Las aberrantes torturas infligidas por efectivos de la policía de Salta a dos jóvenes detenidos, filmadas clandestinamente para su posterior difusión en Internet, produjeron una avalancha de condenas y la posterior detención de seis efectivos de la policía salteña presuntamente involucrados en los hechos. Pero también deberían obligar a la sociedad y a las autoridades -no sólo a las salteñas- a plantearse cómo es posible que estas salvajes prácticas no hayan sido desterradas y aún constituyan una práctica tristemente frecuente.

El documento fílmico muestra a un joven sometido al llamado "submarino seco", mediante una bolsa de plástico aplicada a su cabeza para producirle un principio de asfixia, y a otro que recibe baldazos de agua fría. El hecho habría ocurrido en la comisaría 11a. de la localidad salteña de General Güemes.

Sería un error creer que se trata de un caso aislado o privativo de la provincia norteña. Es cierto que a partir del salvaje asesinato de dos turistas francesas, previamente violadas y torturadas, ocurrido el año pasado, esa provincia registra una macabra serie de episodios de violencia e inseguridad.

Pero es el país y no una provincia el que sufre una ola de violencia, y es el país y no una provincia el escenario de episodios de torturas aplicadas por personal policial. Por ejemplo, no había transcurrido una semana de la difusión de los apremios a los dos jóvenes de Salta, cuando en la localidad santafecina de Florencia, tres jóvenes denunciaron a la policía local: dos de ellos fueron liberados después de haber permanecido detenidos tres meses, y el tercero se encontraba bajo proceso y con pruebas presuntamente obtenidas durante un interrogatorio bajo tortura. En ese mismo contexto deben inscribirse los crecientes asesinatos a golpes de internos de establecimientos carcelarios. Un informe de la Procuración Penitenciaria registró casi 400 casos de torturas y maltratos en 2011 en las cárceles federales y provinciales: 205 casos más que en 2010. En ese año hubo 38 muertes en las cárceles.

La Argentina ratificó las convenciones internacionales para prevenir la tortura, como la de las Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que desde 1994 gozan de rango constitucional en nuestro país.

Pero la razón de fondo por la cual debe desterrarse de una vez por todas la práctica infame de la tortura es porque degrada a la sociedad que la aprueba o la consiente o no la condena severamente. Jamás podrá combatirse el delito cometiendo para ello otro delito. Lo hemos aprendido en carne propia en nuestra trágica historia reciente. El Estado no puede amparar a quienes violan la ley.

El ejercicio de la tortura, además, encierra un componente patológico proclive al contagio. Lo vemos y padecemos en los recientes casos de asaltos a adultos mayores a quienes los delincuentes han torturado para obtener el acceso a sus bienes.

Por eso, la lucha contra la constante y creciente inseguridad que padecemos debe incluir inexorablemente la lucha contra la tortura.