MADRID.- Poco después de lanzar el mayor ajuste de la era democrática española, el presidente Mariano Rajoy reconoció ayer que no será capaz de cumplir con las promesas centrales de su campaña electoral, en la que se había comprometido a "no tocar" los subsidios por desempleo ni subir impuestos.

El mandatario también admitió, en medio del caos social provocado por la marcha de los mineros en Madrid (ver aparte), que no tuvo "más remedio" que ceder a las crecientes presiones de Bruselas para reducir en forma urgente el gasto del Estado español, después de solicitar un rescate financiero para sanear su sistema bancario.

"Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta", dijo en su discurso en el Congreso.

"Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterios. Ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero cambiaron las circunstancias", se justificó y advirtió que su país está "encerrado en un círculo vicioso insoportable, del que necesita salir cuanto antes".

El paquete de medidas anunciado ayer en el Congreso de Diputados incluye disposiciones muy impopulares como el aumento de un 3% del IVA, el recorte de las prestaciones a los desocupados y la supresión de pagos extraordinarios a los empleados públicos.

En su discurso más polémico y resistido, el presidente también reconoció formalmente, por primera vez en su mandato, que la economía de España fue intervenida por la Unión Europea (UE), a cambio del rescate financiero de hasta 125.000 millones de dólares solicitado a ese bloque en junio pasado.

"Los españoles no podemos elegir si hacer o no sacrificios. No tenemos esa libertad", dijo, mientras algunos de los legisladores opositores que escuchaban su mea culpa se tomaban la cabeza con las manos, en señal de desconcierto.

Los "tijeretazos" más controvertidos de esta nueva reforma, que buscará un ahorro de 80.000 millones de dólares para las arcas públicas en los próximos dos años, están vinculados con el área laboral, la más sensible en un país con 5,6 millones de desocupados.

En este sentido, quienes más sufrirán el recorte son quienes queden al margen del mercado laboral, que verán disminuido su seguro de desempleo a partir del sexto mes de prestación. En cuanto a los trabajadores en actividad, la quita más significativa afectará a los empleados del Estado, que sufrirán una rebaja del 5,7% en promedio de su remuneración, debido a la supresión del equivalente al aguinaldo de Navidad.

Además, los cambios en la administración pública serán especialmente profundos a nivel regional, ya que se reducirá en un 30% el número de concejales de los distritos, mientras que, en el plano nacional, se contraerán las partidas presupuestarias de los ministerios.

En tanto, todos los españoles se verán afectados por la suba del IVA, que en su tipo general trepará desde el 18 hasta el 21%. Según diversas asociaciones de consumidores, este incremento incidirá en un aumento de entre 550 y 735 dólares al año en el gasto doméstico de cada familia.

Pero el mayor temor reside en que esta suba generalizada de precios provoque un escenario de estanflación, dado que las previsiones oficiales sobre la economía española estiman que el crecimiento de la actividad será nulo en el corto y mediano plazo.

El anuncio de la reforma fue intensamente criticada por la oposición. En su intervención parlamentaria, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, descalificó las nuevas medidas por considerarlas ineficaces para obtener recursos de los sectores más pudientes de la sociedad.

"Hoy hemos encontrado nuevos culpables: los desempleados, los funcionarios y los concejales de los pequeños pueblos. Aquí los que parece que no son culpables son los defraudadores del fisco", ironizó el líder de la principal fuerza opositora.

No obstante, y a pesar de que acusó a Rajoy de "crear la sensación de que [España] no es un país serio", Rubalcaba le ofreció al presidente la alternativa de forjar, con todo el arco político, un "gran acuerdo nacional" para poder superar la grave situación económica actual.

En la misma línea, el titular de Izquierda Unida, Cayo Lara, acusó al presidente de "usar el puño de hierro con la mayoría del país", mientras tiene una actitud distinta hacia los banqueros que provocaron, en parte, la actual crisis financiera.

"A los defraudadores los trata con guante blanco", señaló.

Incidentes y heridos

MADRID (AFP).- Decenas de miles de personas marcharon ayer en Madrid en una protesta contra la reducción de la ayuda a la minería, que derivó en enfrentamientos con la policía ante el Ministerio de Industria español.

Los manifestantes, entre los que había mineros y jóvenes "antisistema", se pronunciaron en contra de un plan de recorte del 63% en la ayuda pública al sector.

"Es la muerte de la minería, de las cuencas y de todos los pueblos que hay alrededor", explicó a la prensa Rafael Blanco, uno de los mineros que participaron de la protesta.

En reestructuración desde hace 20 años, las minas de carbón españolas han ido cerrando poco a poco. Unas 40 están activas, principalmente en el Norte, y emplean a unos 8000 mineros. Pero el carbón español, más caro que el importado, depende de las subvenciones del Estado, que deberán terminar de aquí a 2018 por decisión de Bruselas. La marcha de ayer culminó con choques entre policías y manifestantes, que dejaron 23 heridos leves.