indagatoria de Luna, que primero refirió que entre las funciones de su cargo estaba intervenir en la "elaboración, ejecución y control" de las políticas ferroviarias, y dijo luego que no era "función de su cargo el control de su área". Luna, sindicalista de La Fraternidad, responde a Omar Maturano, que supo ser aliado de Hugo Moyano, pero hoy integra el grupo de antimoyanistas.
Delgado afirmó que en el expediente hay constancias de diálogos que prueban "las paupérrimas condiciones de las formaciones del Sarmiento" y transcribió 14 conversaciones entre conductores de trenes y la torre de control de TBA donde los maquinistas alertan sobre fallas en los frenos.
Para él, todo esto "anunciaba el suceso trágico del 22 de febrero". Además, citó el testimonio de Osvaldo Quaini, inspector examinador de conductores, que confirmó que los maquinistas frenaban "a ojo".
Delgado identificó "dos grandes conjuntos" de presuntos responsables de la tragedia: el Grupo Cirigliano y Córdoba, por un lado, y los funcionarios públicos, por el otro. Entre ellos, incluyó a Antonio Sícaro, interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y su antecesor, Pedro Ochoa Romero. Delgado advirtió que otro posible delito cometido es el de asociación ilícita, al que había hecho referencia el juez. Más allá de la opinión del fiscal, será ahora Bonadio quien decida qué responsabilidad les cabe a cada uno de los imputados.
CONFLICTO EN LA LÍNEA MITRE
Los tres ramales del Ferrocarril Mitre registraron ayer cancelaciones por una medida de fuerza de la Unión Ferroviaria (UF). La acción gremial consistió en sacar de circulación todo tren que no estuviese en "condiciones óptimas" para efectuar los recorridos en la línea, que une la terminal de Retiro con José León Suárez, Tigre y Vicente López, según dijeron fuentes gremiales. La Unión Ferroviaria tiene abierta su negociación paritaria y sólo ha llegado a un acuerdo salarial parcial hasta el mes de agosto, dijeron las fuentes consultadas. Versiones no confirmadas relacionaron las demoras con un reclamo salarial de los guardas..
