La licitación para controlar el boleto electrónico y su consecuente contrato de 65 millones de pesos quedó bajo la mira de la Justicia. El juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli investigan el concurso que ganó un consorcio compuesto por ex asesores de la Secretaría de Transporte, pese a que el Estado contaba con una oferta de 10 millones de pesos más barata.

Torres abrió una causa para investigar la responsabilidad del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El abogado Jorge Vitale denunció penalmente al funcionario por los supuestos delitos de violación de deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos.

La presentación apuntó contra De Vido porque cuando se realizó la licitación, la Secretaría de Transporte -en ese momento a cargo de Juan Pablo Schiavi- reportaba directamente al ministro de Planificación.

También el fiscal Carlos Stornelli investiga el control de la SUBE. El 8 de junio comenzó una investigación a partir de una serie de notas publicadas por LA NACION que revelaban los vínculos políticos del consorcio que se quedó con la licitación.

"El objeto de la investigación son las circunstancias que rodearon la contratación por parte de la Secretaría de Transporte. Se adjudicó un contrato a una UTE [Unión Transitoria de Empresas] cuando había una oferta $ 10 millones más barata", figura en el expediente al que accedió este medio. "Se pagarían salarios por 3 millones de dólares anuales a personal que no tendría un lugar de trabajo", agregan en la investigación a cargo de Stornelli.

LA NACION reveló que la supervisión del funcionamiento de la tarjeta SUBE quedó a cargo de ex asesores de Transporte que mantienen relaciones personales y laborales con los funcionarios que recomendaron contratarlos pese a la diferencia de precios.

Global Infrastructure, la empresa inglesa que lidera el consorcio, fue creada cuando la licitación ya había comenzado. Stephen Chandler, su dueño y máximo responsable de controlar la SUBE, mantuvo encuentros con estos funcionarios de Transporte antes de que comenzara el proceso. También se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa del Banco Nación que opera la tarjeta y que ahora Chandler debe controlar.